Castilla y León pide más dinero para cubrir el aumento de costes en las residencias por la covid

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha reivindicado este lunes ante el Ministerio de Derechos Sociales una mayor financiación para el sistema de dependencia asociado al incremento de costes derivados de la pandemia de la covid-19, especialmente en materia de contratación de personal.

En una grabación distribuida por la Junta de Castilla y León tras participar en la reunión de representantes autonómicos con el secretario de Estado de Servicios Sociales, Nacho Álvarez, la consejera ha destacado el «problema de la financiación» que afronta el sistema de atención a las personas dependientes, ya que las residencias han tenido que asumir a raíz del coronavirus medidas como el incremento del personal, la dotación de equipos de protección y el aumento de plazas individuales, entre otras.

«Todo esto conlleva un coste», ha resumido Blanco, convencida de que «es necesario aumentar los conciertos de las plazas» y «aumentar lo que se paga por cada plaza».

La consejera castellano y leonesa ha recordado que este incremento de la financiación para atender mejor a personas dependientes «era un proyecto de legislatura» del Ministerio, por lo que ha pedido adelantarlo porque «es este el momento en el que hay que hacerlo».

Blanco ha puesto como ejemplo la celeridad aplicada para poner en funcionamiento el Ingreso Mínimo Vital, para el que en su opinión «se ha corrido», por lo que ha demandado que la mejora del sistema de dependencia se aborde ahora.

Se ha quejado de que «inicialmente» el Gobierno anunció que 1.000 millones de los recursos movilizados para atender la crisis del coronavirus iban a estar destinados a servicios sociales en las autonomías, pero finalmente «desaparecieron y fueron a educación».

En la misma reunión, Blanco también ha alertado de la «escasez de profesionales» que existe en el ámbito sociosanitario, especialmente en el caso de la enfermería, por lo que ha demandado que se retomen medidas que se aplicaron durante el estado de alarma, como la homologación de títulos y la incorporación de estudiantes de último curso para la realización de prácticas en residencias.

Relacionado con esto, la consejera ha destacado que los trabajadores de las residencias se han convertido en «vector de transmisión» del virus, algo que es evidente en centros donde se han restringido las visitas, por lo que ha propuesto «intensificar la prevención sobre los trabajadores» para asegurar su propia salud, la de sus familiares y la de los residentes.