Castilla y León condiciona la acogida de más menores migrantes a un acuerdo «entre todos»

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Carriedo ha matizado, en este sentido, que en este momento «son casi 200 los menores inmigrantes no acompañados que están acogidos en nuestros centros, y esto prácticamente viene casi a saturar la capacidad que tenemos de prestar este servicio en nuestra comunidad en condiciones de seguridad y de eficacia». De ahí que haya incidido en que «cualquier nuevo acuerdo tiene que realizarse por la vía del trabajo en la Conferencia Sectorial correspondiente».

Pero no solo. Según ha expresado, «un tema de esta importancia» debe abordarse en la Conferencia de Presidentes, por lo que ha insistido en que es precisa su «convocatoria urgente» en línea con lo que viene solicitando desde hace meses el máximo responsable del Ejecutivo autonómico. Al hilo de esto el portavoz de la Junta ha recordado que ya son catorce las comunidades que han expresado la necesidad de reunirse en ese foro, un número que «supera el nivel mínimo exigible», según los estatutos, para que se lleve a efecto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el primero tras un parón estival de dos semanas, Carlos Fernández Carriedo también ha afeado al gabinete de Pedro Sánchez que «no aporte los recursos» económicos para la manutención de los menores «a los que se ha comprometido, cosa que no ha hecho hasta el día de hoy», lo que obliga a la comunidad a «adelantarlos» en el marco de su política de «mano tendida». Junto a esto, le ha exigido «que ejerza sus competencias, que las tiene muy importantes en el ámbito del control de las fronteras, de la colaboración con la Unión Europea o de la colaboración con los países de origen». A esa misma «inacción» aludió precisamente el PP nacional el pasado lunes, con motivo de la presentación de su plan para paliar los efectos de la crisis migratoria.

El portavoz se ha referido, por otra parte, al recurso contra la Ley de Amnistía que anunció en mayo el presidente Mañueco. «Teníamos un plazo de tres meses desde la aprobación y entrada en vigor de la norma que se cumple a mitad del mes de septiembre», ha dicho, un periodo que «no queremos agotar». Como paso previo a su presentación es necesario que los Servicios Jurídicos cuenten con la autorización del Consejo de Gobierno, una luz verde que todo indica que recibirán de manera inmediata y que se plasmará en un texto en el que Castilla y León pondrá de manifiesto que esa regulación «rompe con los principios de igualdad entre el conjunto de los españoles».

Ese mismo argumento es el que ha llevado a Carlos Fernández Carriedo a rechazar de plano «la financiación específica unilateral para una comunidad», en referencia a Cataluña, en la medida en que quiebra la solidaridad entre territorios «y además trae como consecuencia el llevar a cabo toda la hoja de ruta independentista». Un asunto que Castilla y León recurrirá «cuando se formalice a través de un acto jurídico o administrativo», y que a juicio de la Junta debe debatirse asimismo en la Conferencia de Presidentes, al igual que la carencia de personal sanitario a la que se enfrentan las autonomías y que se acentúa en verano.