La ARMH denunciará al consejero de Cultura por intentar proteger un monumento «fascista» en Burgos

La misma, que Santonja pretende tramitar como Bien de Interés Cultural (BIC), está dedicada al ejército italiano de Mussolini, «que celebra su terrible y temible papel en el golpe de Estado franquista y no comienza a desmontarlo y a tramitar la desaparición de un monumento cuyo único destino es humillar a las víctimas de la dictadura franquista y festejar los crímenes del fascismo en la Europa de mediados del siglo XX», sostiene la ARMH.

Por tal motivo, si el Gobierno de Castilla y León no cumple con el deber de retirar ese monumento, como dictan la Ley de Memoria Histórica «y cualquier principio que debe sostener alguien que haya aprobado primero de básica de democracia y derechos humanos», el colectivo que inició en España la exhumación científica de desaparecidos por la represión franquista amenaza con llevar a cabo acciones judiciales con el objetivo de garantizar la retirada.

Así, la ARMH reclamará a Fiscalía General del Estado la apertura de un proceso que termine con la prevaricación administrativa del consejero Gonzalo Santonja y de quienes lo están llevando a cabo y, conscientes de lo que dicta una ley del Estado, «pretenden proteger» un monumento que exalta el golpe de Estado de 1936 y las victoria de tres ejércitos fascistas en el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial que se produjo en España con la intervención de los ejércitos de Mussolini y de Hitler apoyando a los fascistas españoles.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, «querer mantener homenajes a un ejército fascista que colaboró en el derrocamiento de un gobierno legítimo y ayudó a instaurar una terrible dictadura no cabe en el marco de una democracia porque no se puede blanquear el fascismo y difundir ningún mensaje desde ninguna institución que le diga a la sociedad que el fascismo fue bueno para la sociedad».

Y añade: «Que el consejero tome esa medida, consciente de que hay dos leyes estatales que se lo impiden, supone una prevaricación administrativa de manual y debe sancionarse judicialmente con la inhabilitación del responsable y la instauración de la legalidad que debe comenzar con la detallada documentación de la pirámide y su posterior derribo».

A su juicio, este tipo de monumentos «agreden a las víctimas de la dictadura y tratan de humillarlas y como cualquier otra víctima de hechos violentos deben ser protegidas por las instituciones».