«Estoy de acuerdo con Iglesias, es un crimen lo ocurrido en Castilla y León»

–De contactar en principio en demanda de información, a pasar en días a ser portavoz de la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias de Castilla y León. ¿Qué le ha llevado a tomar esa decisión?

–Contacté con la plataforma porque creo que la situación que ha llevado a que en Castilla y León tengamos 2.586 personas fallecidas en residencias de la comunidad, 19.440 en toda España, lo que supone más de un 71% sobre el total de fallecidos por este virus, es claramente injusta. Desde el principio de la pandemia se supo que las personas mayores eran las más vulnerables a esta enfermedad y por eso se deberían haber extremado las medidas que garantizaran su cuidado y su bienestar, sobre todo en las residencias. Tomé la decisión de ser portavoz porque necesitamos como plataforma empezar a darnos a conocer para que se sumen todas aquellas personas que se hayan visto directamente afectadas en sus familias y todas las que, sin tener familiares directos que hayan sufrido o estén sufriendo estas circunstancias, estén convencidas de que ha habido decisiones y gestiones equivocadas que han determinado estos datos de mortalidad en residencias de mayores. No había pensado cuando contacté con la plataforma en adoptar ninguna responsabilidad, pero me lo propusieron y acepté porque lo importante es empezar a dar pasos que nos acerquen a nuestros objetivos.

–El abogado de la plataforma, José Luis Velasco, presentó su renuncia hace días por el «sesgo partidista» de la asociación, según dijo. ¿A qué se refería?

–Respetamos la decisión de José Luis Velasco, cuando yo contacté con la plataforma él ya había renunciado y no estuve en esas primeras reuniones, por lo que he sabido después hubo algunas diferencias de criterio. Sobre el «sesgo partidista», esta plataforma y futura asociación no está relacionada directamente con ningún partido político. Somos un grupo de personas que queremos respuestas y que vamos a trabajar para que se aclaren las responsabilidades de unas circunstancias muy concretas, cada uno de nosotros tendrá su propia sensibilidad política y social y cualquier persona que quiera sumarse a nuestra iniciativa será bien recibida, independientemente de sus simpatías políticas. Si bien es cierto que las dos comunidades en las que se ha sabido que había este tipo de instrucciones de no derivar a ancianos de residencias a los hospitales, Madrid y Castilla y León, las gobierna el PP, si este tipo de instrucciones hubieran salido de otras comunidades gobernadas por otro partido me parecería igual de mal.

–El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que lo que ha ocurrido en Madrid y en Castilla y León es «un auténtico escándalo, si no es un crimen». ¿Está de acuerdo con él?

–Estoy de acuerdo con las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, es un crimen lo que ha ocurrido en muchas residencias, se ha dejado morir a las personas sin darles la opción de recibir una asistencia sanitaria profesional y especializada. El modelo de gestión de residencias debe cambiar. La legislación debe ser mucho más exigente en cuanto a los recursos que ofrecen este tipo de centros. De nada nos sirve tener espacios muy bien acondicionados, jardines y hasta piscinas si los ratios de auxiliares, enfermeros y médicos no son suficientes para garantizar los cuidados de nuestros mayores, y más teniendo en cuenta el alto grado de dependencia de muchas personas que necesitan ayuda para todo. Este tipo de centros deben estar en permanente vigilancia por parte de las administraciones porque los que viven allí son nuestros mayores, las personas que nos lo han dado todo.

–¿Considera que en las residencias de mayores prima exclusivamente el beneficio económico y la atención y consideración a los mayores que son usuarios queda en un segundo plano?

–Creo que no es bueno generalizar en nada. Hay residencias muy bien gestionadas y muy bien atendidas. Las residencias públicas son en Castilla y León muy pocas e insuficientes para nuestra población, es casi imposible acceder a ellas. Las residencias privadas está claro que son un negocio y muchas de ellas pertenecen a grandes grupos empresariales que han diversificado su actividad hacia este sector por la gran oportunidad de negocio que representa en un país con una población tan envejecida como la nuestra y con tan pocos recursos asistenciales públicos. En mi opinión, los criterios legislativos para la apertura y mantenimiento de estos centros, así como su inspección, deberían ser mucho más exigentes, y si el beneficio económico es menor para las empresas que los gestionan, deberían entender que, como la educación, la atención a los mayores no es en sí misma un negocio, es un derecho.