Castilla y León se une a Castilla La Mancha y Madrid para pedir criterios fijos al Gobierno

Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del Gobierno autonómico, lo escribió así: «Estamos viviendo la mayor emergencia sanitaria del último siglo. Es imprescindible la colaboración y el trabajo conjunto entre todas las administraciones. Pedimos una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud para fijar criterios objetivos de actuación en cada momento».

Al mismo tiempo llegaba el mensaje, en idéntico sentido, del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. «Nuestra consejera de Sanidad se ha puesto en contacto con las consejerías de Madrid y Castilla La Mancha para solicitar a Salvador Illa la convocatoria urgente de un Interterritorial en el que se establezcan criterios comunes a todas las comunidades autónomas para determinar las medidas restrictivas precisas».

Enfatizaba con mayúsculas dos ideas. Una era «urgente». Y a eso hay que añadir «con un único punto en el orden del día», que es «establecer esos criterios». El Consejo Interterritorial se reúne con asiduidad, pero los consejeros consideran que este encuentro debe celebrarse de forma inminnente, máxime después de los últimos encontronazos Madrid-Gobierno.

La otra, «a todas las comunidades autónomas». Y llegaba apoyada por la conversación que mantenían por la mañana Mañueco, Igea y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, entre sí y con los responsables de las comunidades de Madrid (PP-Cs) y Castilla La Mancha (PSOE). Ambas estuvieron de acuerdo en mandar el mismo mensaje al Ministerio de Sanidad.

Y es que Salvador Illa había pedido a Madrid «revisar» sus medidas y pensar en aplicar restricciones a las ciudades mayores de 100.000 habitantes con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de más de 500 casos. Para hacerse una idea, eso implicaría 'confinar' -en el sentido laxo actual y no el que tenía durante el estado de alarma- la zona de salud de Valladolid Este, que se encuentra por encima de esa barrera. O lo que es lo mismo, Barrio España, Canterac, Circunvalación, Delicias, Pilarica, Circular, Rondilla, San Isidro, Pajarillos, San Pablo... Y los municipios de las zonas de salud de Esguevillas de Esgueva, Peñafiel, Portillo, Tudela, Medina del Campo, Íscar, Olmedo y Serrada.

El coste político de tomar ciertas medidas está provocando disparidades en el modo de afrontar la escalada de los números, explica el vicepresidente de la Junta. Y pide que el debate político quede sometido a la ciencia. Donde hay datos, basados en criterios pactados, no hay debate posible. «Esto no puede ser un pim-pam-pum político. Si son quinientos, si hay transmisión comunitaria, si hay saturación de las UCI... Lo que sea, pero con coordinación y decisiones uniformes», pedía Francisco Igea.

El vicepresidente de la comunidad madrileña, Ignacio Aguado (Cs) había solicitado horas antes un «alto el fuego político» después de las advertencias del ministro Illa. Madrid, decía Illa en un vídeo replicado en su cuenta de Twitter, debe «revisar sus decisiones».

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, intervino en el debate en este punto a favor del ministro Salvador Illa y del Gobierno central. «Madrid no adopta las restricciones que debía y sólo busca culpar al Gobierno de España perjudicando gravemente a nuestra tierra. Mañueco e Igea ponen a Castilla y León al servicio de la estrategia enloquecida de Ayuso para tapar su incompetencia», escribió.

Castilla y León, sin embargo, ya pidió meses atrás esos criterios fijos y en las últimas semanas decidió formar un frente común con Castilla La Mancha (PSOE) y Madrid (PP-Cs) para «coordinar» las medidas que se iban tomando en uno u otro territorio. Sin embargo, cada una de ellas ha seguido aplicando sus propios criterios para contener la pandemia. Incluso se ha dado el caso de que Castilla y León aguantara hasta conocer las decisiones de Madrid antes de hacer públicas las suyas.

«Estamos volviendo a la gente loca y para eso está el Consejo Interterritorial de Salud», reclamaba ayer Igea. «El único alto el fuego es la ciencia, y es lo que hemos pedido desde el principio», añadía, y ponía como ejemplo que, pese a la tendencia alcista de Castilla y León, que preocupa a los expertos, «hay comunidades con más incidencia acumulada, más porcentaje de ocupación hospitalaria y en las UCI, y todos tenemos que tomar decisiones. Y comprendo que a la gente le cuesta tomarlas. Si es así, pon criterios que la gente entienda y que les descargue a todos de ese peso político».