Castilla y León, Aragón y Castilla La Mancha refuerzan la alianza de los territorios despoblados

La reunión no es casual. Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón han confraternizado en una suerte de alianza de la España interior a la que pretenden sumar a las otras cinco comunidades autónomas que mejor ejemplifican la tremenda brecha demográfica que lastra el desarrollo uniforme del país. «Es el momento adecuado para plantearle a la ministra Teresa Ribera una reunión con las ocho comunidades autónomas que desde hace años venimos trabajando en el problema de despoblación, porque somos las afectadas por este problema», anuncia Javier Lambán. Y enumera a Galicia, Asturias, La Rioja, Cantabria y Extremadura. Invitadas a sumarse a un movimiento más global que haga coger fuerza a unas reivindicaciones históricamente relegadas. «Tenemos que seguir trabajando en el futuro, no solo las tres comunidades autónomas, sino las ocho mencionadas», insistió Fernández Mañueco. La búsqueda de alianzas como único camino para progresar. Y tener como interlocutor al Gobierno, claro. «Hemos pedido de manera reiterada varias comunidades una conferencia de presidentes. Cuanto antes. Para hablar de cómo gestionar la pandemia, afrontar el futuro, el proceso de vacunación…», recordó Mañueco. «La despoblación tiene que ser algo que inspire cualquier reunión del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Es necesaria esa conferencia de presidentes, imprescindible», aseveró.

Porque hay cosas, viene a decir Lambán, que se caen por su propio peso. Una de ellas se ha reclamado insistentemente desde Castilla y León. La corrección de la financiación de las autonomías. «La financiación autonómica, primordial, debe contemplar el coste por habitante de prestación de servicios. Estamos en una situación agónica desde el punto de vista de Hacienda. Una plaza escolar o sanitaria cuesta dos ó tres ó cuatro veces más de lo que cuesta en Madrid, Valencia o Andalucía», ejemplifica. Solo en Castilla y León, se puede recordar, hay 2.002 rutas de transporte escolar para desplazar a 35.574 alumnos. Un servicio que cuesta 47,5 millones de euros anuales.

Los presidentes coincidieron en señalar tres grandes áreas que deben impulsar el desarrollo en la España interior. «Agroalimentación, turismo y generación de energías renovables», desgranó Lambán. Y puso un ejemplo. «Debería haber una revisión de normativas estatales para que la producción de energía -con molinos o placas solares, por ejemplo- se pueda aprovechar para fomentar el desarrollo de las comunidades autónomas en las que se genera».

«Aquí estamos para que los partidos que se hicieron promesas en las elecciones generales, cuando se dieron cuenta de que unos votos en estos territorios podían valer un escaño, se cumplan», advirtió Emiliano García-Page. «Me apetece llamar a este pacto que acabamos de firmar como el pacto de Albarracín», dijo, casi en un alegato épico, una llamada a la lucha. «Hace meses no dábamos un duro por que Europa nos escuchara», dijo, y sin embargo la Unión Europea accedió a que provincias en situación de despoblación severa tuvieran ciertas facilidades que hasta ahora quedaban reservadas a ciertas zonas de los países nórdicos. «Nos propusimos acogernos a la medida de la UE para zonas de los países escandinavos que permitían a zonas por debajo de un umbral de población beneficiarse de un 20% de exenciones para contrataciones en zonas deprimidas. A partir de ahora está en la mano del Gobierno de España, del Ministerio de Hacienda, trasladar ese beneficio a Teruel, Cuenca y Soria y a zonas limítrofes de esas provincias con las mismas características de baja densidad demográfica», explicó Javier Lambán, presidente de Aragón. «Cuenca, Teruel y Soria son oficialmente zonas en despoblación y zonas por reaprovechar», concluyó García-Page. «Nos gustaría que fuera extensible al resto de los territorios, pero estamos constreñidos por la normativa europea», lanzó Lambán.

Los números bastos son engañosos. Dicen, por ejemplo, que Aragón y Castilla La Mancha ganaron población en las últimas dos décadas. Y mucha. Un 11,7% y un 17,9%, respectivamente. Comparado con la sangría de Castilla y León, que se dejó un 3,4% de su población en veinte años, son comunidades antagónicas. Y sin embargo, el detalle de esos números revela más cuestiones comunes que divergentes. Porque ese incremento medio impresionante de Aragón y de Castilla La Mancha se concentra en algunos territorios. Concretamente, en la provincia de Zaragoza, que creció desde 848.000 habitantes hasta 972.000, o en Albacete, de 363.000 a 388.000, o en Ciudad real, de 476.000 a 495.000. Sucede lo mismo que en Castilla y León, donde Burgos, Segovia o Valladolid palían el destrozo demográfico.

Y aún hay más donde escarbar en esos números. Esos incrementos de población se dan, sobre todo, en las capitales y su alrededor. Y lo que no se ve en las cifras brutas es la edad de esa población, que cada vez está más envejecida, especialmente en los territorios algo alejados de las grandes ciudades.

Así que la reunión entre Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y sus homólogos de Castilla La Mancha y Aragón, los socialistas Emiliano García Page y Javier Lambán, estaba más que justificada este jueves, a unas horas de que se celebre la conferencia sectorial con el secretario general para el reto demográfico, Francesc Boya.