Una auditoría de la etapa de PP y Cs arroja que mejoró la gestión de Sacyl

Ese informe refleja que el equipo de la Consejería de Sanidad bajo la gestión de Ciudadanos en la legislatura anterior, con Verónica Casado como consejera y Manuel Mitadiel como gerente de Sacyl, logró poner coto a la práctica de huida hacia adelante con las facturas pendientes que se daba en un organismo, la Gerencia Regional de Salud, con un presupuesto que se quedaba corto año tras año.

«La Gerencia Regional de Salud reduce a 32 millones de euros las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto, la mitad que en 2020 y el menor importe de los últimos años», indican los responsables del Consejo de Cuentas, que preside Mario Amilivia, sobre el informe presupuestario del año 2021 que han registrado este lunes en las Cortes de Castilla y León y que escruta a lo largo de 358 páginas la dación de cuentas de la Junta sobre el año que culminó, a finales de diciembre, con la disolución de las Cortes con la que Alfonso Fernández Mañueco finiquitó la coalición con Ciudadanos y adelantó las elecciones en Castilla y León.

¿Son muchos o pocos esos 32 millones en obligaciones pendientes de pago a proveedores que Sacyl no había consignado al cierre de ese año? En 2018, último ejercicio completo con gobierno del PP en solitario, esa bolsa de facturas que estaban sin registrar debidamente ascendía a 184 millones de euros, según puede comprobarse en la fiscalización que los auditores del Consejo de Cuentas hicieron entonces. A eso añadieron la existencia de «obligaciones» que se arrastraban de años anteriores «indebidamente imputadas al año 2018 por un importe de 126 millones de euros». El Consejo de Cuentas reflejó que en 2017 Sanidad saldó 422 millones de números rojos de años anteriores, pero aparcó otros 132. Todo ese arrastre irregular había sido reducido tres años más tarde a 32 millones de euros.

«En los años 2020 y 2021 se han incrementado los créditos, lo que ha permitido que se imputen a presupuesto corriente tanto los gastos generados en estos ejercicios, como los correspondientes a ejercicios anteriores que habían quedado pendientes de imputar por falta de crédito», precisan en el informe los técnicos del organismo que hace las veces de Tribunal de Cuentas autonómico y que evalúa el correcto empleo de los fondos públicos y el cumplimiento de la normativa de contratos por parte de las Administraciones de la comunidad.

La Gerencia Regional de Salud gestionó un presupuesto definitivo en 2021 que sobrepasó los 4.437 millones de euros, según los cuadros recogidos en una fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad que sitúa los gastos totales de la Junta en los 12.917 millones de euros. Una cuantía que «aumentó un 2% respecto del ejercicio anterior, después del incremento del 13% experimentado en 2020 con la aportación del Estado de recursos adicional por la pandemia de la covid-19», constata el documento.

Hay una cuenta, la 413, que sirve de termómetro para medir el oxígeno o la asfixia en la gestión de la Junta. A ella van las facturas reconocidas pendientes de imputar al presupuesto, las que se guardan en el cajón. En 2021 el saldo de esa cuenta disminuyó el 10% respecto a 2020, aunque seguía siendo la Gerencia Regional de Salud el organismo que más uso hacía.

La auditoría refleja que el presupuesto inicial con el que partía la Junta en enero de 2021 fue de 12.286 millones de euros y se autorizaron modificaciones por un montante de 631 millones de euros. De estos últimos, el expediente de mayor importe, 232 millones, fue tramitado por el Instituto para la Competitividad Empresarial para financiar ayudas directas a autónomos y empresas con el fin de hacer frente a los efectos de la pandemia. 96 millones destinados a estos apoyos no se ejecutaron: o no hubo solicitudes o parte de estas incumplían requisitos.

Los técnicos del Consejo de Cuentas constatan que el periodo medio de pago a proveedores fue en el 2021 inferior al límite de 30 días que marca la normativa sobre morosidad en once de los doce meses, con la Consejería de Educación a la cabeza en la rapidez del abono de facturas.

El Consejo de Cuentas recuerda al Gobierno autonómico, como en años anteriores, que debería contar con registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, herramienta de gestión que sigue siendo una asignatura pendiente en la Junta.