Castilla y León dejó de ingresar 352,9 millones que presupuestó de la UE entre 2015 y 2018

Es el caso de programas europeos como el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el FEADER, con un presupuesto de partida, consignado por el anterior Gobierno del PP y aprobado por las Cortes con el apoyo de Cs (y UPL algunos años), de 959,59 millones de euros. Este fue corregido sobre la marcha con modificaciones a la baja que restaban 174,58 millones de euros, pero lo que realmente entró en caja fueron 606,66 millones de euros, lo que supone que 352,93 millones de euros no se materializaron. Más de cuatro euros de cada diez, el 41,34%.

Las instituciones europeas funcionan habitualmente contra certificación de gasto. Esto implica que la Administración que recibe su apoyo económico debe llevar a cabo la medida o la obra, habitualmente cofinanciando el proyecto, para que desde la Unión Europea ingresen el resto. La transferencia a la caja autonómica implica una gestión previa, que está hecho lo que se abona.

Estas líneas promueven medidas de desarrollo rural, de fomento del empleo y formación para el empleo, proyectos de infraestructuras e iniciativas de promoción económica.

Las dos últimas tipologías se nutren de los históricos fondos FEADER. La Consejería de Economía y Hacienda estimó que ingresaría en ese programa europeo de reactivación económica 640,9 millones de euros. Finalmente presentó liquidaciones por 461,8 millones, alejándose 179 millones de esa previsión inicial. De los cuatro años y los tres programas de financiación europeos, es en este y durante 2015 en el que se da un ejercicio donde la Junta ingresa más de lo que prevé en un principio. Presupuestó 166,6 millones y recogió finalmente 170,3. El 2,25 más, que fue lo que certificó.

En el caso de Fondo Social Europeo (FSE) que acoge los programas orientados a la inserción laboral, frente a los 120,3 millones presupuestados por la Junta entre 2015 y 2018, Bruselas ingresó 65,3. La Administración autonómica no pudo acreditar 55 de cada 100 euros que preveía gestionar y esos no llegaron.

En el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que paga proyectos en el medio rural, los ingresos reflejados por el Gobierno autonómico fueron de 198,4 millones de euros y la cuantía que certificó y abonó la UE fue de 79,5 millones. El tamaño del roto en los ingresos previstos es del 59,9%, con algún año especialmente negativo, caso del 2016, en el que 85 de cada 100 euros presupuestados en Castilla y León no se certificaron.

No pasa solamente en esos programas europeos. Hay previsión de recaudación en impuestos que repiten cifra iguales o similares pese a que año tras año se incumple ese cálculo. En Actos Jurídicos Documentados ha habido tres años con 110 millones en perspectiva y otro más con 100. Este último, en 2018, se ajusta más a la cuantía real, pero en los anteriores dejan de llegar uno de cada tres euros presupuestados.

Más llamativo es el caso de los ingresos programados por la Junta por la venta de inmuebles. El equipo de la entonces consejera,Pilar del Olmo, presupuestó 297,6 millones entre 2015 y 2018 con cargo al Plan de Enajenaciones. Ingresó 68,35, el 23% de lo previsto. El año con peor tino en esta partida fue 2015. El Gobierno autonómico preveía obtener ese ejercicio 137,34 millones de euros y logró 18,48, el 14,5% de lo programado, con subastas –hasta tres intentos por expediente– de terrenos o inmuebles como silos o casas de camineros que quedan desiertas.

Fuentes de Economía y Hacienda valoraron ayer que los presupuestos son un ejercicio de previsión que en su desarrollo se ve afectado por diferentes cuestiones socioeconómicas sobrevenidas. Apuntaron que se elaboran con datos fiables y que en las partidas de ingresos se suele optar con los escenarios más optimistas porque permiten más margen de maniobra en la gestión.