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Es el consejero de la vivienda, pero también el de la lucha contra el fuego, el de los disgustos del INE cada recuento del padrón de habitantes, del cuidado de la fauna, los rescates de protección civil o las modernas redes de calor de biomasa ... que calefactan barrios enteros. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández (León, 1961) llegó a la política autonómica en la etapa de Juan Vicente Herrera y sigue en activo con Alfonso Fernández Mañueco. Era magistrado y fue juez decano de León antes de ser nombrado delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Castilla y León y luego consejero de la Junta.
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–Tienen abierta la recepción de solicitudes de las ayudas al alquiler del 2023, ¿cómo va el ritmo de presentación?
–Queda tiempo hasta mediados de enero. En 2022 fueron 25.000 solicitudes y no esperamos menos.
–¿Confía en resolver esas ayudas en plazo? Tenían como límite julio y han pagado en noviembre.
–Con eso se ha hecho mucho cuestionamiento político por parte de la oposición. Al ser unas ayudas de alquiler tan exitosas, han buscado la forma de tratar de mancharlas hablando de retrasos y de cosas que no existen y con ello tratar de tapar el fracaso del bono joven del Gobierno de España, que ha dejado fuera a tres de cada cuatro jóvenes. La oposición ha hecho bandera en contra con las ayudas de alquiler para tratar de manchar un éxito indudable. Nuestras ayudas llegan, llegan a todos los que cumplen requisitos y con unas cuantías que pueden llegar a pagar las tres cuartas partes de la renta. 2.056 euros de media por ayuda este año.
–El retraso en resolver y pagar es algo comprobable.
–En el año 2022 tuvimos que hacer un convenio con el Ministerio y una nueva orden de bases. Todo se llevó hacia el final de año y la resolución también. Al hacerlo en diciembre, las familias, con la solicitud, presentan los recibos pagados. El tiempo (de tramitación) ha sido el mismo, pero más fácil para los ciudadanos.
–¿Entiende que haya habido malestar entre los solicitantes por la demora? Ustedes fijaban julio para resolver las ayudas.
–La percepción que yo tengo no es esa. Hemos recibido cartas de agradecimiento de los ciudadanos. Eso es un invento de la oposición para manchar estas ayudas, en un ataque de nervios por el fracaso del bono joven del Gobierno.
–Para acceder a esta subvención el alquiler no debe sobrepasar los 550 euros en ciudades como Valladolid o Burgos, ¿es un requisito acorde al mercado real?
–Eso se reajustó y fue novedad en 2022. Tratamos de ayudar a los que menos tienen, no es una ayuda general al alquiler de cualquier persona, sino para personas con ingresos módicos y alquileres módicos. Estamos con las personas más vulnerables. Ahí entran los jóvenes, porque hemos incluido la ayuda al pago de alquiler de una habitación, que antes no existía.
–Vuelve la Junta a construir vivienda pública centrada en el alquiler joven. ¿En qué volumen y con qué calendario?
–Tenemos tres líneas de actuación a favor de los jóvenes. Una para ayudarles a comprar una vivienda de mercado, no de la Junta, con avales del 17,5% para que puedan suscribir una hipoteca. La segunda son viviendas que construimos nosotros, unas que damos en alquiler y otras que vendemos. Las de alquiler serán 1.100 viviendas en ciudades en régimen de 'cohousing'. También vamos a construir otras 500 viviendas en el medio rural para jóvenes en las que vamos a perdonar el 20% del precio. Y además está el programa Rehabitare, que rehabilita viviendas en el medio rural para alquiler social y que se une a la bonificación tributaria en la compra de viviendas usadas. Si un joven en otra comunidad paga 15.000 euros en Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, aquí abona 15 euros.
–Tiene usted a los agentes medioambientales en pie de guerra.
–...Sí
–¿Con razón?
– A ver, nos preocupamos en mejorar el operativo de extinción de incendios forestales en muchos ámbitos y también mejoramos los medios de los agentes medioambientales. Les hemos proporcionado nuevos vehículos de alta gama, todoterreno y todocamino, su vestuario renovado de forma permanente, los mejores medios de defensa... Estamos mejorando los lugares donde trabajan... Les tenemos atendidos de forma extraordinaria... Ocurre que la Junta de Castilla y León, no la Consejería, está en negociación de unas nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo. Es una negociación abierta y ellos tienen la pretensión de mejorar determinadas condiciones y es legítimo. No ha terminado esa negociación. Ningún colectivo de la Junta tiene que estar privilegiado respecto a otro.
