Carriedo rebaja el anuncio de Vox de oponerse desde la Junta a la Ley del Aborto

La Junta de Castilla y León no será ariete contra el Gobierno con el aborto. Dos días después de que el Consejo de Ministros aprobara la Reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo actualizada en 2010 y de que el vicepresidente Juan García-Gallardo respondiera a la medida con un «tendréis a la Junta enfrente» desde su perfil personal de Twitter, Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Ejecutivo de coalición de PP y Vox, ha fijado la posición oficial del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. Lo ha hecho rebajando las pretensiones de la parte de los de Abascal de 'guerrear' desde la institución contra una norma que debe abordar ahora el trámite parlamentario.

«Cuando se apruebe la Ley será de cumplimiento, pero en su integridad. Nuestra misión es garantizar el cumplimiento», remarcó Carriedo. El de las mujeres que deciden abortar y el de los profesionales que se acogen a la objeción de conciencia, explicó. Por el primero pasó levemente el portavoz de la Junta, que hizo sobre todo hincapié en trasladar «tranquilidad» a los sanitarios de que estará «garantizado» su derecho a no practicar interrupciones voluntarias de embarazos. «Un derecho no se puede poner por encima de otro», argumentó.

Esa advertencia del vicepresidente de que la Junta se iba a oponer frontalmente a la nueva regulación y el contenido de la reforma sobre el aborto capitalizaron este jueves la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz capeó 14 preguntas. Fernández Carriedo eludió en todas sus respuestas hablar de precipitación del dirigente de Vox al posicionarse en nombre de la Junta y en ningún momento desautorizó expresamente al vicepresidente.

«Todavía en el día de hoy no conocemos el contenido preciso de esa ley, es difícil entrar en profundidad», justificó Carriedo dos días después de esa advertencia firme de Juan García-Gallardo. El portavoz de la Junta afeó al Gobierno de España no buscar el «máximo consenso» con las autonomías, a las que influye la regulación a efectos sanitarios. También que utilice un «asunto muy sensible» como cortina de humo, «para que no se hable de lo que realmente afecta a los ciudadanos», que es según el dirigente del PP «la dificultad para llegar al fin de mes y la incapacidad propia para poder gobernar» sin determinados apoyos parlamentarios. El portavoz del Gobierno autonómico añadió que habría sido deseable esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional que debe enjuiciar la reforma que se hizo en 2010.

Carlos Fernández Carriedo sí expresó que le parece «equivocado que se excluya a los padres de esa decisión de abortar de sus hijas menores» y defendió que es «útil que las puedan apoyar y puedan estar a su lado». Sobre la baja menstrual por reglas muy dolorosas e incapacitantes, el portavoz consideró que ya estaba recogida en las bajas sanitarias. «Vamos a ver en qué medida introduce alguna novedad», emplazó el político palentino sobre una propuesta de regulación que implica, tal y como está redactada, que la Seguridad Social asuma el coste de esa baja desde el primer día y no haya jornadas sin retribución para la trabajadora. Lo que dejó claro el político del PP es que la Junta aplicará la ley nacional.

En relación con las provincias de la comunidad, que son mayoría, en las que no existen centros públicos que hagan abortos, lo que obliga al desplazamiento de las mujeres que deciden acogerse a la ley e interrumpir su embarazo, el portavoz enarboló de nuevo el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario y reiteró que la Junta garantiza el derecho de las mujeres «con financiación pública», pero que este no se puede imponer al derecho de los profesionales.

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