El adelanto electoral en la comunidad abriría una legislatura de 4 años, no como en Madrid

Pero el distanciamiento puede enfilar hacia un adelanto electoral, con un PP que lleva meses al alza en los sondeos autonómicos, Cs en plena disolución, un PSOE lastrado por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos como la coordinación en la pandemia y la factura eléctrica y Vox ganando fuerza y barajado por los populares como posible alternativa como apoyo para seguir gobernando la Junta. Ese botón que permite disolver las Cortes de Castilla y León y convocar elecciones autonómicas está al alcance, en exclusiva, de Alfonso Fernández Mañueco.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, tras la reforma del año 2007, atribuye al presidente de la Junta la potestad de disolver el parlamento autonómico y convocar elecciones y también recoge que las Cortes son elegidas «por cuatro años». Unos comicios abrirían un periodo nuevo completo y no lo que resta de aquí a mayo de 2023. No pasaría en Castilla y León lo que en Madrid, que hubo adelanto electoral en primavera y volverán a sacar las urnas en dos años. El artículo 21 del Estatuto castellano y leonés recoge que «las Cortes de Castilla y León son elegidas por cuatro años. El mandato de los Procuradores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara».

Una moción de censura anularía un posible adelanto electoral. Los números dan, matemáticamente, para promover una, pero es una operación mucho más complicada sobre el terreno que ese posible adelanto electoral. El PSOE quemó todas sus naves en la moción que presentó en marzo. En Castilla y León debe ir firmada por el 15% de los 81 procuradores. Esos son 13 parlamentarios. Luis Tudanca decidió que aquella moción, que no salió adelante porque Cs respaldó a Mañueco, la firmaran los 35 miembros del grupo y ninguno de ellos podrá promover otra hasta que pase un año. Eso es marzo de 2022, con la legislatura entrando en su recta final y sin tiempo operativo para imprimir cambios en la maquinaria de la Administración autonómica. «Ninguno de los firmantes de una moción de censura podrá presentar otra mientras no transcurra un año desde la presentación de aquélla, dentro de la misma legislatura», consigna el artículo 142 del Reglamento de las Cortes.

La única opción de registrar una moción de censura pasa por los once procuradores que tiene en este momento Cs, la excompañera de filas que abandonó el grupo naranja con la moción del PSOE (María Montero) y que es en este momento una procuradora 'no adscrita' y los cinco del Grupo Mixto: dos de Podemos, una de Vox, otro de UPL y un último representante de Por Ávila. David Castaño, portavoz de Ciudadanos, descartaba ese martes, tajantemente, la posibilidad de una moción. «Eso no se va a producir, somos gente de palabra», remarcó Castaño.