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Convertirse en funcionario es el sueño dorado de miles de opositores, y lo cierto es que este parece el mejor momento para conseguirlo. Hace poco ... más de mes y medio el Consejo de Ministros aprobó la oferta de empleo público (OEP) para 2024, la mayor de la historia, con nada menos que 40.146 plazas de las que 31.465 son para la Administración General del Estado y 8.681 para fuerzas y cuerpos de seguridad. A finales del año pasado la Junta de Castilla y León incorporó casi 3.000 puestos más a su bolsa de selección de personal dentro de la OEP de 2023, y a esto hay que sumar los procesos que llevan a cabo diputaciones y ayuntamientos.
El objetivo es inyectar savia nueva en la plantilla de trabajadores al servicio de los ministerios, los gobiernos regionales y los entes locales, muy envejecida después de años con la tasa de reposición congelada o próxima a cero. Sirva como ejemplo lo que ocurre en la sanidad en la región, donde siete de cada diez médicos de Familia se jubilarán durante los próximos quince años. De hecho, Castilla y León es la comunidad española donde menos ha crecido el empleo público en la última década, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el ministerio del ramo.
El informe, que se publica desde 1990 y tiene carácter semestral, analiza la evolución de los efectivos en los diez años que han transcurrido entre enero de 2024 –la información más reciente disponible– y el mismo mes de 2015. El resultado es que de media las autonomías han incrementado el 30% el número de empleados públicos, con Canarias (el 53% más), Baleares (el 45% de subida) y Navarra (+41%) en cabeza. La otra cara de los datos es precisamente Castilla y León, que se sitúa a la cola de la clasificación con un tímido aumento del 13%, si se excluye de la comparación a las ciudades de Ceuta (que se mantiene como estaba) y Melilla (-24%).
En concreto, la región comenzó el año con 176.017 trabajadores en las AAPP, de los que la inmensa mayoría estaban ligados a las consejerías y demás departamentos de la Junta. A este grupo pertenecían 104.576 personas, casi el 60% del total, mientras que 36.817 cobraban su nómina de las arcas del Estado (el 20,9%) y los 34.624 restantes de ayuntamientos y diputaciones (el 19,7%).
2.968.522 funcionarios y laborales
Las administraciones públicas dan trabajo a casi tres millones de personas en España y de ellas 176.017 están en Castilla y León, lo que equivale al 5,9% de la cifra nacional.
Se trata de una estructura similar a la que se registra en el conjunto del país, donde el Boletín Estadístico del Personal del sector público contabiliza 2.968.522 funcionarios y laborales de los que 1.862.329 están adscritos a los ejecutivos autonómicos, lo que representa el 62,7% de la cifra global. A continuación se sitúa en este caso el sector de la Administración Local, con 576.089 efectivos (el 19,4%), para terminar con los 530.104 trabajadores estatales (el 17,9%).
El análisis por territorios revela que donde más importancia tiene el empleo público es, por este orden, en Andalucía (con 522.450 trabajadores), Madrid (443.777), Cataluña (368.058) y Valencia (282.951 efectivos), cuatro comunidades que juntas acaparan más de la mitad de la cifra global. En el quinto lugar de la tabla aparece Castilla y León, con un peso del 5,9% en el cómputo nacional, mientras que el farolillo rojo es La Rioja, con poco más de 20.000 personas vinculadas al sector.
Un vistazo a lo que ocurre en las provincias, por otra parte, revela que dentro de la comunidad Valladolid es la que tiene una mayor cantidad de empleados públicos (dos de cada diez, en términos absolutos 38.994), seguida de cerca por León (31.381) y, a más distancia, por Salamanca (26.128), en consonancia con la relevancia de su ámbito universitario. Completan la lista Burgos (23.122), Ávila (14.018), Segovia (12.102), Zamora (11.440), Palencia (10.629) y, en el puesto final, Soria (8.203).
El Registro Central de Personal del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública constata la existencia de 29.197 interinos en Castilla y León, de los que 24.386 dependen del Gobierno regional que dirige Alfonso Fernández Mañueco. Si se pone esa cifra en relación con el total de empleados públicos de la Junta, la conclusión es que el 23,3% de la plantilla autonómica está en esa situación y por tanto muy pendiente de las decisiones que están adoptando en relación a ellos tanto la Justicia Europea como el Tribunal Supremo. La inmensa mayoría de esos funcionarios, por otra parte, son profesores no universitarios (10.858) y sanitarios (6.997), a los que hay que añadir trabajadores ajenos a la salud (2.885) y a la educación (169) que prestan servicio en instituciones relacionadas con estos sectores, personal de administración y servicios (380), cuatro docentes e investigadores en universidades y una bolsa de 3.093 funcionarios de la Administración General de la Comunidad.
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