Casado asegura que Ambuibérica afronta diez expedientes por incumplimientos de contrato en Castilla y León

La consejería respondía a una pregunta de control del grupo socialista, concretamente de la procuradora Yolanda Sacristán, que acusaba a la consejera de «mirar para otro lado» ante el conflicto laboral que atraviesa la empresa ambulancias. «Profesionales que han estado en primera línea durante la pandemia, que no han tenido ningún reconocimiento por ello y que tienen los salarios más bajos de toda España, obligados a hacer hasta 200 horas extras por cantidades que harían sonrojar a cualquiera», ha criticado la parlamentaria del PSOE.

Sacristán ha defendido que la firma incumple el pliego de condiciones por el que se le adjudicó el servicio de transporte sanitario en la comunidad, entre ellas «el protocolo de limpieza» de los vehículos, el kilometraje que acumulan las ambulancias (superan los 400.000 kilómetros, apuntó la procuradora), el uso para otros servicios de las que son exclusivas para Sacyl y ausencia de vehículos que obligan a «demorar altas» y a tener a pacientes esperando en el pasillo, según ha relatado.

Ha sido en la respuesta a la procuradora socialista cuando la consejera de Sanidad ha hablado de esos diez expedientes, en una intervención en la que ha destacado que los usuarios hacen una valoración «muy buena» del servicio en la respuesta que se da a emergencias, a casos en los que el tiempo es decisivo para atender a un paciente. La media está por debajo de los 15 minutos, ha remarcado Verónica Casado.

La responsable autonómica ha recordado a la procuradora que este grupo empresarial trabaja también con las comunidades de Cantabria, La Rioja o la Comunidad Valenciana, entre otras autonomías, y ha rebatido que no se hagan inspecciones ni se vigile el cumplimiento del contrato. «Queremos que lo que se firma se cumpla», ha precisado Casado. La consejera ha avanzado que el concierto debe negociarse de nuevo en 2022 y que su intención es «ser capaces de mejorarlo, para mejorar el servicio y las condiciones de los trabajadores». Sobre el conflicto laboral que atraviesan empresa y trabajadores, Casado ha señalado que como Administración «no puede inmiscuirse» en el mismo.