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Test de antígenos, la posible inmunidad ya adquirida tras ocho meses de pandemia y las restricciones de la movilidad. Eran las características que días atrás analizaban sanitarios como Rafael Delgado o Miguel Marcos al tratar de desbrozar las razones del éxito de Madrid, capaz de ... rebajar su tremebunda incidencia acumulada de hace un mes a un ritmo esperanzador. La Junta de Castilla y León ausculta cada movimiento de otros territorios, nacionales y especialmente europeos, para adaptar su estrategia a los planes que parecen dar resultado. Y eso ha llevado a variar notablemente la táctica anticovid, aunque sin dejar de lado ni las restricciones ya en vigor ni la petición de una herramienta legal que permita, llegado el caso, decretar un confinamiento casi 'al estilo marzo' donde sea necesario.
Ese cambio de estrategia se plasmó ayer en una serie de anuncios. El primero, que se han adquirido 200.000 test de antígenos de segunda generación. El segundo, que se harán pruebas masivas en aquellos municipios que tengan transmisión comunitaria -es decir, que se puede originar el contagio en cualquier parte, sin encuadrarse en un brote concreto- y que no sean capaces de trazar el 50% de esos positivos. Esto llevará a organizar una prueba de detección multitudinaria en San Andrés del Rabanedo (León, 30.820 habitantes), Aranda de Duero (Burgos, 32.523 habitantes) y Miranda de Ebro (Burgos, 35.477 habitantes). Y solo para empezar, porque Verónica Casado ya anticipó que tres capitales con incidencia alta, Burgos, León y Salamanca, pueden ser las siguientes en pasar por esta prueba masiva.
El tercer anuncio de la Junta es que en breve se iniciará un nuevo estudio de seroprevalencia en el territorio nacional, lo que permitirá conocer cómo de cerca o lejos está esa famosa «inmunidad de rebaño» que se alcanzaría cuando el 70% de la población hubiera pasado la enfermedad y hubiera desarrollado defensas contra ella. En el anterior, el resultado fue, de media, un 7,8% en la tercera ola de julio en la región y la provincia más alta fue Soria, con un 14,4%. Como dejó entrever la consejera de Sanidad, Verónica Casado, mejor no hacerse ilusiones con eso.
Y aún hubo un cuarto anuncio. «Se realizarán análisis de aguas residuales en residencias de mayores para anticiparnos a la aparición del brote en estos centros», explicó Casado. Cien tomas de muestras al día que permitirán controlar así 663 residencias en todo el territorio. «Si detectamos la aparición del coronavirus en un colector que sale de una determinada residencia, eso nos permitirá llevar a cabo una intervención mucho más directa», señaló la consejera de Sanidad.
Y es que la lucha contra el Sars-Cov-2 sigue una triple línea en todo el mundo: vacuna, tratamiento y detección rápida. Mientras llega el antídoto y se estudia qué medicamentos ofrecen mejores resultados, una gran parte de la investigación se centra en cómo detectar, de un modo fiable y a ser posible rápido y no muy costoso, a los asintomáticos, que suponen el foco de contagio más difícil de erradicar. Castilla y León se sumará activamente a esa tercera vía ahora que la Organización Mundial de la Salud considera que los test de antígenos son válidos para detectar a los enfermos silenciosos. «La OMS dice que los test de antígenos de segunda generación no solo tienen validez diagnóstica para personas sintomáticas, sino para las asintomáticas. Esto tiene especial valor en sitios con elevada prevalencia de la enfermedad. Nos ha hecho apostar por la estrategia de hacer antígenos masivos a gran escala en sitios con una tasa importante de incidencia acumulada, pero también donde haya una disminución de la trazabilidad».
Los alcaldes de San Andrés del Rabanedo, Miranda de Ebro y Aranda de Duero tendrán la ocasión de conocer de primera mano cómo se procederá para realizar este chequeo generalizado. Casado no cree, por ejemplo, que deba hacerse en farmcias, como ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo será el primero en pasar la prueba. El fin de semana, en horario de 9 a 18 horas, se realizarán estos test en el Pabellón Municipal Camino de Santiago a los empadronados en la localidad.
