Castilla y León prohibirá instalar crematorios a menos de 200 metros de las casas

La decisión de eliminar el plazo de 24 horas para proceder a la conducción ordinaria o al traslado de un cadáver busca agilizar los tiempos en unos momentos muy difíciles para las familias que desean que el cuerpo sea enterrado fuera del territorio autonómico. De hecho, durante los peores momentos de la pandemia de covid-19 se eliminó de manera transitoria, ante el elevado número de muertes.

También, con esta supresión Sanidad pretende dar respuesta a las demandas de las funerarias, toda vez que autonomías como Madrid ya lo han quitado, según explicaron a Ical fuentes de este departamento.

La medida sigue los pasos de la 'Guía de Consenso en Sanidad Mortuoria', evaluada por todas las comunidades autónomas en el marco de la ponencia de Sanidad Exterior-sanidad mortuoria, y aprobado por la Comisión de Salud Pública hace tres años. Marca que el traslado podrá realizarse una vez emitido el certificado de defunción y la licencia de sepultura, y debe llevarse a cabo en féretro y en vehículo de transporte funerario debidamente acondicionado, salvo en caso de catástrofes, graves situaciones epidemiológicas o en aquellos supuestos en los cuales la autoridad sanitaria lo autorice mediante resolución expresa.

Respecto a los nuevos hornos crematorios, la normativa establecerá que se ubiquen, con preferencia, en suelos de clasificación industrial, y obligará a que no haya poblaciones o espacios vulnerables en el radio de 200 metros a partir del foco de emisión que constituye la chimenea del crematorio. Se entiende como espacios vulnerables zonas de viviendas, residencias de la tercera edad, centros sanitarios y educativos, parques infantiles e instalaciones deportivas, entre otras.

En tercer lugar, el decreto modificará la distancia de las edificaciones de uso residencial con respecto a los cementerios en núcleos con población inferior a 5.000 habitantes. En estos momentos, la norma fija una distancia mínima de 15 metros, que se reducirá.

En el resto de núcleos se mantienen las distancias: 100 metros en núcleos con población igual o superior a 20.000 habitantes, y 50 metros en núcleos con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000. En su día, se excluyeron de esta regla las parcelas que cuando entró en vigor el decreto ya se encontraban clasificadas como suelo urbano.

Por último, se recogen las demandas del sector, y la norma reconocerá la figura del tanatopractor, de modo que estos profesionales, con título acreditado, podrán realizar las prácticas de conservación transitoria y embalsamamientos, que hasta la fecha sólo pude hacer un médico. Con este paso, se avanza en la pofesionalización del sector en la Comunidad, algo que también está regulado ya en autonomías como Andalucía, La Rioja y Galicia, entre otras.