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Azucarera tendrá que abonar 3.570.000 euros a unos mil remolacheros de Castilla y León, la diferencia que la compañía dejó de pagar en la campaña 2019-2020 tras salirse del acuerdo marco interprofesional (AMI) vigente en aquel momento, tal y como ha ... condenado la Corte Arbitral de Madrid. Así lo explicó en rueda de prensa, Donaciano Dujo, presidente de Asaja, una de las organizaciones agrarias que recurrió al laudo contra la empresa.
Dujo pidió a Azucarera que «cumpla de manera inmediata el laudo», que en el conjunto del país supondrá para la empresa el desembolso de 6,5 millones de euros para un total de 2.500 agricultores. Esa cantidad se traduce en unos 4,20 euros por tonelada entregada en esa campaña.
Pero si importante es el aspecto económico, Dujo no dejó de valorar el descenso en el número de hectáreas y de cultivadores que se han ido sucediendo desde entonces. «Azucarera tiene el 50% de hectáreas que tenía en 2018, los agricultores no entendieron que rompiera el AMI, por debajo de 42 euros la tonelada no salen las cuentas». Según los números de Asaja, Azucarera mantenía contratadas en 2018, 14.500 hectáreas de las 25.000 que había sembradas en Castilla y León mientras que en 2020, de las 17.825 hectáreas que se cultivaron, 7.325 se entregaron en las tres fábricas de la multinacional en la región. El resto del cultivo estuvo en manos de la cooperativa Acor, 10.500 hectáreas. El número de cultivadores ha pasado de 3.300 a 2.140.
Azucarera también se pronunció al respecto y mediante un comunicado afirmó que trabaja ya en el cálculo de la cantidad exacta que corresponderá abonar a cada agricultor y, «durante las próximas semanas, los técnicos de campo procederán a contactar con sus agricultores asignados para comunicarles la cifra exacta y articular el pago». Según explicaron, «la antigua oferta comercial estaba integrada por un precio base de 25,45 euros, una compensación por pulpa y dos complementos que dependían de la distancia a la fábrica y del rendimiento del agricultor, por lo que el importe exacto a satisfacer a cada agricultor será distinto y vendrá determinado en función de la distancia a la fábrica y el rendimiento».
El segundo de los laudos que llegó hasta la Corte de Madrid fue el de la Alianza UPA-COAG que también ha sido favorable a la organización. «Es trascendental para el sector remolachero ya que las organizaciones profesionales agrarias podrán negociar en los AMI 'Cláusulas de reparto de valor' y la negociación del precio base solo la podrán hacer los agricultores en sus contratos bien individualmente (agricultor a agricultor) o bien colectivamente (contratando con Azucarera a través de la organización, cooperativas o empresa en la que haya cedido su contratación)», informaron desde la Alianza.
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