La campaña para regularizar a las empleadas de hogar recauda atrasos de hasta 4.000 euros

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pusieron en marcha en el segundo semestre del año pasado la primera de las operaciones conjuntas para detectar y corregir las cotizaciones de quienes no las habían ido poniendo al día a medida que subían los salarios de las empleadas. También las de aquellos que no las habían incrementado de acuerdo al SMI, que es de 1.000 euros mensuales en 14 pagas desde el 1 de enero de 2022.

La iniciativa, promovida a raíz de una reclamación de las organizaciones sindicales, que habían detectado un gran número de casos con cotizaciones inferiores a las correspondientes al salario mínimo, se ha realizado en dos fases, primero con las contratadas a jornada completa y después con las de jornada parcial. Mediante el cruce de datos y dado que las liquidaciones se remontan a cuatro años atrás, los ministerios enviaron más de 40.000 cartas reclamando los atrasos.

Hay que recordar que en 2018 el SMI subió desde los 735 a los 900 euros de 2019, con el consiguiente aumento de la cotización a la Seguridad Social. Las empleadas de hogar tienen un sistema de cuotas propio que supone el 28,30% de una base de cotización que, a su vez, depende la retribución (el empleador abona el 23,60% de ese porcentaje y la empleada, el 4,70%). En el momento de la celebración del contrato las partes deben informar a la Seguridad Social del salario pactado pero en los años sucesivos, aun subiendo el sueldo que se abona neto, no todos informan al organismo para actualizar también la cotización.

En España cotizan a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar 378.350 personas, de las que 16.280 están en Castilla y León y una de cada cuatro de éstas (3.874) en Valladolid. La pandemia primero y la inflación después han propiciado que muchos hogares renuncien a este servicio y con respecto a las 17.343 afiliadas que había en febrero de 2020, la reducción es del 6,2% menos.

Tras el envío de las cartas, los afectados por la regularización reciben un plazo de tres meses para realizar el ingreso de las cantidades pendientes. Esta corrección del desajuste entre salario y cotizaciones no incluye sanciones, pero sí un recargo por efectuar los abonos fuera de plazo. Según las fuentes consultadas, una gran mayoría de empleadores, superior al 85%, lleva a cabo la regularización de manera voluntaria, ya sea a través de una gestoría, a través del portal de internet o de manera presencial. El resto lo hace cuando transcurren los tres meses y se levanta acta de infracción.

Para proceder a la regularización de salario y cotizaciones de las trabajadoras domésticas, el titular del hogar familiar ha de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real, que en ningún caso puede ser inferior al SMI, o la parte proporcional correspondiente a las horas trabajadas en caso de que la empleada no lo esté a jornada completa.

En la campaña de 2021, más del 82% de los empleadores regularizó la situación laboral de la empleada sin reducir su jornada de trabajo y el 93% de las regularizaciones llevadas a cabo se produjeron con incremento de la retribución respecto a la declarada antes de la recepción de la carta. Según el Ministerio de Trabajo, el incremento de las bases de cotización ascendió a 21,17 millones de euros y el crecimiento de los salarios, a 83 millones.