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Nada de lo que se mueve alrededor de un contrato público es inocente si en juego hay 809 millones de euros. Esa es la cuantía que autorizó el Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de diciembre para contratar el transporte sanitario urgente y ... no urgente en la comunidad entre 2022 y 2028. Un expediente contundente en lo económico, que además implica la prestación de un servicio básico y sensible, porque los usuarios son enfermos que residen en un territorio muy extenso.
Esas dos variantes obligan a mantener una escrupulosidad máxima desde la Administración, que es la Junta. Pero además la futura contratación no parte de cero, porque el servicio que presta actualmente la concesionaria mayoritaria, Ambuibérica, que atiende todas las provincias de la comunidad salvo Soria, está pendiente de una auditoría aprobada en las Cortes de Castilla y León en octubre, apoyada por todos los grupos políticos.
En ese debate se expusieron incumplimientos graves. El Diario de Sesiones de aquel pleno recoge que la flota en servicio no cubre el número de vehículos que paga la Junta, relata esperas de pacientes mayores de hasta catorce horas, de ambulancias con más de 400.000 kilómetros, incluso con cinturones rotos y sin ITV, y de un personal que con nóminas a la cola del país se ve obligado a doblar turnos y hacer horas extras. Esto último está pendiente de resolución judicial. «Es horrible, una aventura diaria, y no me quejo de los conductores, que se portan fenomenal, sino de quienes al diseñar estas rutas parece que pensaban en Marte», relataba a El Norte, el 4 de diciembre, una paciente de Segovia con cáncer tras 33 desplazamientos a Valladolid para recibir radioterapia.
El contrato actual se adjudicó en 2014 y no admite más prórrogas. Vence en julio. Y el nuevo acarreará al menos 225 días de tramitación, porque conlleva publicación en la UE. Con la situación descrita y el calendario urgiendo, el Gobierno autonómico aprueba las líneas generales del contrato para los próximos seis años que duplica lo que paga ahora, porque pasa de 605 vehículos a 763. Son 158 ambulancias más y hay una exigencia de mayor dotación tecnológica y de refuerzo de personal especializado.
Cuando un asunto de este calado pasa por el Consejo de Gobierno, el 9 de diciembre, es que está a punto de caramelo. Con los pliegos de condiciones trabajados y muy avanzada la fórmula de adjudicación, en la que mejoras en la calidad del servicio van a ganar peso respecto de la oferta económica. Las ambulancias de Castilla y León son negocio jugoso para las empresas de un sector muy competitivo.
Y con esos antecedentes y con la autorización del 9 de diciembre caliente, el consejero que sustituye a Verónica Casado el 21 se reúne el 23 con directivos de Ambuibérica y no lo refleja en su agenda de trabajo, algo obligado por el Estatuto del Alto Cargo para aportar limpieza al trabajo político. Alejandro Vázquez lo atribuye a un «error en el volcado» de sus citas y dice que el encuentro fue para hablar de las «deficiencias» del servicio. Con una empresa con cargos vinculados al PP a la que antes del 31 de diciembre le adjudicó el contrato de varias unidades móviles de test de antígenos.
Sin cuestionar la palabra del consejero, el contrato hipermillonario de las ambulancias exige máximo rigor. Ahí tiene difícil encaje un encuentro, además 'oculto', con un posible aspirante en vísperas de la licitación.
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