El auto de sobreseimiento definitivo emitido por la Sección Cuarta de la Audiencia hace suyos los argumentos de la Fiscalía de Valladolid, en cuyo decreto de archivo previo aludía a la imposibilidad de determinar la autoría de la persona o personas que votaron varias veces de forma telemática para beneficiar a Clemente. Tras determinar la competencia de la denuncia (Burgos o Valladolid), el juzgado de instrucción número 6 de Valladolid instruyó la denuncia de esta plataforma burgalesa y decretó el sobreseimiento de las diligencias, pero los denunciantes decidieron recurrir la decisión de la magistrada instructora ante la Audiencia Provincial, que ahora ha ratificado de forma definitiva dicho archivo.
En marzo de 2020, el Juzgado número 4 de Burgos admitió a trámite e incoado diligencias previas por presunta falsedad documental en las primarias que Ciudadanos celebró los días 8 y 9 de marzo de 2019 para elegir a su cabeza de lista de las elecciones autonómicas de Castilla y León.
El propio partido reconoció entonces que había habido irregularidades en la votación, al señalar primero como vencedora a la exdirigente del PP de Castilla y León, Silvia Clemente, y después corregir el resultado y dar el triunfo a Francisco Igea, actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León por el pacto con el Partido Popular.
En el auto se indicaba que, con carácter previo, tenía que decidirse la competencia del juzgado de Burgos para realizar las diligencias previas, dado que el asunto llevaba meses investigándose en la Fiscalía de Valladolid.
Tras la denuncia interpuesta por particulares residentes en Burgos, la jueza dio traslado al ministerio fiscal para que informara sobre si la competencia para instruir la causa debía llevarla un juzgado de Burgos o un órgano judicial de Valladolid y el asunto se derivó a la Fiscalía vallisoletana, que ya estaba investigando el asunto.
En marzo de 2019 la comisión de garantías y valores de Ciudadanos otorgó la victoria a Francisco Igea en las primarias de la formación naranja tras declarar nulos 82 votos que no se pudieron atribuir a ningún afiliado, después de que el propio Igea recurriera el resultado tras detectar irregularidades en los votos recibidos por la otra candidata, la expopular y expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ya que la cifra total de votos emitidos, según el acta de votación, no coincidía con la suma de los votos recibidos por cada candidato.
Tras una denuncia «anónima» en la Fiscalía de Valladolid, el propio Igea se presentó a las pocas horas en el Palacio de Justicia para aportar más documentación. Un año más tarde, la fiscal jefe, Soledad Martín, recibió –después de muchos requerimientos– el informe técnico sobre el volcado de los ordenadores y el sistema electrónico utilizado para las votaciones digitales que se realizaron en el controvertido proceso de primarias. Tras ese informe se decretó el archivo del asunto, que ahora ha sido ratificado de manera definitiva por la Audiencia de Valladolid.