Castilla y León multará con hasta 20.000 euros la entrada de menores en casas de apuestas

Se estipula que es una sanción grave, tipificación que se aplicará también a la no solicitud de plaza escolar para un «menor en edad de escolarización obligatoria, así como no facilitar o impedir reiteradamente su asistencia al centro escolar sin causa justificada». Implica una medida coercitiva para luchar contra el absentismo persistente.

El texto normativo que derogará la Ley de Protección a la Infancia vigente en la comunidad, que se aprobó en 2002, está muy avanzado y acaba de superar el informe previo del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y Léon, con una valoración favorable de esta institución al entender que aplica «un enfoque moderno» para abordar los desafíos actuales como la protección en entornos digitales y la atención a colectivos vulnerables.

El régimen sancionador contemplará casos de sanciones muy graves, con multas de hasta 500.000 euros, entre las que destacan incumplir «el deber de comunicación de situaciones de violencia ejercida sobre un menor, de quienes, por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o protección de menores, y en el ejercicio de estas hayan tenido conocimiento de dicha situación».

El régimen sancionador culmina una norma de extenso articulado, que entre sus novedades incluye situaciones ligadas al acceso a internet y a la dimensión digital en relación con niños y adolescentes, con la obligación de las administraciones públicas de formar y sensibilizar, pero también de crear mecanismos para la protección de los menores en ese ámbito.

Dentro de las apreciaciones que recoge el informe elaborado por el Consejo que preside Enrique Cabero y reúne a entidades como sindicatos, patronal, organizaciones agrarias o de consumidores, apunta como actuación esencial para detectar tempranamente posibles situaciones de violencia el hecho de que la futura ley impulse mecanismos anónimos de denuncia «fomentando la participación ciudadana y protegiendo a quienes reportan» datos sobre esos hechos dañino. El anteproyecto fue remitido al CES el pasado 21 de abril por parte del equipo de la Consejería de Familia e Igualdad que está bajo la batuta de la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

El anteproyecto, que entra en su recta final a falta del análisis jurídico que debe elaborar el Consejo Consultivo de Castilla y León previo a su aprobación por el Gobierno autonómico para su remisión a las Cortes, actualiza la regulación de los acogimientos y amplia el derecho a conocer los orígenes biológicos entre las personas adoptadas, que se reconoce expresamente también a las personas que llegaron a sus hogares de adopción desde otros países.

El texto hace hueco a la articulación de la «adopción abierta», si esta responde al interés superior del menor. En entiende por 'adopción abierta' aquella en la que el niño adoptado mantiene una vinculación con personas a las está ligado biológicamente porque este contacto «puede contribuir al fortalecimiento de su identidad y de su desarrollo emocional». El anteproyecto recoge en su artículo 27 el derecho al libre y pleno desarrollo de la personalidad y la vida familiar, algo que desde el CES aconsejan acotar explícitamente, en el caso del mantenimiento de relaciones con la familia biológica amplia, a que esté garantizado «el interés superior del niño, niña o adolescente, siempre, además teniendo en cuenta las condiciones objetivas en base a informes médicos y psicólógicos».

La norma aborda las situaciones en las que los menores están bajo la protección de la Administración y lo hace desde el enfoque de que tienen derecho «a ser oídos y escuchados para expresar su opinión y a participar en la toma de decisiones sobre su caso, siempre que sean mayores de 12 años o menores si tuvieren suficiente madurez» y regula la atención a los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados, con derechos que refleja en un artículo concreto, el 74.

El anteproyecto contempla también la intervención de la Administración en situaciones de «riesgo prenatal». Se entiende que esto se produce cuando «la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, así como cualquier otra acción que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalías en el recién nacido». Lo recoge el artículo 82, que establece que «los servicios de salud y el personal sanitario están obligados a notificar esta situación a la administración pública competente y al Ministerio Fiscal». Tras el nacimiento del bebé se mantendrá la intervención.

El Consejo Económico y Social recomienda a la Junta que deje claro en la normativa criterios de evaluación, inspección y control sobre los establecimientos y servicios dirigidos a menores. Estima que cualquier responsabilidad, si se socava el bienestar de niños y adolescentes, debe recaer «prioritariamente sobre los operadores económicos, no sobre los propios menores».

Son pinceladas de una regulación amplia, que se extiende a lo largo de 228 artículos, abierta a retoques en la recta final de trabajo por parte del Gobierno autonómico, y a cambios vía enmiendas cuando llegue a la tramitación parlamentaria para su debate y votación en las Cortes de Castilla y León.