Castilla y León certifica su fracaso en la lucha contra la despoblación

El Consejo de Cuentas de Castilla y León entregó la semana pasada en las Cortes un informe en el que analizaba el impacto de las diferentes medidas que se han puesto en marcha para luchar contra la despoblación a lo largo de los años. Las conclusiones son las esperadas: no han surtido efecto. Los números son concluyentes desde cualquier punto de vista que se utilice. En 1980 se bajó de 2,6 millones de habitantes en la región (que aún no existía como ente político propio). Se tardó 17 años, hasta 1997, en bajar de 2,5 millones, límite que después se recuperó. Sin embargo, en 2014 se cruzó la barrera de los 2,5 millones y en 2019, la de los 2,4. En apenas seis años, casi cien mil habitantes menos. A pesar de algún repunte, la tendencia generalizada en Castilla y León es la de pérdida de población desde hace cincuenta años. De los 2.667.380 de 1971 a los 2.399.548 de 2019. Un 10% menos.

La pérdida, además, es desigual. Insistía el alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), en una conversación reciente con El Norte, en que para equilibrar «hay que desequilibrar». Los números le dan la razón. La pérdida en Zamora no tiene nada que ver con las cifras de Valladolid o Burgos. En Zamora, desde el año 2000, solo 11 municipios han ganado población, y gran parte de ellos lo pueden explicar por la absorción de vecinos de la capital: Morales del Vino (+1.313), Roales (+539), Moraleja del Vino (+462), Monfarracinos (+379), Villaralbo (+204). Los 237 municipios que pierden población, sin embargo, arruinan ese «crecimiento», que tiene mucho de ficticio. La provincia ha caído 35.176 habitantes en dos décadas. En el medio siglo en que Castilla y León ha perdido una décima parte de su población, Zamora se ha dejado un tercio.

Tampoco tiene que ver esta pérdida de población en Castilla y León con la ocurrida en los años sesenta del pasado siglo XX, cuando dos millones de españoles emigraron al extranjero en busca de trabajo como mano de obra industrial o agrícola. Muchos de ellos regresaron cuando hubieron ahorrado lo suficiente. Ahora son los más cualificados los que emigran. Lo explica así el Consejo de Cuentas cuando analiza «el saldo migratorio global entre 2016 y 2018 en función de la formación». Se constata, dice, que «por cada persona que viene a la comunidad con una titulación superior, se van dos». Recoge datos de tres años: han salido 61.765 titulados superiores y han llegado 30.809.

Este dato demuestra que se trata de un problema cualitativo y no solo cuantitativo. Se aprecia mejor cuando el Consejo de Cuentas plasma la pirámide de población. Desde el año 2000, Castilla y León tiene menos niños en relación al resto de España y más personas mayores. En España, en el año 2000, había 3.848.955 niños de 0 a 9 años. Dos décadas más tarde, 4.424.389. En Castilla y León, la cifra del 2000 y la de 2019 es casi idéntica, 182.458 frente a 182.658.

Aunque, como es obvio, no existe la homogeneidad tampoco en este caso, advierte el Consejo de Cuentas. «El análisis porcentual muestra que la disminución relativa ha afectado en mayor medida a unas provincias que a otras; así, en términos generales podemos concluir que ha afectado más a las provincias de Zamora, Ávila y León».

Y la pirámide, obviamente, cuenta con otro efecto añadido: cada vez hay menos nacimientos. De los 21.311 que se registraron en 2008 a los 15.044 de 2018. Las defunciones, por el contrario, aumentan en el mismo periodo desde los 27.392 hasta las 29.297. Y el análisis del Consejo de Cuentas no incluye la pandemia, que agravará estas cifras considerablemente, dado que la mortalidad en la comunidad autónoma se ha disparado. Más de siete mil fallecidos por causas achacables directamente al Sars-Cov-2. Y patologías graves que han visto mermada su atención porque la Sanidad ha tenido que priorizar sus recursos.

El 87% de los municipios de Castilla y León ha perdido población desde el año 2000. Los 294 que la han ganado, además, muestran tres líneas muy diferenciadas. Por un lado, están los pueblos pequeños que apenas han variado su población en unos pocos residentes. 83 municipios han ganado menos de 20 empadronados, según el INE. En el otro extremo se encuentran las poblaciones que conforman el alfoz de las capitales, especialmente Valladolid. Arroyo de la Encomienda ganó 16.544 habitantes desde el año 2000. Entre los veinte primeros de la comunidad se encuentran también La Cistérniga (+5.254), Zaratán (+4.833) o Renedo de Esgueva (+2.853), y por encima de los dos mil habitantes de ganancia se sitúan Boecillo (+2.592), Cigales (+2.433), Tudela de Duero (+2.211) o Santovenia de Pisuerga (+2.202).

Y la tercera vía son las capitales que absorben población en lugar de perderla (como le ocurre a Valladolid en beneficio de su alfoz). Burgos encabeza esa tendencia, con 12.462 habitantes más, seguido de Ávila (+9.901) y Soria (+5.310). Cabría añadir en ese listado a Ponferrada (+2.032) o Benavente (+1.172), que actúan del mismo modo, como focos de concentración de población.

Por contra, ha crecido el número de municipios más pequeños, advierte el Consejo de Cuentas. En 2008 había 529 localidades de menos de cien habitantes. Una década después eran 676.

Otro movimiento que influye en los crecientes desequilibrios entre territorios de la propia comunidad es el desplazamiento de población entre las provincias. «Burgos, Salamanca y Valladolid han sido las provincias receptoras en mayor medida de las migraciones interiores», concluye el Consejo de Cuentas. «En el resto de provincias la emigración interior ha tenido un resultado negativo continuado en el tiempo».

La proyección a corto plazo del Instituto Nacional de Estadística no arroja buenas noticias. Mientras en la Junta se pone en marcha el proceso para crear un anteproyecto de ley contra la despoblación, las cifras apuntan a que en 2026 se bajará de los 2,3 millones. Y seis años más tarde, de los 2,2. La regularidad de las cifras más drásticas resulta casi asombrosa.

Al mismo tiempo, se combinan con un envejecimiento cada vez mayor de la población regional. En 2020, el índice de envejecimiento de Castilla y León es 201,09%. Este concepto lo define el INE así: «El porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años». En 2035 será del 352,6%.

La inercia demográfica es grande y resulta complicado revertirla, especialmente en un corto plazo. Más cuando, como decía el artículo de 1983, es «un mal histórico» que las normativas lanzadas hasta ahora han sido incapaces de corregir.