–Eso de que no haya privilegios es lo que ellos demandan, que si hay otros colectivos que accedan a puestos con mejoras por ser 'ultraperiféricos', se considere también así una plaza de agente medioambiental en Picos de Europa, la Demanda...
–Todo se va a valorar, pero cuando un agente medioambiental accede a la función pública no lo hace para estar en una oficina, lo hace para trabajar en el monte, no es una razón que puedan esgrimir. No es una función pública de alguien que está en una capital y le destinan al medio rural.
–¿Se puede rebajar la plantilla de estos profesionales en un contexto de mayor exigencia de sostenibilidad ambiental y cuidado del medio natural?
–Una cosa son las plazas previstas y otra las cubiertas. Las previstas ahora son 1.050 y nunca han estado cubiertas más de 900 en la historia de la Junta. Ahora están 782. Si hemos fijado inicialmente 971, ya quisiéramos tener 971 plazas cubiertas. No es correcto decir que vamos a rebajar el número de agentes medioambientales. Hemos aquilatado las plazas teóricas a la realidad.
–Acaba de culminar un verano que ha sido inusualmente benévolo en incendios forestales.
–Ha sido un año en el que se ha aplicado el primer paquete de mejoras del operativo. Hemos invertido 145 millones de euros. Con cuatro meses y no tres de época de peligro alto y con medios relevantes fuera de la época de riesgo alto, en primavera y en otoño. Probablemente todo eso ha ayudado, pero también las condiciones meteorológicas han influido (en ese balance de incendios forestales). Ha habido cuatro olas de calor en verano, pero no han ido acompañadas de vientos erráticos de hasta 80 km/hora y de humedades muy bajas, que dieron lugar a los grandes incendios de 2022 en todos los territorios.
–La revitalización del padrón pasó esta legislatura a su consejería, ¿en qué trabaja?
–La Junta lleva trabajando contra la despoblación desde hace muchos años. Es una tarea que nos ha puesto el presidente a todos los consejeros y consejeras, luchar a favor de la población y repoblación del medio rural. En los presupuestos de la comunidad hay un anexo en el que todos tenemos que identificar proyectos e inversiones destinadas a mejorar la población...
–Ese anexo estaba ya en la etapa de Juan Vicente Herrera.
–Eso fue al final de Herrera y al principio del nuevo presidente. Trabajamos en garantizar la igualdad en el acceso a los servicios y las inversiones en el medio rural. Lo ha puesto de manifiesto el informe PISA, en educación. Impulsamos el transporte a la demanda gratuito, o el acceso a la vivienda en el medio rural... Estamos trabajando en una Estrategia sobre el Reto Demográfico. Y en dos normas, una de blindaje de los servicios públicos en el medio rural por ley y un anteproyecto de ley de lucha a favor del reto demográfico y por el desarrollo rural. Esperamos presentarlo en 2024.
–¿Con todo lo que me está diciendo la Ordenación del Territorio es un proyecto superado?
–No. Ordenar el territorio es que haya una estructura que permita que los servicios públicos lleguen a todo el territorio en igualdad. Eso se está haciendo ya, con los 3.600 consultorios médicos y los centros de salud por ejemplo. Y existen una planimetría educativa o servicios sociales.... Si lo que me pregunta es sobre instrumentos formales como la Lorsergo (Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de 2013), las ubost (mapa de unidades básicas de servicios), estamos estudiando su utilidad para adaptarlos al objetivo final... Somos un Gobierno que queremos ser útil. Otros, a lo mejor se preocupan por formalidades, nosotros esas figuras queremos que sean útiles.
–Ese empeño en las figuras jurídicas fue una prioridad del PP, en la etapa de Juan Vicente Herrera, en Ordenación del Territorio.
–Sí, y alguna de esas figuras están ahora en vigor, lo que pasa es que evoluciona Castilla y León, los problemas, las necesidades y hay que adaptarse a las realidades. Nuestra prioridad ahora es ser absolutamente útiles.
–La Ley de Lucha contra el Cambio Climático es un compromiso suyo. ¿Influye el pacto con Vox en que no haya aún un texto?
