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«Parece necesario mejorar la eficacia del sistema de gestión, para intentar acelerar al máximo posible la llegada de fondos a la economía real». Es una de las recomendaciones del Informe sobre la Situación Económica y Social (CES) de Castilla y León, elaborado sobre datos ... de 2021, que acaba de aprobar el Consejo Económico y Social y se refiere concretamente al riesgo de que la burocracia administrativa y unos plazos extracortos para plantear proyectos aboquen al sumidero una parte del dinero que llega de la Unión Europea con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia.
Es una millonada. El amplio trabajo del CES (1.459 páginas de datos y diagnóstico y 106 de recomendaciones, sobre todo para la Junta de Castilla y León) refleja que, a fecha de marzo de 2022, Castilla y León disponía de Castilla y León de 1.318 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esa cifra, 878 millones de euros eran fondos para la gestión directa por la Junta y 440 millones de euros correspondían a actuaciones a ejecutar por el Estado.
«Según distintos estudios realizados sobre el seguimiento de los fondos Next Generation EU en España, los desembolsos reales a las empresas están lejos de las cifras previstas», alertan desde el CES. Los responsables de este órgano de consulta en materia social y económica, que reúne a sindicatos, patronal, consejeros propuestos por la Junta y las Cortes, a organizaciones agrarias, cooperativas y de consumidores, apuntan hacia las causas que dificultan el flujo de los fondos que aspiran a ser la «palanca» de la recuperación tras la pandemia. La obligación de justificar el empleo entre 2021, 2022 y 2023 exige un plus de agilidad y de simplificación a las Administraciones, apuntan desde el informe, donde reclaman «convocatorias sean razonables y realistas, evitando que como ocurre ahora mismo, los plazos apenas lleguen a los 10 días hábiles».
El informe reclama una gestión más ágil y cercana y más información por parte de unos gestores públicos que debe ser más proactivos. «Parece necesario mejorar la eficacia del sistema de gestión, para intentar acelerar al máximo posible la llegada de fondos a la economía real», insisten. «Debe aumentar el esfuerzo por informar sobre el funcionamiento de los fondos y las convocatorias y garantizar la transparencia respecto a la ejecución y la llegada de fondos a la economía productiva real», se lee en el informe.
El Consejo recuerda al Ejecutivo autonómico que hasta 78 entidades participaron en el texto que actualizaba la norma
El Consejo Económico y Social hace en su informe una defensa del Diálogo Social, del propio sistema de negociación entre la Junta, la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT, y de los frutos que ha dado ese diálogo en planes y medidas.
«En la fecha de aprobación del presente Informe hemos conocido la voluntad del ejecutivo autonómico de revisar o eliminar diversos programas y líneas de actuación que afectan a trabajadores en activo, a personas desempleadas, a empresas, personas trabajadoras autónomas, a personas inmigrantes y a los colectivos más vulnerables, todos ellos acordados en el marco del Diálogo Social. Desde el CES debemos mostrar nuestra preocupación, en caso de que dicha voluntad se confirme, en cuanto que dichos programas y líneas de actuación han demostrado ser, a lo largo de los años, de utilidad contrastada», refleja el informe anual.
El documento analiza los datos sobre violencia de género en la comunidad a lo largo de 2021: 5.170 denuncias tramitadas de 5.159 mujeres; 1.177 órdenes de protección aprobadas y 379 denegadas; 314 mujeres y 254 menores refugiados en casas de acogida y centros de emergencia; 8.368 llamadas al 012 por violencia de género y 3.017 a Emergencias 1-1-2 por casos de amenazas o agresiones. Son cifras que recoge el informe del CES, organismo que insta a la Junta a retomar un proyecto avanzado, al que el anticipo electoral dejó 'colgado de la brocha', la actualización de la ley contra la Violencia de Género en Castilla y León.
Ese escenario fue el inmediatamente anterior al del pacto entre PP y Vox, donde esta última formación impuso a los populares la tramitación de una Ley de Violencia Intrafamiliar.
Los miembros del Consejo recuerdan en el informe que en el texto que reformaba la ley participaron hasta 78 entidades y que recoge realidades sobre violencia machista que no existían hace diez años, cuando Castilla y León aprobó su ley autonómica. El anteproyecto ampara a los hijos de las víctimas y tipifica nuevas formas de violencia de género, como «la violencia digital, violencia vicaria o violencia de segundo orden, por lo que desde el CES recomendamos impulsar su desarrollo».
«Preocupa especialmente a este Consejo que las convocatorias no se adapten a la realidad socioeconómica de Castilla y León, al estar diseñadas, la gran mayoría, para todo el territorio español», añaden los integrantes del CES, que apelan a la «colaboración institucional» entre la Junta, el Gobierno y las administraciones locales para sacar el máximo rendimiento al programa europeo de reactivación económica. Es imprescindible para «asegurar la llegada de fondos» y que la Junta pueda «acelerar la publicación de convocatorias» que deben ser adaptadas al tejido productivo y social de Castilla y León.
El listado de recomendaciones que el CES plantea en su informe, en respuesta al diagnóstico que el organismo firma tras analizar una cantidad ingente de datos recoge la necesidad de apostar por una fiscalidad que luche contra el fraude y que sea claramente ventajosa para los habitantes del medio rural. El CES plantea hacer de los tributos una herramienta de lucha contra la despoblación. A nivel general y también en el marco de las energías alternativas y el excedente de producción eléctrica. Una fiscalidad potente a favor del medio rural
«Entendemos que se debe impulsar el debate sobre este hecho y reclamar la posible implantación de un modelo fiscal diferenciado, empezando por una fiscalidad favorable para personas y empresas que se establezcan en el medio rural». El CES lo aplica a la producción de energías alternativas, pero es extensible, para combatir la despoblación, a otros impuestos. Incide el informe en que esa tributación favorable debe contemplar que la comunidad produce una energía electrica de la que se beneficia todo el país, con un excendente que no reporta beneficios a Castilla y León. Eso debe cambiar.
En el ámbito sanitario, el informe refleja la carga de trabajo que soportan los profesionales de los centros de salud y consultorios, acentuada por la pandemia. Piden medidas para reforzar plantillas y mejorar la coordinación con los especialistas A eso suma la situación de las lista de espera para el especialista, pruebas diagnósticas y quirófanos. El Consejo insta a la Junta a aprobar un Plan de Cuidados Paliativos. El anterior venció en 2020. Tambien reclama a la Junta que recupere completamente la atención presencial.
«Para este Consejo, no se puede olvidar que el acceso al dinero en efectivo, además de mantener la economía en el medio rural, constituye un derecho por el que deben velar las administraciones públicas», apunta el informe sobre el cierre de sucursales y el desmantelamiento de cajeros.
El CES reclama a las administraciones que aborden de manera enérgica la situación de las personas que viven en soledad no deseada. Reclama un plan que debe contemplar a los Servicios Sociales y su coordinación con los sanitarios, cuestiones de vivienda y diseño urbanístico y la brecha digital, entre otras cuestiones: «Es un problema invisible, que cuesta identificar y abordar», defienden los responsables del organismo en el informe sobre 2021.
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