Castilla y León encara 2023 con el aviso de que no creará ni un solo empleo

Esto significaría que en cómputo anual, 2023 devolvería a Castilla y León a escenarios como los vividos en 2020 por culpa del estallido de la pandemia, o a los de 2012 y anteriores, consecuencia de la crisis desatada en 2008.

En la Contabilidad Regional que se utiliza para calibrar el crecimiento económico y elaborar las previsiones macro que se incluyen en los presupuestos, el empleo se mide en «puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo», es decir, en el número que resultaría si todos los trabajadores realizasen una jornada entera (y no varias parciales, por ejemplo).

De acuerdo con esta definición, la comunidad, que tenía 909.082 empleos en cómputo anual en 2019, acabó el año siguiente con 44.300 menos. En 2021 recuperó 41.000 de esa pérdida y este año, en la media de los dos primeros trimestres, ha llegado a 933.676 puestos (empezó el año con 919.000 y lo continuó con 948.000). La ganancia con respecto al promedio del pasado ejercicio es hasta ahora de 28.000. Y ahí podría quedarse, si se cumple el apunte de que en 2023 los pasos del empleo serán para atrás.

En su informe sobre las previsiones macroeconómicas que realiza la comunidad en su proyecto de presupuestos para 2023, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que «las estimaciones del consenso, que se refieren al empleo en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA), estiman una mayor ralentización del ritmo de crecimiento en 2023, con una tasa del -0,9%». Ello supondría la destrucción de casi 1.000 empleos.

Desde 2013, todas las Administraciones Públicas deben contar con un informe de la AIReF que avale sus previsiones y por lo que respecta a las de Castilla y León para 2023 así sucede. Lo que no quita para que la autoridad incluya una serie de advertencias y recomendaciones. La primera es que «el escenario macroeconómico elaborado por esta comunidad se encuadra en un contexto de materialización de numerosos riesgos», entre los que cita la crisis energética, la persistencia de la inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación.

De acuerdo con el escenario de Castilla y León, el PIB podría crecer un 3,3% en 2022, una previsión que califica de «optimista al encontrarse en el extremo superior del rango de previsiones disponibles de otros organismos e instituciones privadas y de la propia AIReF». Para el año 2023, la Junta estima un crecimiento del PIB del 1,6%, también «mayor al de la AIReF, del 0,6%».

En definitiva, el organismo considera «poco probables» las previsiones de crecimiento económico de la Junta, pero las «avala como factibles». No sin dejar constancia de que hubiese querido más detalles sobre el impacto macroeconómico asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dada su especial relevancia. Asimismo, la AIReF reitera aconseja al ejecutivo regional que incluya «previsiones de empleo en términos de personas ocupadas de Contabilidad Regional», más allá de simples de tasas de evolución. También que «la documentación aportada contenga una información más detallada de los supuestos y de los modelos y parámetros utilizados en sus previsiones y proyecciones macroeconómicas más allá del trimestre en curso».