Castilla y León

El 'banco malo' no encuentra salida para 2.800 viviendas desde hace diez años

«Llevamos más de seis años trabajando con la Sareb y la experiencia no es precisamente buena», asegura la directora general de Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, María Pardo. «Cuesta hasta que te cobren», resume.

En su web, la Sareb informa, con «información actualizada», que tiene 46.542 viviendas en España y otras 14.202 «en curso». En la comunidad anuncia 2.794 adquiridas a los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y 880 en curso, mientras que en Valladolid refiere 672, de las que 335 están en la capital. En el conjunto de Castilla y León atesora también 2.816 garajes y trasteros, 3.836 unidades de suelo y 859 unidades de uso terciario.

A la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta se dirigió la Sareb recientemente para tantear la posibilidad de repetir, ampliado, el plan de traspaso de 100 viviendas para destinar a alquiler social que llevaron a cabo en 2015.

«Antes de nada», señala María Pardo, «no puedo sino manifestar mi sorpresa, otra vez, por la forma de hacer las cosas del Gobierno. El asunto de la vivienda nos concierte directamente a las comunidades, pero no se nos convoca a una conferencia sectorial sino que nos enteramos de los planes por la prensa, como también ha sucedido con la ley de vivienda que han anunciado». La directora general se declara «de acuerdo con el objetivo de ampliar el parque de vivienda en alquiler social», pero lamenta «que se obligue a los gobiernos autonómicos a gestionar los planes tal y como vienen». Recuerda la reciente polémica sucedida con el bono de alquiler joven anunciado por el Gobierno, que cuando la Junta hubo de materializar terminó con 16.082 solicitudes y solo 3.827 beneficiarios.

Hace seis años, la Sareb y la Junta llegaron a un acuerdo para la cesión por parte de la primera de un centenar de viviendas que destinar a alquiler social. «Algunas estaban ocupadas por personas que no podían pagar, otras estaban en localidades donde no había posibilidad de alquilar y también las había en unas condiciones que eran de habitabilidad», relata Pardo. Al final se llegó a un acuerdo para el traspaso de 81. Posteriormente el 'banco malo' se dirigió a la Junta para además de la gestión se hiciese con la titularidad de los pisos.

«De momento hemos comprado 16, mientras que el resto solo las gestionamos», explica. «La relación con la Sareb es, cuando menos, complicada. Es algo que le pasa a todas las administraciones: no te cogen el teléfono, cuando te lo cogen tardan en contestarte o pasa el tiempo y no hay comunicación... cuesta hasta que te cobren», asegura. La Sareb anunció el acuerdo en octubre de 2015 y la venta de las últimas 10 se cerró en diciembre de 2022.

Ahora, en un nuevo intento por llevar a cabo un traspaso de viviendas para alquiler social, la sociedad pública hizo llegar a la Junta un listado de 2.476 inmuebles. «Al analizar la documentación resultó que allí había de todo: garajes, locales, suelo... viviendas eran 888, pero con lo que nos remitieron no hay manera de saber si están construidas o en fase de construcción; si vale la pena asumirlas o exigen una inversión para rehabilitarlas que es inviable; las hay en municipios donde no existe demanda de alquiler...».

Las 81 viviendas traspasadas en la anterior operación están alquiladas a personas y familias a un precio que oscila entre los 125 y los 400 euros mensuales, dependiendo de dónde se encuentra n situadas y de su superficie, así como de las circunstancias personales, económicas y sociales del inquilino, que, en ningún caso, aporta más del 30% de sus ingresos.

«Apoyamos como medida las operaciones de venta de la Sareb porque estamos de acuerdo con que hay que incrementar el parque público de viviendas en alquiler, pero las formas no son de recibo. Está muy bien hacer anuncios y promesas pero ¿alguien ha estudiado cómo se va a llevar a la práctica el proyecto? Ni siquiera tienen claro el número de viviendas de la Sareb, como lo prueba que ya (José Luis) Ábalos (el anterior ministro de Fomento) habló de un plan para el traspaso de 100.000 viviendas», comenta María Pardo.

El secretario general del PSOE Castilla y León, Luis Tudanca, señalaba este lunes sobre la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler asequible de jóvenes que las comunidades son las que deben gestionar los parques públicos de vivienda de alquiler y que «estaría bien que lo hicieran aportando recursos propios». «La Junta ha recibido 21 millones de euros para el bono joven y, cuando lo han tramitado, son tal desastre que han dejado fuera a buena parte de los solicitantes y han rechazado poner fondos adicionales», ha señalado.

Esta mañana, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguraba que las 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible de jóvenes y familias responden a «una medida más dentro de las medidas» que está impulsando el Gobierno en materia de vivienda. «Mañana aprobaremos en el Consejo de Ministros ese acuerdo», apuntaba la ministra en una entrevista en 'Al Rojo Vivo', recogida por Europa Press.

El plan de la Sareb también provoca más dudas que certezas a Óscar Rodríguez, director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, para quien es «un claro ejemplo de anuncio electoralista». «Lleva doce años sin poder quitárselas de encima y ahora pretende usarlas para solventar un problema que requiere de un enfoque más serio», afirma. En su opinión, el parque de viviendas con que cuenta el 'banco malo' no es apto para destinarlo a alquiler social porque «abundan los pisos inhabitables, muchos están fuera de las ciudades, como sucede con los edificios que actualmente están okupados en Arroyo o Zaratán y se corre el riesgo de crear guetos, como ha sucedido en Francia».

Además, Rodríguez alerta de un posible impacto perjudicial en el mercado del alquiler: «Con medidas como esta y lo que se ha anunciado de la Ley de Vivienda se desincentiva la oferta en el mercado libre, ya que los pequeños propietarios evitan invertir en sus viviendas para ponerlas en arrendamiento y los grandes tenedores prefieren venderlas».

Mientras tanto, la población joven de Castilla y León sigue sometida a una fuerte dependencia familiar, con solo el 14,7% emancipada a finales de 2021. Acceder a una vivienda sin superar el umbral de sobreendeudamiento sigue siendo misión imposible, al tener que destinar el 53,8% del salario para el pago de la renta de alquiler, según el Observatorio de Emancipación que elabora el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que cifra la tasa de pobreza entre las personas jóvenes en el 18,9%.

Para la presidenta del consejo, Sandra Ámez, «es fundamental desarrollar políticas públicas adecuadas, principalmente en materia de vivienda y empleo, que permitan a las personas jóvenes no estar inmersas en una precariedad y fragilidad laboral, que posibiliten su emancipación y el desarrollo de un proyecto vital en nuestra tierra, no viéndose obligadas a emigrar».