PP y Cs auditarán a 16 entes públicos de la Junta para decidir sobre su futuro a mediados de 2020

Los portavoces de los grupos parlamentarios Popular y de Ciudadanos, Raúl de la Hoz y Carlota Amigo, presentaron en las Cortes esta comisión, formada por diez miembros -cinco a propuesta de cada partido-, que da cumplimiento al punto tercero del acuerdo de gobierno entre las dos formaciones, que preveía la creación de este órgano que tendrá un carácter «técnico» puesto que analizará balances, presupuestos, políticas y el volumen de recursos humanos.

Los dos partidos han decidido afrontar sin «prejuicios» los análisis sobre las entidades, que se realizarán de uno en uno, según manifestaron Raúl de la Hoz y Carlota Amigo. Además, la representante de Cs trasladó un mensaje de «tranquilidad» a los trabajadores -más de 200-, puesto que en primer lugar se abordará una evaluación, que al final del proceso determinará si se debe mantener el ente, suprimir, fusionar con otro o transformar su naturaleza jurídica.

Las 16 entidades que se ponen bajo lupa de la comisión se han elegido en función del criterio de que la Junta tenga poder de decisión sobre su continuidad. De esta forma, se excluye la Fundación Villalar-Castilla y León, que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, abogó por suprimir. También se quedan fuera la Gerencia de Salud (Sacyl), el Ente Público de Empleo (Ecyl) y la Gerencia de Servicios Sociales, porque a juicio de Cs son organismos autónomos que operan como la administración general e incluso están sometidos a una mayor evaluación.

Los entes que se analizarán son el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), la empresa Somacyl, el Consejo de la Juventud, el ERE (Ente Regional de la Energía), el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), la Agencia para la Calidad del sistema universitario de Castilla y León, el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud y nueve fundaciones.

Éstas últimas son: Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales, Fundación Hemoterapia y Hemodonación, Fundación Anclaje, Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos, Fundación Centro de Supercomputación, Fundación Patrimonio Natural, Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León y Fundación Siglo.

Los integrantes de la comisión son por parte del PP el portavoz adjunto del Grupo, Miguel Ángel García Nieto; la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Araceli Valdés; y los secretarios generales de Agricultura, Economía y Fomento, Eduardo Cabanillas, José Ángel Amo y Ángel Marinero, respectivamente. Por Cs, los elegidos son la portavoz parlamentaria; los viceconsejeros Raúl Fernández Sobrino (Cultura y Turismo) y Fernando Navarro (Transparencia), y los directores generales de Ordenación del Territorio, Antonio Calonge, y de Atención a los Ciuadanos, María García.

De esta forma, la comisión que inicia su andadura solicitará informes a los 16 entes seleccionados. Además, las consejerías se encargarán también de evaluar la labor de estas entidades, si cumplen los fines para los que se crearon y si están en condiciones de asumir la tarea que ahora tienen encomendados estos entes, con igual o mayor eficacia o con igual o menor coste. No obstante, Cs no descarta encargar si fuera necesario una auditoría externa, aunque confía en los técnicos de la Junta.

El calendario que manejan PP y Cs indica que a mediados de enero tendrán los primeros informes para comenzar a estudiar cada entidad, según explicó Carlota Amigo. En un inicio quería contar con estos documentos en diciembre, si bien desde la Junta les han trasladado que en el último mes del año tienen una mayor carga de trabajo debido al cierre del ejercicio, por lo que han ampliado el plazo unas semanas.

La portavoz de Cs recalcó que el objetivo es estudiar la «utilidad» del sector público autonómico para comprobar cómo está «funcionado» y qué servicio dan a los ciudadanos, puesto que destacó se financian con los impuestos de los castellanos y leoneses. Además, garantizó que la comisión actuará con transparencia y que se conocerán los informes y avisó de que su objetivo es que no se ralenticen los trabajos.

El 'popular' Raúl de la Hoz destacó que la «nueva revisión» parte de la racionalización hecha entre 2012 y 2017 que redujo de 90 a 57 las entidades públicas de la Comunidad, lo que supuso -dijo- el cumplimiento del 96,5% de los objetivos fijados entonces por el Ministerio de Hacienda. Además, remarcó que Castilla y León se convirtió en una de las comunidades con un sector público más reducido, por detrás de La Rioja (24), Cantabria (46) y Murcia (50), pero muy lejos de Andalucía (304) o Cataluña (389).

Por ello, el 'popular' destacó que el análisis actual se centra sobre un entramado «evidentemente reducido», como lo demuestra en su opinión que la Junta lograra rebajar en un 52% el gasto corriente del sector público, al pasar de 135 a 65 millones de euros. Finalmente, De la Hoz remarcó que estudiarán si se hacen las «cosas» de forma «correcta» y «bien» y si el coste de sus servicios puede ser inferior. Para ello, analizarán la eficacia en la gestión y la eficiencia en el gasto.