–No. Nuestros socios no están en contra de que se adopten medidas para evitar que esta situación climática que vivimos cause perjuicios a familias y empresas. Están en contra, y nosotros también, de que se utilicen nomenclaturas para atacar al oponente y buscar una especie de talibanismo terminológico. Estamos trabajando en esa ley. Es un anteproyecto complejo.
–Castilla y León es aún una comunidad en la que la desgracia de sufrir un accidente de tráfico y necesitar bomberos parar ser rescatado lo es más en unas provincias que en otras. Es un servicio que depende de las diputaciones, pero la Junta se ha implicado en la coordinación.
–Efectivamente. La dotación del servicio de bomberos, extinción de incendios, salvamento y rescate necesitaba un impulso en el medio rural. Las ciudades tienen sus parques de bomberos bien dotados. En el 2021 dictamos un decreto en el que identificábamos cuál era esa implantación de parques en el medio rural para garantizar un servicio homogéneo en tiempo. Fue un decreto muy atacado por el PSOE.
–Y criticado por diputaciones gobernadas por el PP.
–Y por las diputaciones... Y ha sido el revulsivo. Ha permitido generar una inquietud en las diputaciones. Todas, algunas tenían más y otras menos, se están dotando de parques de bomberos con personal público y reforzado con voluntarios. Y lo que hemos hecho es ayudar económicamente con 37 millones de euros en subvenciones.
–Valladolid contaba con parques de bomberos desde hace muchísimo tiempo, otras provincias no. ¿Ha habido dejadez por parte de esas diputaciones?
–Lo que sí se puede decir es que Ramiro Ruiz Medrano (expresidente de la de Valladolid) fue visionario en su tiempo...
–Los parques de la Diputación de Valladolid eran de antes.
–Ramiro Ruiz Medrano consolidó ese sistema de gobiernos anteriores, pero él fue un artífice especial que permitió que Valladolid contase con una red que es a lo que hay que tender. El resto de diputaciones consideraron otro tipo de prioridades... Entendemos que era necesario mejorar y ampliar esas estructuras. Tenemos que felicitarnos porque eso supone una mayor defensa ante el fuego urbano, periurbano y agrícola.Hasta ahora un tercio de las intervenciones del operativo de extinción de incendios forestales no era apagando incendios forestales, era protegiendo las poblaciones y ese no es nuestro cometido. Seguiremos estando ahí, pero es muy bueno que se potencie esa protección.
–Hay un nuevo Gobierno de la nación. ¿A cuántos ministros tiene usted como interlocutores?
–A varios. A quien tiene las responsabilidades de Vivienda, a quien tiene las de Medio Natural o de Energía, a quien tiene las de Emergencias, o infraestructuras industriales, porque por encargo de la Consejería de Economía y Hacienda compartimos la ejecución de un plan de polígonos industriales... Tenemos varios ministerios con los que debemos mantener una relación directa. En el pasado, la interlocución no ha sido fácil. Esperemos que este Gobierno sea más diligente en ese trabajo conjunto.
–Bruselas acaba de avalar la posición de Castilla León y las comunidades loberas y plantea rebajar la protección del lobo. ¿Confía en que el Gobierno de España dé marcha atrás?
–El Gobierno cambió el estatus del lobo al norte del Duero de protección simple a estricta protección en 2021. Por pura ideología, porque la conservación de la especie era favorable. Ahora la Comisión Europea se ha pronunciado con contundencia en sentido contrario y no le queda más remedio al Gobierno de España que derogar aquella orden ministerial. Recuperaríamos la posibilidad del control de la especie volviendo a la búsqueda del equilibrio en los daños, crecientes, que el lobo ocasiona a la ganadería. En resumen, gana la ganadería, gana el medio rural y gana la propia conservación de la especie. La Junta de Castilla y León tenía razón y la ministra Ribera, no
–Se acaba de producir un relevo en la Delegación del Gobierno. ¿Qué cree que puede aportar Nicanor Sen a las relaciones entre la Junta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez?
–Primero, como leonés que soy, que sea leonés me parece muy bien, me agrada. El presidente de la Junta ya valoró su discurso y dijo que destacaba su talante de diálogo. Francamente es un buen propósito, lo malo es que el del Gobierno que representa es el contrario y le deja un papel muy complicado, por muchos propósitos que tenga Sen.
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