Castilla y León buscará la fórmula legal para implantar el toque de queda «a las 21 ó 22 horas»

La misma petición hicieron verbalmente la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla La Mancha. Y llegada la reunión, la conclusión fue que para llegar a ese punto hay que tener claro el encaje legal de la decisión. Como además no había unanimidad entre los territorios, la resolución fue que «se seguirá valorando en próximas reuniones del Consejo Interterritorial».

Esto deja a Castilla y León con su medida más restrictiva en el aire. Y con un tremendo enfado por la «inseguridad jurídica» en el que queda la situación, según criticó el vicepresidente Igea en CyLTV tras una reunión de urgencia entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco, el propio Igea y la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Los servicios jurídicos de la Junta estudiarán en las próximas horas la posibilidad de implantar el toque de queda por decisión propia. No es sencillo. La Junta de Andalucía ha querido hacer lo mismo en Granada y en otros 31 municipios y ha pedido consejo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para saber si hay una posibilidad legal de hacerlo.

El toque de queda en Castilla y León, además, sería bastante contundente. Francisco Igea habló de decretarlo «a partir de las 21 ó 22 horas», porque es la única forma de restringir las reuniones sociales, los botellones y las fiestas, principales focos de contagio.

Mañueco e Igea se lo podrán plantear hoy al Gobierno. Y podrán hacerlo en persona por la visita del propio ministro, Salvador Illa, a Valladolid. Y teniendo en cuenta un par de cuestiones relevantes. Por un lado, el documento aprobado establece unos niveles de alerta del 1 al 4 y unas «actuaciones de respuesta» en función de los niveles. Las ciudades de la región, según lo que se deduce de la comparecencia de ayer de Igea y Casado, están en el más alto o casi a punto. Y eso implica que, además de las actuaciones del nivel 3, la respuesta «supondrá la toma de medidas excepcionales que podrán incluir restricciones adicionales. En el caso de que su adopción requiriera de la activación [...] de los estados de alarma, excepción y sitio, el presidente de la comunidad autónoma solicitará al Gobierno la declaración de estado de alarma».

Dada esta premisa, llega la cuestión de si Alfonso Fernández Mañueco tendrá que pedir, para poder implantar ese toque de queda anhelado, ese estado de alarma. «De momento se ha pedido el toque de queda», explicaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

Igea dejó entrever, en su enfado con el Gobierno por la falta de contundencia mosrada ayer, que hay mucho de juego político en esta inacción. Que Castilla y León solicite el estado de alarma, después de lo ocurrido meses atrás con las críticas de PP y Cs por el «abuso» de esta medida excepcional, podría interpretarse en esa clave.

Todo esto al mismo tiempo que Salvador Illa se mostraba dispuesto «a valorar» con el Gobierno de Castilla y León cómo afrontar esa petición de instaurar el toque de queda. Y hoy puede ser ese momento.

El efecto de posponer el toque de queda, así como que no se haya publicado una orden, sino que se ha aprobado un documento de umbrales y recomendaciones, afecta de lleno a los confinamientos perimetrales que se habían decretado. Por la mañana se suspendió el de Ponferrada en previsión de que por la tarde se impusiera ese toque de queda. «Una medida sustituiría a la otra», dijo Francisco Igea. Porque la movilidad entre territorios, en un momento de transmisión comunitaria, no es tan importante como restringir reuniones como botellones o fiestas, cada vez más frecuentes.

Otra cuestión a resolver es si la Junta puede disponer un recorte de horarios a la hostelería tan relevantes como los que la Junta de Andalucía ha impuesto en Granada, con cierre de bares y restaurantes a las 22 horas. En el nivel 3, en el que ya se encontraría Castilla y León –transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitaria–, el documento aprobado propone la «valoración de limitación de horarios de apertura al público hasta las 23:00h en los establecimientos con servicio no esencial».

Del mismo modo, señala que «la autoridad sanitaria deberá valorar el cierre de las zonas interiores de los establecimientos, y en su defecto reducir los aforos al mínimo posible», con la salvedad de ofrecer recogida en local o a domicilio.

Y dado que el documento habla de «valorar», Francisco Igea se mostró contundente, en declaraciones a CyLTV, sobre esa valoración. «No tiene sentido incrementar medidas de restricción sobre hostelería si no tenemos toque de queda».

La buena relación que han mantenido desde el inicio de la pandemia el Gobierno regional y el estatal parece haberse resquebrajado en el momento más inoportuno. Justo cuando Castilla y León rebasa todos los indicadores de alerta, en una involución que acerca la realidad sanitaria, cada vez más, al mes de marzo.

La fractura se agrava, además, por las dificultades jurídicas que supone la aprobación continua de documentos y posibles medidas que no se transforman en órdenes concretas y que doten a los gobiernos autonómicos de seguridad legal a la hora de dictar nuevas restricciones. «Intentaremos trasponer lo que se ha hecho hoy, que ni siquiera es el acuerdo de medidas de salud pública, porque ni siquiera es una orden de medidas conjuntas, no se ha pubicado como orden», se quejaba Francisco Igea en la televisión. «Nuestros servicios jurídicos van a valorar nuestras posibilidades para adoptar las medidas necesarias cuanto antes», añadía.

Las próximas horas serán cruciales para dirimir la estrategia a seguir por parte de la Junta de Castilla y León. Tanto si Mañueco solicita el estado de alarma para poder imponer el toque de queda, como si la comunidad actúa por su cuenta, la intención del Ejecutivo es que se ponga en marcha «cuanto antes» y eso obligaría a replantear otro tipo de restricciones y confinamientos.