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El fondo de reconstrucción de la economía post covid-19 propuesto por la Comisión Europea ha eclipsado la presentación del presupuesto europeo para el marco financiero 2021-2027. El sector agrario no ha dejado pasar por alto el recorte de alrededor del 9% que se anuncia para la Política Agrícola Común (PAC).
COAG ha sido la primera organización agraria en hacer las cuentas y lo que definen como un «hachazo» a las subvenciones comunitarias supone que a Castilla y León llegarán 677 millones de euros menos que con el actual presupuesto si no se producen cambios, ya que el proceso no ha hecho nada más que comenzar.
Recuerdan desde la organización que lidera Aurelio Pérez que en el anterior periodo, entre 2014 y 2019, llegaron a la comunidad 1.039 millones de euros de media al año y con el nuevo se prevé que la partida sea de 942,95 millones, 96,75 millones anuales menos.
De manera más detallada, la bajada que se quiere aplicar a las ayudas directas, las del primer pilar, es del 9,7%; y al segundo, el del desarrollo rural, del 6,3%, del promedio de ambas cifras sale el 9,1% de recorte.
Si se suman los datos de toda Europa, la merma será de 35.000 millones anuales, de los que 585 millones serían los ajustados a España.
Donaciano Dujo, presidente de Asaja, reconoce que el planteamiento inicial es «negativo aunque faltan muchos trámites por cumplir hasta que se apruebe».
Reclama que «como mínimo se mantenga el presupuesto anterior» dado que los requisitos normativos cada vez son más importantes y el presupuesto menor. «Somos un sector estratégico, producimos alimentos con dos compromisos: tener autoabastecido el consumo de 500 millones de europeos y seguir siendo una potencia de referencia mundial, sin tener que depender de terceros países que no ofrecen la misma calidad ni garantías».
El papel del Parlamento
Dujo apeló, además de a los gobiernos autonómicos y nacional, al Parlamento Europeo: «No puede admitir este presupuesto y debe mejorarlo para que las condiciones sean acordes a la realidad que tenemos».
Para UPA, la organización que lidera Aurelio González, esta propuesta «no encaja con la ambición de las instituciones europeas de apuntalar un sistema agroalimentario fuerte y sostenible» y se muestran esperanzados en que « esta primera propuesta deberá ser trabajada y modificada».
Por parte de UCCL, la propuesta financiera se considera «insuficiente para que el sector agrario europeo aborde sus objetivos de seguridad alimentaria y los de sostenibilidad acrecentados con la Estrategia ' De la granja a la mesa', sin poner en riesgo la rentabilidad de las explotaciones».
Frente a este recorte del capítulo agrícola, la partida para medio ambiente y clima (fuera de la PAC), «se multiplica por 14, gracias a la incorporación de un paquete de 40.000 millones de euros del Fondo de Transición Justa», algo que desde el sindicato que lidera Jesús Manuel González Palacín no se entiende pues reclaman una parte «significativa» de esos fondos para la PAC.
Esta política europea de ayudas supone un 30% de la renta de los agricultores y ganaderos «en un mercado en el que se dan continuas disfunciones en la cadena alimentaria, prevalecen ciertos problemas estructurales y que depende de muchas decisiones políticas». UCCL pone de manifiesto que la renta agraria cayó casi un 9 % el último año, «esto muestra la difícil situación por la que atraviesan muchas explotaciones y que se va a ver agravada por el impacto de la covid-19».
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