Amplio acuerdo en las Cortes de Castilla y León para garantizar el aborto en Sacyl si no hay objeción de conciencia

Las Cortes de Castilla y León han alcanzado este miércoles un amplio acuerdo, únicamente rechazado por Vox, para que la sanidad pública de esta comunidad (Sacyl) garantice la práctica de abortos en sus hospitales, con la única limitación de la objeción de conciencia de los sanitarios, aunque algunos grupos han lamentado que el registro de profesionales lleve diez años sin actualizar, lo que en la práctica limita el alcance de este acuerdo.

Esta iniciativa del PSOE, defendida por el procurador Jesús Puente, ha sido enmendada por Ciudadanos y finalmente han logrado el acuerdo del PP y de Podemos en torno a un texto que incluye además la gratuidad de los métodos anticonceptivos para personas con escasos recursos económicos, algo que en la iniciativa original vinculaba a la juventud.

Puente ha lamentado la «resistencia ideológica» a aplicar en su integridad la ley del aborto de 2010 y ha calificado de «incomprensible» que Sacyl no haya garantizado su cobertura en centros públicos de la Comunidad y haya sometido a las mujeres a viajes interprovinciales y también a otras autonomías para completar su aborto quirúrgico en clínicas privadas.

El representante socialista ha defendido la necesidad de incrementar el número de interrupciones de embarazo por medios farmacológicos, menos agresivos y con menor dependencia de terceras personas, en lugar de apostar por los abortos quirúrgicos, condicionados a la existencia de equipos médicos dispuestos, y ha vinculado esta realidad con la preferencia de las clínicas privadas que los realizan.

De hecho, Puente ha lamentado que en Castilla y León únicamente el 3,1 por ciento de los abortos sean farmacológicos, frente al porcentaje que se observa en otras autonomías como Galicia, de hasta el 30 por ciento.

La procuradora de Ciudadanos Marta Sanz ha defendido una enmienda al texto socialista que finalmente ha logrado el consenso, únicamente tras puntualizar el PSOE que debía quedar reflejado que la garantía de los abortos se refería a los hospitales públicos y con respeto a la objeción de conciencia.

«Hay debates que la sociedad española tiene superados o debería», ha reflexionado Sanz, convencida de que se debe hacer «todo lo posible» para garantizar este derecho, a lo que se ha opuesto seguidamente el procurador de Vox, Jesús García-Conde, defensor de que los abortos queden «al margen de la sanidad pública» y se prime la «esfera familiar» en la toma de decisiones, aunque también ha planteado la necesidad de que haya un protocolo de atención a adolescentes embarazadas y a familias que esperan hijos con malformaciones.

Esta intervención ha llevado a la representante de Podemos Laura Domínguez a cuestionar la reflexión sobre si este debate está o no superado en la sociedad española y ha lamentado que «por desgracia para las feministas hay luchas que no van a acabar nunca».

Por su parte, el procurador del PP Alejandro Vázquez ha lamentado que «incomprensiblemente» el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado aún sobre el recurso que planteó su partido contra ocho preceptos de la ley del aborto de 2010 y ha asegurado que este debate es «de escasa actualidad».

Vázquez ha asegurado que «lo único» que impide que se realicen abortos en los hospitales públicos de la Comunidad es la existencia de la objeción de conciencia de profesionales, lo que limita la práctica, aunque ha destacado que en Castilla y León al menos se realizan abortos en el hospital de Miranda de Ebro (Burgos), algo que no ocurre en autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón.

En su última intervención, para cerrar el debate, el representante del PSOE ha recordado que, según el último dato oficial aportado por la Junta, en 2017 se realizaron en Castilla y León 2.531 abortos, la inmensa mayoría en clínicas privadas de la Comunidad, pero también de la Comunidad de Madrid, hasta donde se desplazan mujeres desde la provincia de Ávila.

Puente ha considerado que el «cruce de mujeres» que se produce con los desplazamientos entre provincias de la Comunidad es una «locura que tiene que terminar», para lo que ha insistido en la defensa del método farmacológico, frente al quirúrgico.