Todo lo aprendido en las residencias, a rango de ley

El decreto ley 5/2020 de 18 de junio de Castilla y León está siendo estudiado por otras comunidades, como el Principado de Asturias, que prepara su procedimiento de actuación específico para geriátricos y centros sociosanitarios. Mientras lo ultima, ha dedicado a los centros asistenciales cuatro páginas de su boletín oficial del pasado 19 de junio (la misma fecha de publicación en el Bocyl del decreto de la Junta) en el que establece las pautas generales de lucha contra la covid una vez levantado el confinamiento. Asturias, que con 230 muertos en residencias, es una de las menos golpeadas por la enfermedad (el 68% del total de fallecidos por la epidemia), contempla entre sus medidas «el control y supervisión especial» de la Consejería de Salud en todos los centros (públicos y privados). Un grupo técnico coordinado por la Dirección general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria y la Dirección General de Salud Pública será el encargado de actualizar los procedimientos en estos centros. Una medida específica, a mayores de lo que la normativa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar determine sobre los requisitos organizativos en estos establecimientos, es que cada centro designará a un responsable que se ocupará de dirigir y coordinar la actividad asistencial, supervisar que se cumplen las medidas de prevención y protección y que se garantiza la calidad de los cuidados a los residentes y también será el enlace con los recursos sanitarios de la zona básica de salud. Este coordinador se ocupará de elaborar el plan de contingencia de su centro.

Como en el decreto de Castilla y León, las residencias tienen que dejar en reserva y sin ocupar parte de ellas con el fin de que puedan alojar a potenciales contagiados de covid para aislar los rebrotes. Pero, al contrario que la de la Junta, la normativa asturiana sí fija el porcentaje concreto de 'reserva' para centros de más de 20 plazas, que coincide con el que calculan los empresarios de residencias de Castilla y León: al menos el 5% tendrán que estar libres para poder realizar el aislamiento. Si las tienen todas ocupadas, las que vayan quedando vacías de forma permanente no podrán volver a contratarlas hasta llegar a ese porcentaje de reservas para casos covid.

El plazo que da Asturias para poner en marcha su plan de contingencia es bastante inferior: 10 días desde la publicación de la normativa, frente al mes del Gobierno castellano y leonés. Otra diferencia es que no establece un aprovisionamiento temporal de equipos de protección, que en Castilla y León es por cinco semanas como mínimo. Sí coincide en que el personal asistencial no rotará entre los grupos de residentes.

Galicia, otra de las comunidades con menor letalidad por la covid (274 muertos en residencias, el 44% del total de fallecidos en esa comunidad) tiene en marcha su plan de reactivación de residencias desde el 16 de mayo y los centros siguen bajo tutela de las autoridades sanitarias. Fuentes de la Consellería de Política Social señalaron que en este momento «se está iniciando una reflexión sobre el futuro de las residencias para redefinir sus características arquitectónicas y la interconexión con el sistema de salud».

En su boletín del 20 de junio, la Comunidad de Madrid, que reconoce 5.987 muertos en geriátricos por covid (el 71% del total de fallecidos por la pandemia en esa autonomía), publicaba sus medidas antirrebrotes en residencias, mucho más genéricas y donde recuerda a los centros que tienen que disponer de planes de contingencia, aunque no les pone plazo para ello.