Ampas y sindicatos anuncian protestas contra la selección de centros en Castilla y León

El rechazo de todos los sindicatos (cinco) representados en las Mesas de Concertación de la Enseñanza y de las organizaciones incluidas en la Confederación regional de padres y padres de la enseñanza pública (Confapacal) a la lista de centros adheridos a la oferta de plazas gratuitas de 0 a 3 años es unánime y rotunda. «Es el hundimiento de la enseñanza pública», advierte la secretaria regional de Educación en CCOO, Elena Calderón. «Sentimos impotencia, enfado y frustración, no nos vamos a quedar callados», avisa la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Castilla y León, Soledad Alegre.

«Era la oportunidad de ayudar y reforzar la enseñanza pública con unos fondos europeos que la ley estatal (Lomloe) establece que deben orientarse a plazas públicas, pero la Junta los va a usar para reforzar a los concertados», resume la portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STECyL), Christina Fulconis. «Se ha gestionado todo a espaldas de los equipos directivos, el profesorado y los sindicatos», completa la batería de denuncias la responsable de CSIF, Isabel Madruga.

Todas estas organizaciones anuncian medidas de protesta coordinadas, «sin descartar la vía legal si nuestro equipo jurídico encuentra una vía» -insiste Madruga-. Medidas que se van a concretar antes de la apertura de los plazos de matrícula de los niños para el próximo curso el 18 de marzo y que tratarán de convertirse en «una gran movilización en defensa de la oferta pública de estas plazas», explica Fulconis. Desde CCOO ya han contactado con las Plataformas por la Enseñanza Pública, para «multiplicar las protestas».

La Consejería de Educación publicó el pasado viernes la lista de centros que podrán solicitar las plazas gratuitas de 2 a 3 años, el primero que entrará en vigor en el curso 2022-2023, previa a la creación progresiva de la gratuidad para todo el ciclo de 0 a 3 años. En esa lista se incluyen 604 centros, de los que apenas 121 son públicos y casi el doble (234) son privados. A estos últimos habría que añadir una gran parte de los 218 centros municipales (en muchos casos y hasta ahora, guarderías) que se gestionan de forma privada. Por último, 30 escuelas infantiles de la Junta también figuran en esta lista.

Todas las voces que defienden el papel de la educación pública coinciden en un diagnóstico. «Era una gran oportunidad para levantar un sector abandonado a su suerte -explica Soledad Alegre-. Pero la Junta ha ido a la fácil que era darle dinero a los colegios concertados que ya ofrecían esa educación. Y el alumnos que entra en ese carril, ya no lo cambia».

Sindicatos y padres insisten en que el proceso se ha hecho «de forma oscura y sin transparencia» y recuerdan que casi todos los colegios concertados adheridos están en áreas urbanas. «¿Qué pasa con las zonas rurales? -se pregunta Soledad Alegre-. No deben tener los mismos derechos que en las ciudades».

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