Castilla y León

Los agentes medioambientales, en pie de guerra: estas son las claves

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apela al diálogo para enfriar el conflicto y buscar soluciones. A partir de aquí, cinco claves para entender las movilizaciones de los guardianes de la naturaleza.

El Gobierno autonómico de PP-Vox trabaja en una modificación de la Relación de Puestos Laborales (RPT), instrumento equiparable al 'esqueleto' de la plantilla de empleados públicos, con una propuesta de supresión, según denuncian los agentes medioambientales, de 70 puestos de esa categoría laboral. Algo «inasumible» para el colectivo. «Actualmente tenemos que cubrir extensiones de terreno desproporcionadas y ni siquiera podemos trabajar en pareja de forma habitual por la falta de efectivos», remarcan desde los sindicatos, que subrayan que ejercen de «policía medioambiental» en asuntos que van desde la gestión y la vigilancia de la caza y la pesca, con la lucha contra el furtivismo, a la recogida de animales silvestres enfermos o heridos, el control de vertidos y la contaminación, la erradicación de especies invasoras o la prevención y extinción de incendios forestales.

Juan Carlos Hernández, coordinador del Sector Autonómico de CC OO, explica que el tope de plazas que marca la Relación de Puestos de Trabajo actual ronda las 1.100, pero cubiertas están alrededor de 800, que son insuficientes y «en lugar de crear nuevas, amortizan».

Los agentes medioambientales arremeten contra la decisión de la Junta de suprimir las guardias de emergencias. Una medida que se aplica desde el 20 de octubre y que afectaría, a juicio de estos profesionales, a las labores de 'ataque' rápido ante posibles incendios. Los profesionales que protestan inciden en que la normativa estatal obliga a las autonomías desde agosto de 2022 (verano de fuegos devastadores en Castilla y León con la pérdida de cuatro vidas humanas) a disponer de un operativo de incendios forestales todo el año. «Es una temeridad, la Junta sigue empeñada en que solo hay incendios en verano y no quiere asumir que con el cambio climático los patrones del fuego han cambiado», remarcan los agentes medioambientales, que insisten en que no es cierto que haya un operativo permanente los 365 días del año las 24 horas del día. «Es falso, lo diga el consejero, el secretario general o el director general», remarca Jesús Nieto, de CSIF.

«A día de hoy no hay agentes medioambientales de guardia 24 horas para actuar inmediatamente en caso de ser requeridos por el 112 para dirigir las labores de extinción de incendios forestales o para coordinar los medios del operativo en emergencias naturales en colaboración con Protección Civil», añaden desde la plataforma reivindicativa.

La Junta trabaja en la mejora de las condiciones laborales para los puestos alejados geográficamente y que son difíciles de cubrir en un amplio abanico de categorías, que van desde el ámbito sanitaria al agropecuario o de tramitación. Se trata de plazas consideradas «ultraperiféricas», etiqueta que implicará beneficios para el empleado que decida desempeñar su trabajo en esos lugares más aislados o despoblados. «La prueba de la inquina hacia nuestro colectivo es que ni siquiera nos van a incluir en el concepto de puesto ultraperiférico, cuando precisamente somos un servicio esencial en ese ámbito, mientras sí se les compensa a los demás trabajadores públicos», argumentan los representantes sindicales. «Quedan relegados al último escalón de todos los funcionarios de la Junta de Castilla y León, con los riesgos que asumen en su trabajo», precisa Juan Carlos Hernández.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apela al diálogo para hallar la salida al conflicto que mantienen los agentes medioambientales con el equipo directivo de la consejería. «Esta RPT (Relación de Puestos de Trabajo) está en trámite y es normal que en el trámite de aprobación, dentro del marco de la Función Pública que está ahora mismo en transformación, haya esas reivindicaciones que no tenemos más que respetar», apunta Juan Carlos Suárez-Quiñones. El consejero defendió que el acuerdo alcanzado en septiembre de 2022 con sindicatos y patronal en el seno del Diálogo Social para reforzar el operativo de extinción tras el nefasto verano de fuegos que sufrió la comunidad «se está cumpliendo de forma generalizada y exacta» para dotar «de estructura y medios adecuados al operativo».

Ese acuerdo implica una extensión del operativo a los meses invernales para cubrir todo el año. Suárez-Quiñones fija el horizonte temporal para lograr el objetivo en 2025, porque se pactó un calendario de refuerzo progresivo a lo largo de tres años: 2023, 2024 y 2025. «Hay voluntad política, medios económicos y trabajo para que eso sea así», zanja el responsable autonómico de organizar los medios de lucha contra los fuegos forestales y las emergencias de protección civil.