Los asuntos pendientes en las Cortes no se resolverán antes de dos años

El calendario es algo rígido. Más el parlamentario, con tres meses del año en los que no hay plenos ni comisiones –«inhábiles», se les llama–. En paralelo, la posibilidad de presentar iniciativas es de una flexibilidad no infinita, pero casi. Eso explica que los procuradores de las Cortes hayan terminado el periodo de sesiones de febrero a junio con una cola de asuntos a la espera de debate que supera de largo el millar. En concreto 1.145 iniciativas o preguntas cumplían todos los requisitos a fecha de 13 de julio para ser incluidas en un pleno o comisión cuando se estrene en septiembre el nuevo periodo de sesiones. Esa cifra es solamente de asuntos para debatir, sin contar las preguntas a la Junta con respuesta por escrito o las solicitudes de documentación.

El número de asunto que no llegan a término no es algo nuevo, pero se ha duplicado esta legislatura por el aumento de grupos parlamentarios que los proponen. Es un volumen similar al de las iniciativas y preguntas orales que se han hecho un hueco en los diarios de sesiones de plenos y comisiones en los dos primeros años de legislatura, en los que los procuradores han defendido las posiciones de sus formaciones en 1.200 debates.

Esa cifra de trabajo de dos años se equipara con la de asuntos pendientes en la actualidad. Acabar con esta última es, en la práctica, una tarea inabordable. En un ejercicio de ilusionismo político se requeriría multiplicar por tres las Cortes actuales o aumentar el ritmo de actividad con más personal en la plantilla de los servicios de la Cámara, un calendario con periodos inhábiles más reducidos o sin ellos y comisiones con menos procuradores. Actualmente hay 17 parlamentarios por comisión, lo que hace casi inviable que en días puntuales se fijen tres, si se tiene en cuenta que son 84 procuradores, cifra a la que hay que restar ocho que forman parte del Gobierno de Juan Vicente Herrera, y que 51 tienen dedicación parcial y compaginan la labor parlamentaria con su trabajo.

La otra forma de acabar con la situación de asuntos que no llegan a debatirse sería actuar sobre el número de iniciativas que presentan los grupos de la oposición –las cifras del PP son testimoniales–, algo, más que complicado, utópico.

La situación de la lista de espera no mejorará en lo que resta de año. Los parlamentarios autonómicos volverán a sus escaños en septiembre y, a mediados de octubre, recibirán el proyecto de ley del presupuesto de la Junta para 2018. Las cuentas regionales tienen preferencia en la tramitación sobre cualquier otro asunto. Eso conlleva en la práctica que entre mediados de octubre y finales de diciembre, los procuradores se centran en desmenuzar el presupuesto y todos los demás asuntos pasan a situación de reserva.

En ese batallón de asuntos pendientes protagonizan un capítulo propio las peticiones de comparecencia para que los consejeros de la Junta o altos cargos de sus equipos acudan a las Cortes a explicar de forma pormenorizada temas concretos. Los consejeros de Juan Vicente Herrera habían comparecido en 120 ocasiones desde que fueron nombrados, en julio de 2015 hasta las puertas del verano actual. Pero figuraban otras 173 en la carpeta de pendientes. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, al frente de un departamento que ha asumido las áreas más polémicas de la extinta consejería de Economía y Empleo (carbón, ADE, concesiones eólicas...) encabeza ese listado con más de treinta solicitudes de comparecencia pendientes de sustanciar. En una cifra similar se mueve el titular de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, sin contar las de altos cargos de su equipo. O las 26 que tiene en espera su compañero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.