Castilla y León: claves del aval a jóvenes para comprar su primera vivienda

El pique sobre los nuevos avales a jóvenes para cubrir el dinero que exigen los bancos como entrada para conceder hipotecas entre el Gobierno de la nación y la Junta de Castilla y León, entre dirigentes del PSOE y del PP, esta servido. Pedro Sánchez anunció este fin de semana en un mitin la puesta en marcha de avales estatales y Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP aseguraron que era una medida en la que ya trabajaban.

En el caso de Castilla y León, el Boletín Oficial (Bocyl) publicaba este lunes, dos días después del anuncio de Pedro Sánchez, la apertura de un periodo de exposición pública del documento elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con los requisitos y la regulación de los futuros avales autonómicos. Alfonso Fernández Mañueco hablaba de «plagio» del presidente de España y la socialista Ana Sánchez tildaba de «mentiroso» al presidente de la Junta y afirmaba que sufría «un ataque de dignidad» ante la medida estatal.

La regulación de los avales que impulsa la Junta, que está abierta a cambios y sobre la que se pueden plantear sugerencias hasta el 18 de mayo, muestra las claves que marcarán este nuevo apoyo para acceder a una casa o piso en propiedad a través de un programa bautizado como 'Mi primera vivienda'.

Será la empresa pública Somacyl, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el organismo que respaldará unos avales orientados a «afrontar el pago de la coloquialmente denominada entrada» que los bancos exigen para conceder la hipoteca para comprar una vivienda «habida cuenta de que los jóvenes, generalmente, no cuentan con ahorro suficiente». El documento que se puede consultar en el portal de la Junta (www.jcyl.es), en la parte de Gobierno Abierto, establece que ese aval respaldará el 17,5% del valor de tasación o compra de la vivienda para una facilitar una financiación total de hasta el 97,5% de la adquisición. «No será objeto de garantía la financiación de los impuestos o tasas que graven las operaciones de adquisición y financiación de la vivienda», recoge el documento.

Los avales serán compatibles, en principio, con otras ayudas. Surge la duda aquí de qué pasará si avalan lo mismo dos administraciones, la estatal y la autonómica.

Los avales autonómicos están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años incluidos que se lanzan a la compra de su primera vivienda para destinarla a domicilio habitual. El inmueble debe estar emplazado en Castilla y León. El tope de renta para acceder a estos avales se establecerá en los 42.000 euros (5 veces el indicador de precios IPREM, que en 2023 se sitúa en 8.400 euros) y el cálculo se hará sumando los ingresos de los solicitantes o de las personas «que integren la unidad de convivencia». La Junta prevé corregir al alza esa cuantía para familias numerosas y familias con algún miembro con discapacidad reconocida.

Además de límite de ingresos, la vivienda deberá tener un límite de precio: 240.000 euros.

Quedarán excluidas de estos avales, por norma, las personas que sean propietarias o usufructuarias de otra vivienda. A esa norma se plantearán excepciones. Sí podrán acceder a esta garantía de 'entrada' para una compra de casa o piso aquellos titulares de derecho sobre «una parte alicuota» de una vivienda procedente de una herencia por la muerte de un familiar. También están abiertos los avales a personas separadas o divorciadas que no pueden disponer de la vivienda de la que son titulares porque la disfruta el otro cónyuge. Los avales prevén excepciones ante «situaciones catastróficas o situaciones de violencia de género o amenaza o condición de víctima del terrorismo, circunstancias que deberán acreditarse».

La partida que la Junta prevé destinar a estos avales a lo largo del año es de 40 millones de euros. Esa fue la cuantía que autorizó el 20 de marzo a la comunidad el Consejo de Ministros. El origen de estos fondos es otro de los aspectos que atiza la polémica entre la Junta y los dirigentes del PSOE en la comunidad sobre qué administración carga con el esfuerzo presupuestario.

La consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones prevé firmar convenios con entidades financieras que se «adhieran» al programa y que cuenten con «una red suficiente de oficinas en la comunidad de Castilla y León». La finalidad es agilizar los trámites de aplicación de los avales. La regulación establece que se habrá extinguido automáticamente la fianza de garantía que otorga Somacyl «en el momento en que el principal (del crédito hipotecario) pendiente de pago sea igual o inferior al 80% del valor de referencia». Somacyl quedará en ese momento «liberada de la obligación de hacer frente a la garantía» ante cualquier impago de la hipoteca.

El plazo para solicitar los avales no está abierto aún. No se pueden solicitar en este momento. Alfonso Fernández Mañueco ha estimado que será posible en unas dos semanas, pero la regulación está abierta a sugerencias hasta el día 18 y luego debe publicarse en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, se abrirá el plazo de solicitud hasta el 15 de diciembre, «excepto que con anterioridad se haya agotado el importe global máximo destinado a la línea de garantía». Esta última apreciación recogida en la propuesta de regulación autonómica indica que la Junta no prevé suplementar la partida inicial.

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