El borrador del presupuesto para 2018 estará listo el 15 de septiembre

Previo a ese traje inicial, que ­suele tener varias tallas de más porque los consejeros sobrepasan habitualmente la cifra orientativa de gasto que se les comunica y al que hay que entallar y afinar medidas con calculadora y tijera en sucesivas fases ­hasta llegar al que se remite a las cortes el 14 de octubre, entre el 18 y el 25 agosto tienen que llegar a la Dirección General de Presupuestos y Estadística los datos justificados de posibles cambios en las plantillas, en la denominación de los programas de gasto y las propuestas de creación, supresión y modificación de inversiones o iniciativas de gasto con reflejo en el presupuesto en vigor, el de 2017.

Estas denominaciones son clave para conformar el ‘esqueleto’ sobre el que se articulará el reparto de los ingresos que permitirán funcionar a la Administración autonómica: además de la Junta; las ­instituciones que conforman las Cortes de ­Castilla y León, el Consejo Consultivo, el Procurador del Común y el ­Consejo de Cuentas; y las empresas, fundaciones y entes públicos ­autonómicos.

2017 no va a ser un año ordinario para los departamentos de gestión presupuestaria de la Junta. Han lidiado con una prórroga de las cuentas de 2016, estrenado un presupuesto a mitad de año que empezaron a confeccionar en marzo –ambos, hechos extraordinarios– y se disponen ahora a preparar el proyecto presupuestario para 2018 en el plazo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, para que pueda recalar en las Cortes a mediados de octubre, aprobarse a finales de diciembre y entrar en vigor el 1 de enero, algo que no ocurrió con el de 2017.

Una orden firmada por Pilar del Olmo a finales de julio recoge las reglas generales para elaborar el presupuesto del próximo año. En ese documento se establece el objetivo que el presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera, fija como prioridad de la gestión de su gobierno para 2018 y que es «la consolidación de la recuperación económica y el empleo», en primer lugar, al que sigue «el mantenimiento de la calidad de los grandes servicios públicos». La orden recuerda que el presupuesto debe adecuar sus ingresos y gastos a los objetivos de estabilidad y deuda pública (objetivo de déficit y límite de endeudamiento) que ha marcado el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El documento elaborado por Economía y Hacienda establece que deben tenerse en cuenta los compromisos de gasto adquiridos y también consignar fondos para las actuaciones cofinanciadas con otras administraciones, caso de la Unión Europea (UE). A esto hay que sumar la obligación de que el 80% del gasto no financiero de las todas las ­consejerías sea destinado a los departamentos de Sanidad y Educación y a Familia e Igualdad de Oportunidades, que gestiona las áreas de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. El presupuesto para 2018 ­recogerá, además del desglose de las partidas de ingresos y gastos por consejerías y programas, seis anexos que complementarán la información. Se ­trata del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, y el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, en el que se recogerá la anualidad de 2018 y su ­reparto pormenorizado en las obras ­previstas en infraestructuras sanitarias, docentes o de servicios sociales. La proyección presupuestaria de este último plan se extiende hasta 2020.

A los dos anteriores se añadirá un tercer anexo para enumerar las actuaciones del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros y un cuarto sobre las actuaciones en Ciencia y Tecnología, que dará respaldo presupuestario a la Estrategia Regional de Investigación e Innovación. Los dos anexos que faltan atañen a la cooperación con ayuntamientos y diputaciones.

La Junta deberá presentar a las Cortes (lo suele hacer en septiembre) su propuesta de techo de gasto no financiero para el próximo presupuesto. Es un paso previo a la aprobación de las cuentas para 2018. A finales de ese mes o principios de septiembre, la consejera de Economía y Hacienda informará sobre los cambios fiscales que incluirá la Ley de Medidas. Esta cita está condicionada, desde las elecciones de 2015, por las negociaciones con Ciudadanos, puesto que el PP necesita de la abstención de este grupo o del procurador de UPL para poder sacar adelante el presupuesto. Así fue para las cuentas de 2016 y también, recientemente, en las de 2017. Aspiraciones de la formación naranja que no encontraron cabida hace unas semanas, volverán a plantearse ­ahora.