Castilla y León busca contratar 500 millones de deuda este mes de julio

El pasado 26 de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó las condiciones generales para contratar la deuda que necesita el Gobierno de coalición PP y Vox para este año, con un tope máximo de 1.464,6 millones de euros y estableciendo como procedimiento para meter ese dinero en caja la «subasta competitiva, emisión pública asegurada o no asegurada, colocación privada así como a través de cualquier otra fórmula disponible en el mercado».

La operación que pone en marcha el equipo de consejero Carlos Fernández Carriedo fija el 10 de julio como fecha de desembolso de dinero por parte de unos inversores que cobrarán los intereses cada 30 de abril, hasta el año 2033.

El presupuesto que prevé gestionar la Junta en 2023 asciende a 13.809 millones de euros. Tras Sanidad y de Educación, con 4.753 y 2.615 millones de euros de dotación previstas para este año, la deuda se alza como la tercera 'consejería' en peso del gasto en las cuentas de la Junta, con una asignación de 1.469 millones de euros. Es una cuantía necesaria para responder sobre las amortizaciones de créditos y emisiones que vencen este año y pagar los intereses de los que siguen vivos. Es un gasto tan importante que supera la consignación de efectivo prevista para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y tan prioritario a efectos presupuestarios que se equipara en la prevalencia de pago en caso de tensiones de tesorería a la orden de abono de las nóminas del personal.

La información que facilitaron Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo en la presentación del proyecto de presupuesto para 2023 reflejaba la reserva de 246 millones para abonar los intereses y otros 1.223 para 'devolver' el dinero de contratos de deuda que llegan a su fin. Lo habitual es renovar buena parte de este montante con nuevas operaciones.

La deuda viva sobre la que responde la Junta de Castilla y León, 13.322 millones de euros a cierre de 2022, equivale al 20,8% del Producto Interior Bruto de la comunidad, tres puntos por debajo de la media autonómica. En los doce meses del año pasado, el endeudamiento de la Administración autonómica se incrementó en 107 millones, desde los 13.215 millones con que despidió 2021. El Consejo de Cuentas alertó en una fiscalización de 2020 sobre el volumen de amortizaciones que debe afrontar el Gobierno autonómico en el corto y medio plazo.

El presupuesto autonómico aprobado para 2023 llega a los 13.809 millones de euros y necesita 1.469 millones de deuda para cuadrar ingresos. Las entradas de dineros contemplan 8.136 millones de euros procedentes de las arcas estatales a través del modelo de financiación de las autonomías. Estos fondos crecen el 20% con respecto a 2021, que fue el presupuesto inmediatamente anterior ya que en 2022 no hubo. A eso se suman otras 1.985 millones de euros de fondos europeos, partida que aumenta un 63% por el mecanismo de recuperación postcovid puesto en marcha por las instituciones de Bruselas. La caja autonómica recibe otros 947 millones en transferencias directas del Gobierno central para proyectos concretos. Esta partida baja respecto a 2021, ejercicio en el que llegaron fondos para atajar el coronavirus, un 30%. Completan las cuantías que prevé gestionar el Gobierno de PP y Vox una partida de 1.197 millones bajo el epígrafe de 'ingresos varios' donde encajan los tributos autonómicos y las tasas por prestación de servicios.