Castilla y León

La asfixia del Serla deja a trabajadores de Valladolid sin mediación ante despidos

La asfixia económica a la que está sometida la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) por el recorte que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, bajo gestión de Mariano Veganzones (Vox), ha aplicado a la aportación de la Junta ha provocado que Correos devolviera en diciembre la factura impagada del envío de citaciones. Sin la remisión de esas citas oficiales para convocar a los afectados al acto de mediación, este acto previo que tiene como objetivo evitar la judicialización del despido no puede celebrarse.

La situación del organismo que cerró 2023 con un balance de gestión de 394 mediaciones conflictos colectivos (atasco en la negociación de convenios, convocatorias de huelgas...) y más de 5.200 conflictos laborales individuales ha llegado al punto de que no se puedan pagar las cartas. Y que los siete trabajadores no tengan certeza sobre el cobro de la nómina de enero.

Las últimas citas de mediación en conflictos laborales individuales convocadas por el organismo están fechadas para el día 19. A partir de ahí, surge el vacío. La nueva vuelta de tuerca a la crisis que vive el Serla, con problemas para pagar el alquiler de la sede, la limpieza, la factura de la electricidad y otros suministros y los salarios de sus siete empleados, afecta en este momento a personas trabajadoras y empresas de Valladolid. En 2023 se superaron esas 5.200 mediaciones en despidos individuales, todas ellas en Valladolid. Eso da idea del número de personas que podrían verser afectadas a partir de ahora por el colapso de este servicio de conciliación, si no se encuentra una solución.

El Serla es el organismo que media ante los conflictos colectivos de toda la comunidad, pero la labor de los mediadores en conflictos individuales se limita territorialmente a Valladolid, dado que la Junta no ha impulsado el acuerdo que tomó hace años con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO para extenderlo a las otras ocho provincias. En esos territorios, es el personal de los servicios territoriales de la Junta quien se encarga de conducir el acto de mediación.

Desde los dos sindicatos mayoritarios apuntan por elevación en la exigencia de responsabilidades. Van más allá del dirigente de Vox que gestiona la Consejería de Industria y hacen responsable «a la Junta», en general, con el presidente Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza de un Gobierno que es un órgano colegiado, en lo que entienden que es un «secuestro» del Serla por la vía del «ahogo» presupuestario. «Hacemos una llamada a la responsabilidad de la Junta, no ya de la Consejería», insiste Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO en Castilla y León, que explica que la mediación laboral es una competencia transferida por el Gobierno de la nación a la comunidad autónoma y que es la Junta la que debe financiar «el 100%» de ese servicio que presta a través del Serla.

Desde este sindicato han reclamado al Gobierno de la nación, ante la posición de «estrangulamiento» presupuestario que aplica la Junta, que recupere la competencia e intervenga el Serla. Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical y Diálogo Social de UGT Castilla y León, incide en el perjuicio que el «hostigamiento» al Serla supone para empresas y trabajadores, dado que con ese colapso de la mediación aumentará la saturación de la vía judicial.

La caída de las citaciones para solventar conflictos laborales individuales, ante la falta de liquidez económico para poder enviar las citaciones vía Correos, llega después del impago de nóminas que obligó a la Consejería de Industria a aprobar una aportación extraordinaria de 40.000 euros en diciembre. Esa situación de salarios sin cobrar se agudiza en el caso del director del Serla, Julio Cordero. Desde los sindicatos resaltan que llevan sin ingresar la nómina desde verano, situación que se ha agravado en este momento ante la imposibilidad de atender las cotizaciones sociales.

Fernando Fraile subraya que toda la mediación efectuada desde el Serla en 2023 ha salido adelante en precario. Los mediadores externos, expertos en la materia laboral, que trabajan en la solución de los conflictos colectivos llevan sin percibir los pagos por esa labor desde enero. Se cumple un año ahora. Y los mediadores individuales que recibían remuneración por los casos en los que trabajaban, desde febrero.

En la Consejería de Industria admiten que saben que el director del Serla ha elaborado un «plan de contingencia» para atajar la situación de crisis que atraviesa el organismo. Unas medidas que el equipo de Mariano Veganzones asegura desconocer. Desde la Consejería de Industria ven como única solución que las organizaciones que se sientan en la Fundación, CEOE, UGT y CC OO, den marcha atrás en el acuerdo por el que realizan las mediaciones individuales en Valladolid, para que las personas trabajadoras y las empresas con las que tienen el conflicto fueran atendidas en las oficinas de los servicios territoriales de la Junta.

«Los servicios de mediación de la administración de Castilla y León están en disposición de atender todos aquellos procedimientos que sean oportunos, al igual que se realiza en el resto de las provincias, siempre y cuando desde los firmantes del ASACL (Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos en Castilla y León) no se ponga impedimento para ello», precisan desde el área del consejero. Ese acuerdo es oficial y está publicado en el Boletín de la comunidad, de obligado cumplimiento para los firmantes. Los responsables de la Consejería de Industria recalcan que no obliga a la Junta a financiar ese servicio que lleva a cabo el Serla.

Desde la patronal CEOE Castilla y León han declinado valorar en este momento la situación del Serla. Hay convocada una reunión del patronato de la Fundación para el jueves en la que se abordará esta situación.