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La Junta va a «adecuar» su «política de selección de personal». Jesús Julio Carnero, consejero de la Presidencia de Castilla y León, ha avanzado que habrá cambios en el acceso a la plantilla autonómica para «reforzar de manera prioritaria políticas de reclutamiento eficaces». El objetivo, ... ha remarcado el consejero, es la captación de talento y eso implica la «actualización de los procesos de selección, contenidos y procedimiento».
Carnero ha manifestado ante los procuradores de las Cortes que tiene intención de reforzar la «profesionalización» de los tribunales de oposición y adaptar los procesos para poder incorporar «perfiles profesionales que se requieren para prestar los servicios públicos actuales».
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En la Consejería de la Presidencia recae la gestión de recursos humanos de la Junta como empresa y el consejero ha señalado que antes del verano se convocarán las plazas pendientes de las ofertas de empleo público de 2019 y 2020, lo que supone la puesta en el mercado laboral de 2.229 plazas para funcionarios y personal laboral para casi 40 ocupaciones no docentes, sin contar con las plazas que se incluirán en la oferta extraordinaria de estabilización para atajar la temporalidad. Esta última, en negociación con los sindicatos en estos momentos, estará aprobada antes del 1 de junio, con el compromiso del consejero de que se convocarán los procesos selectivos antes del 31 de diciembre.
En materia de personal no hubo en la intervención del consejero alusión alguna al retorno a la jornada de 35 horas que el personal de la Junta tenía antes de 2012, comprometida y firmada por el PP en 2019 y cuya falta de cumplimiento fue motivo de protestas durante la legislatura pasada, pero sí avanzó que está en la recta final el decreto que regulará el teletrabajo. También la modificación del que recoge las indemnizaciones, por ejemplo, por gasto de desplazamiento por el uso del vehículo particular para prestar el servicio público. Es algo que urgen los sindicatos ante los disparados precios de los combustibles. Carnero apuntó que están en ello, pero su intervención no recogió fecha.
El consejero anunció su intención de «transformar» las delegaciones territoriales de la Junta para dar mejor respuesta a las necesidades de la provincias. Carnero rescata entre sus compromisos el Plan de Convergencia Interior, instrumento concebido en el Estatuto de Autonomía para combatir los desequilibrios económicos y demográficos entre provincias, que el Gobierno autonómico aplicó en 2009, 2010 y 2011, para olvidarlo en los posteriores. «Tenemos la voluntad de gestionar nuevamente este Plan de Convergencia Interior», remarcó el consejero, que demandó «espíritu constructivo y solidario» de los responsables políticos para una aplicación que exige «solidaridad interna» para reforzar la atención de los vecinos residentes en las zonas menos pujantes con infraestructuras, servicios y presupuesto público.
Carnero se hace cargo de una consejería, con críticas del PSOE en el debate por el «excesivo» número de altos cargos y asesores, que suma competencias que tenía la de anterior de Transparencia. Para su titular y excompañero de Gobierno, Francisco Igea, que siguió la comparecencia como procurador de Cs, tuvo palabras de agradecimiento, que hizo extensivo a su antecesor, el popular Ángel Ibáñez, en una intervención en la que remarcó que guiará su trabajo el objetivo de «simplificar la vida de las personas, hacerla más sencilla».
El consejero de la Presidencia será el responsable de promover la Ley de Concordia que Vox ha impuesto al PP en el acuerdo de coalición. Carnero, en un discurso de 45 páginas, usó tres párrafos para este proyecto con el que pretende desempeñar una gestión «encaminada a cerrar heridas y no a reabrirlas». Jesús Julio Carnero, se ciñó al término de «concordia» y evitó el de «memoria histórica», pero garantizó la colaboración con el Estado y las instituciones de la UE, con previsión de llegada de fondos para localización de fosas, exhumación y «dignificación de las víctimas».
Tanto el socialista Luis Briones como Francisco Igea auguraron que esa normativa «revisionista» orientada por Vox va a generar discordia en Castilla y León cuando el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática no había generado ningún problema. «Es difícil meterse en un jardín más absurdo. Me van a tener que explicar cuál era el problema. Los tiros en la nuca están mal en el 36 y en el 90», remarcó el exvicepresidente de la Junta, que remarcó que igual reconocimiento debe tener un concejal asesinado por ETA en 1992 que un edil republicano fusilado tras el alzamiento franquista. Carlos Menéndez, portavoz de Vox, avanzó que la negociación de esa norma con el PP está avanzada y que habrá novedades muy pronto.
Briones destacó los reiterados «incumplimientos» en materia de Función Pública del PP -citó que el anterior consejero Ángel Ibáñez no tramitó ninguna ley de las que comprometió- y la falta de apoyo económico a los ayuntamientos por parte de la Junta. «Hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar el alumbrado», ha explicado el socialista, quien ha advertido que la Junta no ha recuperado el nivel de financiación a las entidades locales de 2011, situándose los 367 millones de euros previstos para 2022 lejos de los más de 600 de hace once años. «Y ninguna referencia a la regeneración política y a la corrupción», censuró el parlamentario del PSOE. «Borrón y cuenta nueva», ironizó Briones, tras recordar que están en puertas de juicio algunos de los casos que arrastra la gestión de gobiernos autonómicos del PP, caso de la compra del edificio bautizado como la Perla Negra
Francisco Igea valoró que Jesús Julio Carnero asume «afortunadamente» la labor de ser la «institutriz del vicepresidente» Juan García-Gallardo, líder de Vox, porque en la explicación del programa de legislatura quedaba claro que «va a ejercer y supervisar la tutela sobre las cosas del vicepresidente». Igea lamentó que el PP se meta en el 'jardín' de la Ley de Concordia y dé carpetazo a la nueva Ley de Transparencia.
«Pocas cosas para Soria, para el medio rural y sobre la despoblación», lamentó Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!. El parlamentario soriano demandó convenios con comunidades vecinas como la aragonesa. Explicó que un vecino de Santa María de Huerta tiene el hospital de Zaragoza a una hora y le toca hacer un viaje de cuatro a Salamanca para recibir tratamiento oncológico y de más de dos a Valladolid si tiene dolencias cardiacas. Ceña reclamó a Centeno incentivos para cubrir las «plazas remotas» de los funcionarios.
José Luiz Sanz Merino, portavoz del PP en la comisión de Presidencia, aseguró que el programa de actuaciones explicado por Centeno está «alineado» con el acuerdo firmado por el PP y Vox y con el resultado del 13 de febrero, destacando especialmente esos 367 millones de euros que la Junta transfiere a ayuntamientos y diputaciones. Y desde la formación ultraconservadora, Carlos Menéndez, reconoció que «hay un reflejo fiel y consideramos que completo» del pacto de su formación con el PP. «Ahí van a encontrar a Vox», concluyó.
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