La cifra de dependientes beneficiarios de una plaza residencial baja en 698 durante la covid en Castilla y León

El sistema de la dependencia hace años que mantenía un equilibrio de altas y bajas, y ni era esperable que aumentaran los beneficiarios ni tampoco grandes cambios en la elección de prestaciones, salvo por el impulso que se quiere dar desde hace tiempo a la asistencia personal que, dadas las circunstancias, no encuentra ahora su mejor escenario para desarrollarse.

Así, la comparativa entre el cierre de 2019 y los datos del pasado junio muestra la caída de la opción residencial en 698 personas mayores dependientes en Castilla y León, como prestación para su falta de autonomía. De ellas, 166 solo en el último mes, ya al final del aislamiento y después del estado de alarma. Son 8.332 los beneficiarios actuales de una plaza en un geriátrico cuando en el pasado mes de diciembre eran 8.328, y ello pese a la habitual bajada durante las Navidades del número de beneficiarios,puesto que en noviembre eran 9.164.

Según explican fuentes del sector, probablemente este descenso tenga que ver con los fallecimientos; pero, dada la situación física y la edad de estos dependientes, la mortalidad es un hecho frecuente en este colectivo incluso sin pandemia, y también las altas en el sistema lo eran, lo que siempre había equilibrado los datos. Ahora no ha habido demanda, en parte porque el sistema de tramitación ha estado parado durante la pandemia y, por otro lado, porque «puede haber ciertas reticencias a elegir este tipo de prestaciones con lo que ha pasado en las residencias y a la espera de una segunda oleada de la pandemia en otoño o, en el peor de los casos, incluso antes; aunque ahora todo está mucho más controlado que nunca y hay buenas garantías de respuesta ante un brote en un centro de estas características».

Fuerte caída registran también, puesto que estaban cerrados –aunque muchas personas no abandonaron la prestación sobre el papel–, los centros de día, cuyos beneficiarios han bajado en 314 en la comunidad autónoma; así como cuanto tiene que ver con la promoción de la autonomía y prevención del deterioro físico y cognitivo, ante el imperativo de no poder acudir a un fisioterapeuta o a un logopeda o a cualquier taller, entre otros servicios. Son 928 personas mayores o con discapacidad dependientes menos que antes de la crisis los que siguen apuntados a tal ayuda.

Y los otros grandes perjudicados son los profesionales dedicados a la atención a domicilio, una ayuda que ha perdido 722 beneficiarios; de ellos, 189 solo entre mayo y junio.

A cambio, la situación ha llevado a modificar la elección favoreciendo la teleasistencia, que ha crecido en 589 usuarios, 195 solo en el último mes, hasta los 14.219.

No obstante, los próximos meses determinarán si esta tendencia se consolida o se recupera también en este sector cierta normalidad. Durante la pandemia la tramitación de nuevas solicitudes ha estado congelada y lo único que, no obstante, sí se ha seguido gestionando es lo que ya estaba en marcha, cuando solo faltaban resoluciones o cambios de prestación y las emergencias.

De esta forma, al estar clausurado el registro tampoco hay constancia de la demanda concreta que está pendiente. La Junta estimó en su momento que unas 3.000 personas estarían en lista de espera cuando se reactivara el sistema. Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destacan que ya se ha recuperado la actividad.

Desde la Plataforma Social de Valladolid se destaca que este impulso a las ayudas vinculadas es muy anterior a la pandemia, y resaltan que «pese a que se ha mantenido e, incluso, ha disminuido el número de beneficiarios con prestaciones, ha habido un incremento de esta en concreto». Y apuntan a este respecto que ello supone favorecer los negocios privados «en vez de fomentar las prestaciones de titularidad pública, y además sin ejercer el necesario seguimiento de los mismos. Los problemas que genera la apuesta por la prestación económica vinculada son la falta de control sobre los centros privados y lo insignificante de las cuantías económicas que concede, por lo que el coste al final recae en las familias», denuncian.

Según los datos del Imserso, Castilla y León atiende en la actualidad a 104.868 personas dependientes que acumulan un total de 140.020 prestaciones y están en el sistema de la dependencia el 99,51% de las personas que tienen reconocido su grado. El número de personas que están recibiendo prestaciones en relación con la población está por encima de la media nacional: el 4,37%, frente al 2,37% del conjunto del país.

Según el balance del Imserso, cerrado el día 30 de junio, la ayuda a domicilio –pese al descenso– sigue siendo la opción actualmente preferida por los castellanos y leoneses para responder a su falta de autonomía en cuanto a servicios; seguida de la teleasistencia. Aunque el mayor porcentaje, el 20,12%, se lo lleva la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar. La percepción de un dinero para contratar servicios, la citada ayuda vinculada, acapara el 30,41% de la demanda con 42.585 beneficiarios en la comunidad. Castilla y León es la segunda autonomía de toda España en tal elección.La primera es Extremadura, donde el 44,73% opta por la misma, y en otras tan dispares como el País Vasco o Andalucía no llega ni a significar el 2%, mientras que en Cantabria no hay ni un solo caso.

La evolución interanual, esto es, la comparación con junio de 2019, muestra un descenso de 4.226 nuevas afiliaciones en todo el país, es decir, de pérdida de empleo en el sector. En cuanto al número de beneficiarios, hay cinco comunidades que registran 9.188 personas menos en el Sistema de Dependencia, según los datos del Gobierno central; pero en las doce restantes se ha experimentado en cambio un crecimiento en 31.889 beneficiarios. Castilla y León ha incorporado en esta comparativa interanual 2.381, y entre mayo y junio registró 16 altas.

A fecha de 30 de junio de 2020, hay 67.032 personas beneficiarias en la región de Grados III y II, el que corresponde a grandes y severos casos, cuya implantación se produjo entre los años 2007 y 2009. El registro constata un descenso desde diciembre de 1.688 personas, la mayoría de las que sufren un peor estado físico y deterioro cognitivo, y 38.078 de Grado I, el más leve, que aumentó en 429 beneficiarios desde finales de año pasado.