Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha se unen en favor de Soria, Teruel y Cuenca

En la capital española con menor densidad de población, que es de solo 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado, el presidente castellano y leonés del Partido Popular y sus homólogos socialistas firmaron un documento conjunto en el que los tres gobiernos solicitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tramite ante la Unión Europea la designación de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca como zonas más desfavorecidas en el próximo Mapa de Ayudas Regionales, debido a su delicada situación demográfica.

De ese modo podrían disfrutar del régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas, lo que permitiría al Gobierno central aplicar deducciones fiscales o en las cuotas de la Seguridad Social a las empresas de esos territorios, que es uno de los principales objetivos que se pretenden conseguir.

En concreto, el documento exige al Ejecutivo de Sánchez que dirija la notificación oportuna a la Comisión Europea para que se modifique el Mapa Español de Ayudas Regionales aplicable tanto al actual marco de programación comunitaria como al periodo 2021-2027, de tal manera que las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, como zonas NUT3 que tienen una densidad de población inferior a 12,5 hab/km2, reciban la consideración de zonas con muy baja densidad de población. Con ello les sería de aplicación el régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas aprobado para determinados países nórdicos.

Durante su intervención, el presidente Fernández Mañueco apuntó que «con este acuerdo se pone de manifiesto una vez más que la concordia es posible entre distintos territorios y entre distintas orientaciones políticas». Asimismo, señaló que Castilla y León apuesta por políticas «para avanzar y crecer juntos y para beneficiar a las personas, lo que constituye la verdadera razón de ser del Estado de las Autonomías: servir a las personas».

El líder aragonés Javier Lambán valoró «de forma muy positiva este acuerdo, con presidentes a pie de calle, vinculados al mundo local antes de ser presidentes, y conscientes de que para afrontar el gran problema de la despoblación no sirven fórmulas mágicas ni gaseosas, sino acciones coordinadas, con peso institucional», sentenció.

Por su parte, el máximo responsable de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recordó que la lucha contra la despoblación es «uno de los ejes de trabajo para la presente legislatura» del Ejecutivo que preside.

Según consta en el documento, las tres comunidades autónomas han venido trabajando durante los últimos años y consensuando planteamientos dirigidos a paliar las desigualdades generadas en sus territorios a causa de los altos índices de envejecimiento, despoblación y dispersión, reclamando que el reparto de los recursos del Estado descanse en el principio constitucional de igualdad entre todos los ciudadanos.

Recalcaron los tres presidentes que han estado avanzando en el trabajo de una propuesta de modelo que atienda a las necesidades de gasto real y tenga en cuenta variables como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento de la población. «Nuestros territorios requieren de mejores recursos para poder prestar unos servicios públicos de calidad que contribuyan a la cohesión y vertebración del territorio español», dice el texto.

Consideran además que el debate y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (MFP) para el periodo 2021-2027 deberá afrontar desafíos como el reto demográfico, y que resulta fundamental que Europa incluya a España entre las regiones afectadas por el fenómeno de la despoblación.