Castilla y León

Segunda vida para la vieja casa del maestro, cura o médico como vivienda rural de alquiler

El programa Rehabitare, consolidado a lo largo de los años en Castilla y León (se puso en marcha en la etapa de Antonio Silván como consejero de Fomento de la Junta y dejó de serlo en 2015), ha impulsado la reforma de 549 antiguas casas del médico, de los maestros, del cura, de cuarteles cerrados de la Guardia Civil, de viejas escuelas sin niños o de teleclubes que pasaron a la historia como centros de reunión y que se han convertido en viviendas públicas para arrendar gracias a una inversión que supera los 30 millones de euros (30.304.993 euros).

«Las previsiones son de incorporar, al menos, otras 78 actuaciones más, con una inversión de otros casi ocho millones de euros, de manera que, en 2026, al final de la legislatura, tendríamos 628 actuaciones, con una inversión de casi 38 millones de euros a disposición de personas en el mundo rural», indicó recientemente el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la firma de un convenio con la diócesis de Zamora, cuyo obispo seguía así los pasos de compañeros de Ávila, Segovia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Astorga, León, Palencia y Burgos.

Rehabitare da una segunda vida a casas en desuso, muchas veces en un estado que roza la ruina, inhabitables tal y como están. La inyección de dinero público, con la dotación de la Junta de Castilla y León a la cabeza, permite modernizar los inmuebles que rondan los 60 o 70 años de antigüedad. Albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros entran en el edificio y llevan a cabo una rehabilitación integral de los interiores, pero también del exterior de la vivienda, dado que la eficiencia energética es uno de los objetivos que persigue la puesta en uso de la casa.

«Es un programa que está muy bien. Lo que no puede ser es dejar caer las casas», explica Luis Alonso Laguna, alcalde de Villalar de los Comuneros, donde gracias a Rehabitare han reformado la antigua vivienda del escribiente y «va para tres años» que se ha asentado allí una pareja de jóvenes de familias vinculadas al pueblo que ha retornado a la localidad. Esa necesidad de vivienda rural cohabita en la mayor parte de los pueblos con la realidad de viviendas vacías.

«Hablar de reto demográfico es hablar de vivienda. También de empleabilidad, pero si no va acompañada de vivienda nos quedamos en centros laborales, no en asentamiento de población», resume David Esteban, alcalde de Medina de Rioseco y vicepresidente de la Diputación de Valladolid. El programa habilitó en esa localidad cabecera de comarca una casa que históricamente había tenido como moradores personal del juzgado. «Se hizo una convocatoria pública, con 12 o 13 interesados, y se alquiló a una madre con niños», remarca David Esteban, que incide en la necesidad de facilitar casas y pisos accesibles para fijar población, al tiempo que destaca otra iniciativa, con un presupuesto que supera el medio millón de euros del área de Servicios Sociales y que hará accesibles dentro del proyecto 'Viviendas en Red' varios hogares con acceso prioritario para mayores de 65 años y personas con discapacidad.

El lavado de cara que a través de Rehabitare de aplica a las viviendas es contundente. «La reforma va desde el cambio de distribución, con el objeto de cumplir los estándares de ventilación, distribución y superficies, como la reforma de acabados e instalaciones. Con el nuevo aislamiento de la vivienda, la nueva carpintería exterior con doble acristalamiento y la nueva calefacción de hidroestufa de pellets se consigue que la vivienda reformada alcance una calificación energética A», explican desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, departamento desde el que resaltan el triple objetivo del programa: facilitar vivienda a quien lo necesite desde un enfoque social, asentar a la población en el medio rural y generar actividad económica en el medio rural.

La Junta es la administración tractora de este programa que persigue facilitar el acceso a un hogar en poblaciones del medio rural a precio asequible, pero en la iniciativa participan también diputaciones provinciales y obispados. De los más de 30 millones de inversión empleados en este momento, las primeras han aportado 3,74 millones de euros y los segundos, casi 1,7.

No todas las viviendas ni todos los municipios son susceptibles de participar en este programa autonómico de rehabilitación de inmuebles para destinar a residencia habitual. Los edificios deben estar ubicados en poblaciones que no superen los 5.000 habitantes, ser de propiedad pública y libre de cargas. Si se dan estas premisas, el siguiente requisito a superar es que haya demandantes de vivienda en esas localidades que estén inscritos en el Registro Público de demandantes de vivienda de protección pública de Castilla y León. Al menos uno si el municipio no llega a 200 habitantes; dos en el caso de contar con un padrón que oscile entre 201 y 500 habitantes; tres si la población se mueve entre los 501 y los 1.000 residentes oficiales, y cuatro en pueblos que van de los 1.001 a ese límite de 5.000 habitantes.

La consejería fija también un coste máximo para la rehabilitación, con un tope de 80.000 euros (sin IVA). Las obras que superan esa cuantía pueden recibir el visto bueno si es el Ayuntamiento quien financia el exceso de factura.

Tras la puesta a punto de la vivienda, será la administración municipal la que gestione el alquiler. Siempre para una residencia habitual y a un precio asequible, ya que la renta que abone el inquilino no podrá superar un tercio de sus ingresos ni los 3 euros máximo por metro cuadrado útil.

La incorporación al mercado inmobiliario de la vivienda se articula mediante un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento en el que los responsables municipales se comprometen a que se destine a alquiler social durante al menos diez años. Si el Consistorio decidiera vender la vivienda tras ese periodo, debe ofrecer a la Junta la posibilidad de comprarla antes de buscar otros candidatos a propietarios.

Los criterios de selección de los inquilinos de las viviendas de Rehabitare deben ser públicos, con preferencia a los colectivos que la ley autonómica de vivienda considera más vulnerables, dando prioridad dentro de ellos «a los jóvenes para promover su emancipación y a las víctimas de la violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y a las personas sin hogar».