Castilla y León

Ayudas al alquiler: más beneficiarios nacionales que extranjeros y más mujeres que hombres

Y esos pagos han llegado principalmente a hogares que declaran vivir en el entorno de los 600 euros mensuales (el 43,48% de los beneficiarios no superaba un Iprem, que son 8.106,2 euros anuales), a más mujeres (generalmente con hijos a cargo) que hombres y a más nacionales que extranjeros. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, precisó que el 75,56% de los beneficiarios de la ayuda tienen nacionalidad española, 13.946 de esos 18.456, y que el porcentaje de inmigrantes que acceden a este apoyo, el 24,44% en esta ocasión, ha descendido respecto a los últimos años. Suárez-Quiñones salía con datos al paso del bulo de que los llegados de otros países copan estas ayudas. «Ha habido una disminución del porcentaje de personas extranjeras... Son personas que cumplen los requisitos, con residencia legal en Castilla y León y que aportan a Castilla y León población, trabajo y actividad», subrayó el consejero.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha resuelto las ayudas dentro del plazo legal, concretamente casi un mes antes de que venciera ese límite, circunstancia que no se dio en años anteriores y que motivó el otoño pasado una agria polémica. La Junta pagó entonces las ayudas de alquiler de 2022 en noviembre de 2023. Esa demora no se ha dado ahora con una convocatoria en la que se han tramitado más solicitudes (27.287) y que aumenta beneficiarios. Los 18.456 que han recibido respuesta positiva son 4.179 más que la vez anterior.

Suárez-Quiñones ha destacado la «universalidad» de esta ayuda en Castilla y León, que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunidades, perciben todos los solicitantes que cumplen las exigencias de la convocatoria. «No hemos dejado fuera absolutamente a nadie. Todas las personas que cumplen los requisitos y los justifican tienen la ayuda. Los que no la reciben son los que no los han cumplido», precisó el consejero. Para hacer frente al pago de todas las ayudas, las arcas autonómicas suplementan con algo más de 25 millones de euros de fondos propios los 15 que el Plan Estatal de Vivienda asigna a Castilla y León para estas subvenciones.

Entre las novedades de tramitación de esta convocatoria ha estado la modalidad de renovación de la ayuda para aquellas personas que ya la cobraban. De los más de 18.000 beneficiarios finales, han sido 10.117 los que se optaron por esta vía, que implicaba no tener que volver a presentar toda la documentación. Eso ha contribuido a agilizar los trámites, pero el consejero avanzó que están evaluando la fórmula de solicitud de renovación y sopesan cambios que incidirían en incorporar nuevos controles para la comprobación de que estos solicitantes que optan por la vía menos burocrática siguen cumpliendo los requisitos que les hacen acreedores de recibir la ayuda.

No es la única cuestión susceptible de cambio en la convocatoria que la Junta pondrá en marcha a finales de año. Suárez-Quiñones se mostró abierto a valorar el requisito del precio de alquiler de la vivienda que en ciudades como Valladolid, Segovia, Burgos o Salamanca, con un mercado de arrendamiento más complicado, no puede superar los 550 euros mensuales. 1.041 solicitantes de la ayuda autonómica la pedían para pisos que superaban ese coste y se les ha denegado, contingente al que hay que añadir los que directamente no la solicitan porque saben que se pasan de precio. El consejero avanzó que están abiertos a analizar los precios, pero también matizó que son ayudas «sociales», orientadas a las familias que pasan más apuros y que la Administración no cuenta con un presupuesto «infinito» para flexibilizar requisitos.

Del total de beneficiarios, 5.594 son jóvenes menores de 36 años. A todos ellos la Junta les abonará el 60% del coste de su alquiler, mejora que ampliará al 75% en el caso de jóvenes residentes en municipios rurales, que son 1.115 en esta convocatoria. Entre los titulares de las cuentas bancarias en las que la Junta ha ingresado la ayuda hay 1.740 personas mayores de 65 años y 1.945 cabezas de familias numerosa.

Ha habido 6.087 solicitantes que habían alquilado viviendas en pueblos. 3.905 la han recibido, cifra que incluye a esos 1.115 jóvenes a los que la Junta abona el 75% de lo que pagan por el arrendamiento de su vivienda.

Los motivos para denegar las ayudas son, por este orden, superar el límite de ingresos, no acreditar requisitos tras requerimiento de los tramitadores, no estar empadronados en la vivienda, superar el precio tope que marca la Junta por el alquiler, no estar al corriente de las obligaciones con Hacienda o la Seguridad Social, no ser titular del contrato de alquiler, ser propietario o usufructuario de otra vivienda, desistir de la ayuda o haber presentado la solicitud fuera de plazo.