Cascada de ceses, traslados, despidos y repesca de empleados en la Junta de Castilla y León para cumplir dos sentencias

Las RPT conforman el esqueleto de las plantillas sobre el que se reparte al personal de cada consejería o gerencia. Las anuladas atañen a los funcionarios (no al personal laboral, docentes ni sanitarios de Sacyl), que suman alrededor de 16.000 nóminas.

Los ceses de los interinos empiezan a ser efectivos desde hoy, porque los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenan a la Junta retrotraer la situación a septiembre de 2018. Eso pone en marcha un mecanismo de efecto dominó con ceses, despidos, traslados a la plaza de origen y retraslado de quien sustituyó al que vuelve. A eso hay que sumar los ofrecimientos a quienes fue desalojado de las plazas suprimidas para su retorno.

La Consejería de la Presidencia, departamento del que depende la Dirección General de Función Pública, calcula que acometerá alrededor de 5.000 «movimientos en el sistema» de recursos humanos, según han confirmado fuentes oficiales. Han informado, además, que se han remitido instrucciones a todas los secretarios generales de las consejerías para abordar el proceso desde criterios comunes «bajo la premisa de hacer el menor daño posible y respetar al máximo los derechos de los empleados públicos», dentro del perjuicio ocasionado los trabajadores autonómicos afectados.

Los responsables de recursos humanos de la Junta afrontan tres situaciones para cumplir las dos sentencias. La menos problemática es la de las plazas que se modificaron y que deben volver a las condiciones de otoño de 2018. En el camino que transita entre lo malo y lo peor, les siguen las que se suprimieron, que deben volver a implantarse. En este caso se dará opción al funcionario que las ocupaba o al interino que tuvo que volver a la bolsa de empleo o fue despedido a retornar.

El panorama más desolador lo ofrecen las plazas que fueron de nueva creación en las RPT anuladas. Si las ocupan en esos momentos funcionarios, deberán volver al puesto del que llegaron, con el efecto colateral para quienes ocuparon su vacante. Pero si son interinos, «al desaparecer el puesto, desaparece la interinidad». En el mejor caso volverán a la bolsa de empleo para esperar a ser llamados. En el peor, al paro.

Las dos sentencias forman parte del rosario (más de una docena) de fallos contrarios al catálogo de puestos tipo del persona funcionario, las RPT que se construyeron sobre ese instrumento básico y el concurso de traslados que se confeccionó sobre las nuevas RPT, que recibió el Gobierno autonómico del PP desde diciembre de 2019. Los distintos magistrados que enjuiciaron el asunto coincidían en que faltó negociación en la ausencia de informes que justificaran los cambios, lo que podía desembocar en decisiones arbitrarias.

Los promotores de los recursos origen de las dos sentencias que se aplican desde hoy son CSIF y CCOO. «Se hicieron las cosas mal, faltó negociación, informes, hubo cambios sin justificación y lo pusieron todo en marcha sin tener en cuenta las sentencias contrarias y el daño que se hacía a los empleados públicos», valora Ernesto Angulo, responsable del Sector Autonómico de CCOO. Mariano Prieto, de CSIF, señala a los responsables: «El anterior vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, y su viceconsejera de Función Pública, Marta López. Iban de sobrado, con una prepotencia suprema». Prieto indica que el actual equipo (el consejero Ángel Ibáñez es compañero de partido de los anteriores) debe centrarse en «arreglar esto, porque se lo deben a los funcionarios».