«Nos hemos gastado 1,12 millones en los 300.000 test de antígenos con los que vamos a empezar», explicó Verónica Casado el mismo día que el Consejo de Gobierno daba cuenta de la declaración de emergencia para contratar la compra de 200.000 pruebas de detección de la covid-19. A eso habrá que añadir el coste de los profesionales que intervendrán para poder organizar ese cribado.
En la noche del jueves al viernes, a las 00:00 horas, estaba previsto el inicio de lo que es ya el segundo gran confinamiento del territorio. El toque de queda o el cierre perimetral fueron medidas contundentes, pero palidecen ante un paisaje de bares cerrados y centros comerciales con el escaparate apagado como el que se encontrarán hoy los ciudadanos. Vuelve la desolación a las calles, esta vez con el frío del otoño, y solo permiten la tibia satisfacción de comprobar que las primeras restricciones severas han surtido algún leve efecto. Tan leve que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se cuidó mucho de mostrar un ápice de alegría. «Todo lo que estamos haciendo es para evitar un nuevo confinamiento. Hoy tenemos datos un poco esperanzadores, nos gusta ser prudentes y vamos a esperar y seguir trabajando», dijo. Y le secundó su consejera de Sanidad. «El mensaje es más suave porque hemos visto que esa tendencia creciente iba directa a una tasa de ataque muy elevada y 10-12 días después del toque de queda se está aplanando, lo que hace pensar que a lo mejor no es necesario el confinamiento. Pero no me fío para nada, y lo he aprendido a sangre, sudor y lágrimas, del coronavirus».
Hace siete días, junto a la ristra habitual de provincia, incidencia, provincia, incidencia, que Casado lee con pulcritud, se incrustaban las palabras «tendencia creciente» en ocho de los nueve territorios. Ayer, a Ávila y Zamora les correspondió ese «tendencia creciente», pero a Burgos le tocó un «leve crecimiento» y a León, «estabilización». Incluso hubo quien, como Salamanca, Segovia y Valladolid, se acompañó con un «leve descenso». Soria, en esa gama de matices esperanzadores, cayó en «tendencia discretamente decreciente» y Palencia se alivió con «tendencia decreciente».
«Desde el toque de queda vemos una tendencia a frenar la grave subida que estábamos viendo desde el 1 de octubre, esa curva se va aplanando», se congratuló -levemente también- Verónica Casado.
No está en mente aún, no hay fecha fijada y no está claro que se vaya a llevar a cabo, pero la Junta de Castilla y León quiere tener el amparo legal suficiente como para poder decretar confinamientos «programados» si la situación epidemiológica lo decide así. «Insistí en la necesidad de construir esa herramienta jurídica que nos permita, si fuera necesario, determinar el confinamiento programado. Esto no quiere decir que lo queramos a día de hoy, porque creemos que las medidas que hemos tomado están teniendo impacto y para poder medirlas hay que dejar pasar entre 10 y 14 días», aseguró Verónica Casado.
No fue la única reclamación del Gobierno autonómico al central. Para el vicepresidente, Francisco Igea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo dejación de sus funciones. «Queremos que el Gobierno tome las riendas de la nación», aseveró. «No parece muy sensato que la estrategia sea 'no tomo decisiones, las tomas tú y asumes tú el coste'. A los españoles les gustaría ver a su Gobierno a su lado».
En ese sentido, Verónica Casado volvió a alertar de la carencia de profesionales en determinadas especialidades, algo que ya era patente «antes de la pandemia». «Por eso estoy pidiendo una convocatoria extraordinaria, no más allá de febrero, con cálculo y planificación correcta y adecuada, en cuanto a especialistas. Hay especialidades que están en superávit y otras en déficit, y son muchas. No se trata de incrementar muchas plazas, sino de decidirlas bien», reclamó la consejera de Sanidad.
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