La Audiencia de Valladolid devuelve el caso Perla Negra al instructor y aleja la fecha del juicio

En su auto, el tribunal insiste en que el Juzgado «deberá verificar que la documentación entregada a todas las partes resulte accesible a las mismas, adoptando las medidas necesarias». Con esta resolución, el tribunal se cura en salud porque quiere evitar una segunda suspensión del juicio, pero ello supone que el señalamiento de la vista oral de un procedimiento que se inició en 2013 se alarga todavía más en el tiempo, sin fecha.

La Sección Segunda recibió los autos de la macrocausa el 2 de diciembre y señala que no se ha cumplido el anterior auto de 15 de marzo del tribunal en el que se acordó la nulidad de actuaciones y se devolvió el asunto al juzgado instructor porque «no existe constancia de que se haya dado traslado completo de las actuaciones a las defensas». Subraya que se les ha facilitado dicha documentación «sobre la premisa de que las propias defensas debían identificar la documentación o archivos de los que se había entregado copia y esa identificación resulta imposible para ellas porque no pueden saber qué documentos obran en la causa ni existe obligación de que las partes se comuniquen entre sí los documentos o archivos de que disponen».

Por otro lado, el tribunal recuerda que ya en su día dispuso que la certificación sobre la entrega de la documentación «debía expedirse con anterioridad al traslado a las defensas para la presentación de sus escritos, lo que tampoco ha ocurrido». Por ello se acuerda devolver las actuaciones otra vez al Juzgado.

El Juzgado de Instrucción 2 remitió en noviembre a la Audiencia de Valladolid la macrocausa de la Perla Negra, con los millares de acontecimientos (ya no se habla de folios con la digitalización) del complejo proceso de corrupción política relacionado con el edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda y las parcelas donde iba a levantarse el parque empresarial de Portillo. Solo faltaba que las defensas presentaran sus escritos y que la Sala señalara la fecha del juicio, que fue suspendido el pasado marzo, precisamente por la falta de documentación alegada por algunos abogados de los acusados. Pero, una vez más, se aleja en el horizonte el señalamiento del primer macroproceso de Castilla y León que pretendía sentar en el banquillo este año a la ex cúpula de la Consejería de Economía y a empresarios afines al PP, de los tiempos en que Tomás Villanueva estaba al frente del departamento y Juan Vicente Herrera presidía el Gobierno autonómico.

La Sección Segunda, que será quien juzgue a los doce acusados por el supuesto 'pelotazo urbanístico' del edificio de ADE y las parcelas del parque industrial fallido de Portillo, ambos en la provincia de Valladolid, tenía una previsión al principio de este curso judicial de señalar la vista (que durará al menos 23 días) en el primer trimestre de 2023, pero ahora tendrá que hacer un difícil encaje en su calendario de señalamientos, donde ya tiene otras vistas programadas.

El caso Perla Negra, el primer macroproceso de corrupción política y económica en la historia de Castilla y León, iba a juzgarse en marzo pasado y fue suspendido in extremis porque no todos los abogados tenían la misma documentación y algunos, tampoco en su totalidad. El asunto llegará a juicio tras una larga e intrincada instrucción judicial que empezó en 2013 y será necesario reservar la sala grande de vistas para muchas jornadas. En el anterior señalamiento se programaron 23 días. La causa compleja está contenida en miles de folios y 'acontecimientos' digitales, con los 12 acusados y sus correspondientes defensores, tres acusaciones (la Fiscalía, la Junta de Castilla y León y el PSOE), 90 testigos (entre ellos, el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo) y peritos. Más una abultada prueba documental plagada de tasaciones, contratos públicos, informes económicos y oficios de ida y vuelta a la Administración sobre los que preguntarán las partes antes de exponer sus conclusiones finales.

Se sentarán en el banquillo cinco cargos y excargos de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta y siete empresarios afines al Partido Popular, supuestamente beneficiados en los 'pelotazos' urbanísticos del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo (ADE) en Arroyo de la Encomienda (hoy, edificio de Soluciones Empresariales) y las parcelas del parque empresarial fantasma de Portillo. Unas operaciones que habrían resultado ruinosas para las cuentas y supervivencia de la empresa pública Gesturcal, pérdidas que al final tuvieron que ser asumidas por la propia Junta, según subrayan las acusaciones. Están acusados los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina Martín; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez; Ángel Román Montes López, también de Urban Proyecta; Alberto Esgueva Gutiérrez, actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internacionalización de servicios de ADE; su hermano Francisco, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador; Luis Antonio Recio García, vocal y Carlos González Maestro, que fue secretario de dicha sociedad.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, César Gil Margareto, emitió en febrero de 2019 el auto de imputación, en el que redujo la lista original de casi una treintena a estos doce imputados. Se les acusa de delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho cometidos entre 2005 y 2011. Los doce se enfrentan a un conjunto de peticiones de penas de prisión que suman 221 años de cárcel, en el caso de las calificaciones del PSOE, o los más de 70 años de prisión que solicita para todos ellos el ministerio público.