Castilla y León se encamina hacia un nuevo confinamiento con los hospitales al límite

Así que al toque de queda y al cierre perimetral de la comunidad les seguirá, si los datos no mejoran antes del 9 de noviembre, el «confinamiento programado». El nuevo eufemismo pandémico que se traduce, en realidad, en un 'todos a casa' menos drástico que el de marzo. Más teletrabajo, menos actividades no esenciales, menos movilidad y, eso sí, centros educativos abiertos, porque según la Junta de Castilla y León no parece, a la luz de los datos, que sean los principales focos de contagio.

¿Es inevitable? Pues por lo aprendido en primavera y a la vista de los datos, tiene pinta de que sí. El sistema hospitalario empieza a estar en riesgo de colapso. «Hay 1.411 ingresados en hospitales, 1.236 en planta y 175 en UCI. Lo que supone el 72% de ocupación en planta, de ellos un 21% por covid. Las UCI ya están extendidas, un 57% de ellas ocupadas por covid», desgranó Verónica Casado, consejera de Sanidad.

Y de nuevo la ocupación de las salas de reanimación con respiradores. Y llegarán las UCI a los quirófanos. Y se pospondrán las operaciones no urgentes. Y esta película, que ya se proyectó en abril, tiene una trama secundaria bien conocida. La curva crece, a partir de cierto punto, a una velocidad exponencial, pero se reduce a pequeños saltos y con mucho esfuerzo, porque la enfermedad cursa durante muchos días, especialmente cuando se complica y requiere hospitalizaciones. Y aunque el porcentaje de casos graves y muy graves es pequeño, conforme crecen las cifras, crecen las complicaciones. Un 0,6% de letalidad, que es lo que calculaba la Organización Mundial de la Salud en agosto, supone que de los 1.907 casos positivos anotados este jueves en Castilla y León fallecerán 11. Además el 1,30% de esos positivos, según se desprende de los datos del Ministerio de Sanidad, pasarán por la Unidad de Cuidados Intensivos. Es decir, 25 de los 1.907 de la última estadística publicada en la comunidad.

Salvo por el detalle de que en apenas una semana se han diagnosticado 11.029 positivos. Y al aplicar los porcentajes se obtienen cifras mucho más dramáticas: morirán 66 de ellos y otros 143 pasarán por las UCI y padecerán secuelas severas.

Y la curva sigue subiendo. Todas las provincias tienen «tendencia creciente», describió Verónica Casado.

Así que lo del reconfinamiento, con los epítetos que sea –programado, domiciliario o total– es, más que un aviso, una realidad en ciernes. Y aquí entran de nuevo en juego la política y la legislación. «Solicité de manera clara y rotunda al ministro [de Sanidad] las herramientas jurídicas necesarias para poder llevar a cabo a partir del 9 de noviembre todas las medidas que precisemos», advertía este jueves Francisco Igea, vicepresidente de laJunta. «Especialmente, si lo indican los criterios sanitarios, un confinamiento programado si esta incidencia en la comunidad lo aconseja así. El actual decreto solo contempla limitaciones a la movilidad o toques de queda, pero no permite proponer confinamientos domiciliarios si es preciso».

Los efectos del endurecimiento de las restricciones se verán desde este viernes. La Delegación del Gobierno anunció que mil efectivos de tráfico vigilarán «las vías de alta capacidad». En el medio rural lo hará la Guardia Civil y se controlarán las estaciones de bus y ferrocarril. Y respecto a Madrid:«Haremos un control concreto de esta zona», advirtió el delegado gubernamental, Javier Izquierdo. «Habrá que hacer algún tipo de control mucho más cauteloso para que nadie entre por una comunidad autónoma sin controles de salida».

La posición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al insistir en un confinamiento «por días» y no de seguido hasta el día 9 de noviembre, obliga por tanto a improvisar en las comunidades autónomas vecinas. La presidenta defendió en la Cope que el acuerdo que había alcanzado con Mañueco y García-Page, presidentes de Castilla y León y Castila La Mancha, estaba «abierto». Verónica Casado, consejera de Sanidad, no lo veía así. «Había un acuerdo claro sobre la limitación perimetral. Entendimos que debería ir al menos hasta el día 9, había acuerdo sobre delimitación perimetral. No parece que en la declaración posterior se hiciera evidente el acuerdo, pero durante la reunión sí lo había y que el marco legal establece siete días». Francisco Igea fue contundente por 'elusiones'. «Nosotros pensamos que la actitud de nuestras comunidades, Castilla y León y Castilla La Mancha, es razonable. Seguimos pensando que hay que trabajar en ese sentido, de tener la actitud lo más uniforme para que los ciudadanos entiendan esas medidas. Esa es nuestra actitud. Y sobre otras, permítame que no lo valore más allá de decir que la que creo que es correcta es la nuestra», aseguró el vicepresidente de la Junta.