Aprobada la ley que permite la conversión de los vigilantes municipales en policías locales

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó que el proyecto de ley por el que se modifica la ley de 2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León recoge tres cambios: la integración de los vigilantes municipales como policías locales, la flexibilización de los requisitos y un régimen disciplinario para los vigilantes en situación «a extinguir».

Suárez-Quiñones detalló que se elimina el anterior requisito de contar con un cuerpo con un mínimo de siete agentes y se suprime el informe preceptivo y no vinculante de la Consejería competente en la materia para la creación del Cuerpo de Policía Local en los municipios que cuenten con menos de 5.000 habitantes, manteniendo únicamente en este caso la obligación de comunicación.

Según la norma, para la integración de los vigilantes municipales será necesario la creación de un Cuerpo de Policía Local en el respectivo municipio, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2015, que cuenten con la titulación correspondiente a la categoría de agente de policía local y que hayan superado el curso de formación básica para policías locales.

Así, afecta en este momento a 42 vigilantes municipales de 21 municipios de Castilla y León que podrán pasar a ser agentes del Cuerpo de la Policía Local, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Para ello, será necesario que el municipio cree el Cuerpo de Policía Local y que los vigilantes municipales cuenten con la titulación del subgrupo C1 y hayan superado el curso de formación básica para policías locales.

Los grupos de la oposición coincidieron en sus enmiendas vivas ante el plenario, todas ellas rechazadas en el debate por los ponentes populares, en que se respete la antigüedad de los vigilantes municipales que pasen a engrosar el Cuerpo de Policía Local en la categoría de agente C1 a los efectos de movilidad, comisiones de servicio y permutas a otros cuerpos de policía local.

También plantearon que la Junta incorpore a los próximos presupuestos autonómicos las partidas necesarias para facilitar a los ayuntamientos la integración de estos agentes en los cuerpos de policías locales.

El socialista Luis Briones lamentó que no se hayan aceptado ninguna de sus seis enmiendas y anunció su abstención. «Es un proyecto que se queda en tierra de nadie y se ha tramitado de forma exprés», criticó. Entre sus propuestas, enumeró que los cuerpos formados por once efectivos deberán contar como mínimo con un subinspector, un oficial y nueve agentes para cubrir el servicio de forma permanente.

Sanz Vitorio (PP) calificó que el planteamiento sobre la antigüedad es una «barbaridad» conforme a lo que dice la ley y argumentó que un vigilante tendría acceso a un concurso y sería un agravio con policías que han tenido que pasar cinco años para someterse a una prueba, que cifró en 110. «Sería un agravio», aseveró. «No se contraviene ni se pierde la antigüedad, pero no se puede hacer porque daría lugar a un recurso que se perdería», argumentó.

El procurador de Podemos Carlos Chávez valoró que Fomento y Medio Ambiente haya atendido las peticiones de los grupos, de los afectados y del Procurador del Común. «Se ha hecho un cambio técnico, por el que estamos moderadamente satisfechos», definió, aunque no ocultó que les hubiera gustado ir más allá, como una homogenización de los medios técnicos, de la transparencia o de la formación continua.

«Satisfechos y orgullosos» se manifestó el procurador de Ciudadanos David Castaño, que rechazó que sea una ley de mínimos, como definieron algunos portavoces de la oposición. «Da una respuesta adecuada a una realidad desde un equilibrio», arguyó Sanz Vitorio.

También expresaron su apoyo a la ley los dos procuradores del Grupo Mixto, José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL), «con independencia de lo que hagan con las enmiendas», en palabras del segundo.