3.750 presos están sin visitas ni permisos en Castilla y León para evitar contagios

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias publicó esta semana una recomendación para blindar las prisiones frente al coronavirus en la que planteaba esa suspensión de comunicaciones orales, los vis a vis, la suspensión de las salidas de permisos y las programadas y las suspensión y restricción de entradas de monitores y docentes al mínimo indispensable. Han sido los equipos directivos de cada centro los responsables de activar o no estas recomendaciones, valorando la situación epidemiológica, y los de Castilla y León las han aplicado, tras informar de la decisión al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Jesús Antonio Crego, secretario nacional del sindicato Acaip-UGT, valora positivamente que las direcciones de los centros hayan retomado unas medidas que fueron efectivas en marzo. «La entrada del virus en un centro penitenciario puede alterar la convivencia dentro, aumentar la conflictividad y generar una crisis de seguridad», explica el representante de Acaip-UGT. Las plantillas de funcionarios hacen frente a la exigencia de atención de la pandemia con una precariedad estructural, de puestos sin cubrir, a los que se suman los trabajadores contagiados o que deben guardar cuarentena. Topas, por ejemplo, tiene vacantes el 31% de las plazas de personal.

En el caso de las prisiones de la comunidad, el objetivo es intentar mantener el índice de contagios en los niveles de control con los que han sobrellevado la pandemia. Actualmente hay un brote localizado en La Moraleja, en Dueñas, con 33 internos positivos, de los que seis están hospitalizados. Ubicada en la provincia de Palencia, demarcación que encabeza la incidencia de contagios en España, es el centro penitenciario de la comunidad con mayor presencia de coronavirus, según los datos actualizados a finales de semana por Instituciones Penitenciarias.

A esos reclusos enfermos se suma otro más en Soria. El resto de las prisiones no acogen internos con infección activa por covid-19. En el caso de las plantillas, el balance oficial facilitado incluye 20 funcionarios positivos en Dueñas, 14 en Segovia, 13 en Topas, 10 en León, 5 en la prisión de Valladolid y 1 en Burgos y otro más en Soria. En total, 64 trabajadores positivos a los que hay que sumar los que estén en aislamiento por ser contacto estrecho de estos o de diagnosticados en su entorno familiar o social.

El coronavirus ha afectado a 1.522 reclusos en toda España desde el inicio de la pandemia, siendo 707, casi uno de cada dos, diagnósticos de los meses de enero y febrero. Y otros 730 son contagios de finales de junio a diciembre, a partir de la desescalada. Durante la primera ola, en las cárceles españolas solamente enfermaron de covid 85 internos, de los que dos fallecieron. El crecimiento de contagios en la última semana ha sido muy pronunciado. El jueves 28 de enero había 572 personas privadas de libertar con diagnóstivo positivos, la mayoría asintomáticas (502), que han ascendido ahora a 699 casos activos.

Jesús Antonio Crego explica que la desescalada de junio fue precipitada. En Castilla y León se declararon brotes en Mansilla de las Mulas y Dueñas. El primero sumó 160 contagios entre reclusos y trabajadores y, el segundo, 92. «Los internos entendieron en marzo que evitar que entren personas de fuera protege su salud», apunta el representante de los funcionarios de prisiones.

Crego reivindica que las plantillas de los centros penitenciarios sean contemplados como personal esencial en la campaña de vacunación, por el alto número de vacantes que hay que obliga a los que están a tapar las carencias de los empleados públicos que faltan y por la edad media de unos trabajadores que se sitúan en los 55 años.