Castilla y León se da de plazo hasta 2020 para erradicar los sesenta núcleos chabolistas

Para ello, los consejeros de Fomento y Medio Ambiente y Familia e Igualdad de Oportunidades, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Alicia García, respectivamente, han firmado un protocolo marco de actuación con el presidente de la FRMP y alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, para su posterior traslado a acuerdos más específicos con los ayuntamientos para lograr poner fin a esta situación, con la voluntad de que sea en 2020, aunque esto dependerá también de la complejidad de las intervenciones.

El convenio lo han firmado en presencia del presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente, dado que es un problema que fundamentalmente afecta a población gitana, aunque se actuará «la habite quien la habite», no sólo con este colectivo. Además de Puente, a la firma han asistido representantes de los ayuntamientos de León y Venta de Baños (Palencia), que ya trabajan en esta materia con la Junta.

Los asentamientos se han reducido mucho, ya que según un estudio elaborado en el marco de un grupo de trabajo con la comunidad gitana en 2017, la situación en 2015 reflejaba que su número había disminuido al pasar de 160 chabolas en 2007 a 45 en ese año. Entre la población gitana el chabolismo supone una excepción, ya que en Castilla y León viven más de 25.000 personas gitanas y el 99,15% de ellas habitan en unas 5.300 viviendas, por lo que sólo queda un 0,85% de población en esta situación (frente a más de un 2% nacional)., informa Europa Press.

Sin embargo, la estimación de la Junta es que actualmente hay unos 60 núcleos de chabolas ubicados en Burgos (15), León (15), Palencia (siete, cinco en Venta de Baños, donde ya se actúa), Salamanca (10), Valladolid (seis) y Zamora (siete), aunque es una cifra que con el protocolo firmado pretende concretarse para llevar a cabo las actuaciones oportunas con el fin de dar una respuesta integral.

En este marco, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que se da «un paso más» en un tema muy importante y que responde además al compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con el Secretariado Gitano, con el foco puesto en la erradicación de este problema en 2020.

Alicia García ha destacado los avances logrados en el trabajo con la comunidad gitana, pero considera que hay que continuar trabajando para paliar las situaciones de vulnerabilidad y con este acuerdo se pone el acento en la vivienda y complementar la erradicación del chabolismo con otros programas de intervención social que persigan la inclusión de estas personas.

Así, se trata de que las consejerías trabajen con los ayuntamientos para determinar los núcleos de chabolas y las necesidades que presentan las familias que viven en ellos, ya que por lo general suelen lugares donde viven familias amplias formadas por varias generaciones y, por lo tanto, presentan necesidades de diferentes tipos ya que puede haber niños, personas con discapacidad o dependientes, por ejemplo.

La consejera ha aclarado que se trata, además de dar solución al problema de la vivienda, activar todos los recursos en función de las necesidades para lograr su integración socio-laboral.

En esta línea, el presidente de la FRMP ha señalado el «papel fundamental» que tendrán los ayuntamientos, a través de los centros de acción social, con el fin de dar un impulso a la erradicación de ese pequeño porcentaje de chabolas del 0,8 y trabajar para reducir la «infravivienda», que se sitúa en torno al 8%.

Precisamente Suárez-Quiñones ha señalado que el protocolo rubricado este martes será sobre el que se apoyen convenios específicos para luchar frente a la «infravivienda» y lograr una vivienda digna en aplicación de la Constitución.

El consejero ha apuntado que no es una actuación aislada o nueva, ya que llega precedida de otras y una gran actuación del año 2000 de prevenir la marginalidad que supuso una inversión entre Junta y ayuntamientos de 22,3 millones en materia de vivienda.

En el caso de este protocolo, Suárez-Quiñones ha explicado que se llevarán a cabo actuaciones específicas en función de las necesidades, que pueden pasar por el alquiler social con el pago de unas cantidades ajustadas a sus rentas o por otras soluciones, pero siempre en base a las circunstancias de cada caso.

Por su parte, el presidente de la Fundación Secretariado Gitano, quien ha agradecido la sensibilidad puesta en esta materia, de la que está seguro se fijarán otras comunidades, tras lo que ha apuntado la necesidad de abordar otra cuestión pendiente como son los «barrios segregados» o «chabolismo en altura», que en Castilla y León supone un 8,41% de la población gitana y un 8,63 en España.

Puente ha señalado que para ello son necesarias actuaciones de acompañamiento, de carácter social, pero también la posibilidad de sacar a las familias a otros lugares porque también «ayuda» a la integración.

El protocolo suscrito este martes supone que Familia coordinará un proceso por el que se determinará la existencia de situaciones de vulnerabilidad de las familias que habitan en chabolas, especialmente cuando haya presencia de menores, todo ello en colaboración con los ayuntamientos que se adhieran al programa y con las entidades del tercer sector que trabajan a favor del pueblo gitano.

Para ello, la Consejería, como responsable de la Red de Protección, pondrá a disposición de las personas y familias en situación de vulnerabilidad todas las medidas, servicios y ayudas de las que dispone la Junta, entre ellas la vivienda.

Por su parte, Fomento y Medio Ambiente aportará los medios materiales y económicos precisos para conseguir erradicar definitiva el chabolismo, para lo que cuenta con soluciones como el parque público de alquiler social, que cuenta actualmente con cerca de 2.000 viviendas, casi el doble que al inicio de la legislatura.

Por su parte, la Federación de Municipios impulsará acciones de información y colaboración entre los ayuntamientos en los que existan este tipo de asentamientos chabolistas para que conozcan la existencia del protocolo y lograr así una gestión coordinada de atención a las personas o familia que habiten en los mismos.