Más de 47.000 opositores aspiran en este momento a lograr una nómina fija en la Junta de Castilla y León

15.816 aspirarán el día 19 de junio a lograr una de las 1.401 plazas de profesor de instituto que oferta Educación. Luego hay otros 25.480 postulantes repartidos en casi 40 procesos de selección para otras tantas categorías laborales, con 967 plazas en liza. Desde biólogos o ayudantes de archivo, a químicos, ingenieros de hasta seis especialidades o asistentes y trabajadores sociales. La convocatoria más populosa de ese segundo contingente es la del cuerpo auxiliar, con 15.292 inscritos para 320 plazas.

Estos formarán parte de la plantilla de lo que se conoce como Administración General de la Junta –todos menos docentes y los sanitarios de Sacyl– y ese cómputo de 24.480 es provisionales, puesto que aún no se ha publicado la lista de admitidos en las oposiciones de psicólogos con destino a la Gerencia de Servicios Sociales, ingenieros técnicos forestales e ingenieros superiores de montes. Estos tres procesos aglutinan 48 plazas más.

La Junta tiene una oferta total, si se suman las 967 plazas con listado de opositores, las 48 en las que los inscritos están al caer y las de promoción interna, cerradas para el personal de la calle, de 1.641 puestos en el 'mercado' laboral. Hay convocados otros dos procesos para personal laboral paralizados. Uno prevé cubrir 374 plazas de auxiliares de enfermería y figura en «suspenso», en la web oficial de la Junta. Otro de ayudante de cocina, con 77 puestos, está varado desde diciembre de 2019. No hay ni listado de aspirantes.

A lo anterior se suman las plazas que convoca la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), que tiene en este momento 9.390 plazas en alguna fase de convocatoria. 4.450 están ya pendientes de la toma de posición, valoración de méritos o nombramientos. Para otras 2.122 de 48 categorías laborales (41 de ellas hospitalarias) se están celebrando ahora los exámenes, a los que concurren 5.691 aspirantes, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad. Los procesos para cubrir otras 2.815 plazas están pendientes y se activarán este año y el próximo.

La Consejería de la Presidencia ha reactivado los exámenes tras el parón de 2020 que generó la situación de pandemia, por el riesgo de contagio ante una actividad que implica desplazamientos y concentración de personas. Para reimpulsar las oposiciones autonómicas la Junta aprobó un protocolo covid. Establece espacios más amplios para garantizar distancias durante las pruebas; centros con circuitos de entrada, salida y ventilación; reparto de los aspirantes de los procesos más multitudinarios entre varias ciudades y la garantía para los opositores obligados a guardar cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo o contagiados en el momento del examen que se les dará una fecha alternativa.

En este caso, el tribunal confeccionará dos exámenes de forma simultánea y custodiará uno de ellos para cuando el aspirante se reponga de la covid-19 o supere la cuarentena. El personal de prevención de riesgos laborales revisa la distribución de las personas en el aula y está disponible el día del examen para atender las dudas que puedan tener los miembros del tribunal.

A los procesos en marcha se sumarán en los próximos meses algunos pendientes. En el caso del personal funcionario, plazas de veterinarios y farmacéuticos. Y en el ámbito del personal laboral está sin activar parte de la oferta pública de empleo de 2017 y 2018, algo que se quiere destaponar en los próximos tres meses para publicar las convocatorias antes de diciembre y evitar que 'caduquen' las plazas. Ese tapón asciende a 1.201 puestos.

«No podemos permitirnos perder ni una plaza. Es más, seguimos reclamando al Gobierno que se elimine la limitación de la tasa de reposición, porque eso nos permitiría cubrir vacantes», argumenta Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, que es el departamento sobre el que recae la gestión de los recursos humanos de la Junta.

Ibáñez destaca que su consejería está promoviendo acciones de formación de los miembros de los tribunales de oposición. Cursos principalmente prácticos, que eviten errores «que nunca son de mala fe, si no de falta de pericia de alguien que no había recibido la formación oportuna» y que obligaron a repetir pruebas o a rectificar listas de aprobados en procesos de la parte final de la legislatura pasada. «Buscamos que los miembros de los tribunales se sientan también respaldados y acompañados. Son una parte clave del proceso y a veces hay serias dificultades para cubrir esos puestos», remarca el consejero.

Ángel Ibáñez insiste en que la Administración autonómica está en un momento óptimo para «captar talento, a gente formada que pueda ver una oportunidad de futuro vinculada a la Función Pública». El consejero subraya que habrá flujo de plazas vacantes por la jubilaciones que se avecinan y recuerda la seguridad que ofrece desde el punto de vista laboral. Está convencido del valor al alza que puede tener el impulso de fórmulas que permiten conciliar como el teletrabajo, con una nueva regulación que está ultimando la Junta. Ibáñez apunta que departamentos «muy variopintos» de las consejerías van a abrir sus puertas a universitarios en prácticas. Algo que permitirá, a su juicio, que prueben las bondades del empleo público y se planteen opositar al terminar sus estudios.

La plantilla de la Junta necesita savia nueva. Entre los funcionarios y el personal laboral de la Administración General, que aglutina a unos 25.000 trabajadores repartidos en 185 tipologías de puestos de trabajo, se prevén 9.368 jubilaciones hasta el año 2028. A partir del 2023 causarán baja por este motivo más de mil trabajadores anuales. A estos hay que sumar los docentes y los sanitarios. Educación contabiliza 2.332 maestros y profesores que han superado los 60 años. El 8,43% de la plantilla de los centros públicos. A partir de esa edad tienen la opción de jubilarse si han cotizado 30 años a la Seguridad Social. En el caso de los sanitarios, Sacyl no facilita la previsión de jubilaciones de personal para los próximos años. El cálculo que ofrecieron en 2018 preveía la salida de 2.297 médicos de Primaria, Especializada y Emergencias hasta 2023.