Castilla y León exige financiación por el sobrecoste de prestar servicios a una población envejecida

No vale el reparto 'per capita' puro y duro que defienden comunidades como Madrid y el arco Mediterráneo. Carriedo ha argumentado que servicios como la sanidad, la educación o la atención a dependencia y los servicios sociales se prestan en el lugar de residencia y que una población diseminada implica un mayor gasto en personal y en garantizar la accesibilidad a esa prestación. «Los recursos que llegar a Castilla y León son insuficientes», ha remarcado el consejero, que el lunes aseguró en las Cortes que los fondos que llegan del Ministerio de Hacienda con cargo al modelo de financiación autonómica dejarán sin cubrir en 2022 el 16% del montante de 8.166 millones de euros que suman las tres consejerías del área social: Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades.

Carriedo ha explicado que «peculiaridades» como el envejecimiento del padrón, la extensión del mapa autonómico y la orografía, la dispersión de la población y la baja densidad encarecen los servicios públicos y que se encuentran «infravaloradas» en el modelo actual, que prima el reparto de financiación por número de habitantes.

Ese criterio de reparto por habitantes también rige, incluso, para otros servicios cuya prestación esta directamente vinculada al territorio, como son el mantemiento de carreteras o de la superficie forestal. El consejero ha remarcado que «el verdadero compromiso contra la despoblación se debe manifestar en la financiación autonómica». Con la reforma de un modelo que afecta a todas las comunidades salvo a las dos forales (País Vasco y Navarra) y cuya negociación debe ser multilateral, nunca entre el Gobierno y una sola comunidad, ha apuntado Carlos Fernández Carriedo.

La jornada 'Finanzas autonómicas: los asuntos pendientes' ha sido organizada por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera de España, proyecto que surge en la Universidad de Vigo. Los dirigentes autonómicos han intercambiado impresiones en una mesa redonda que llevaba por título: 'La reforma pendiente: sobre urgencias y parches'.