Castilla y León

El 35,4% del parque automovilístico no dispone de etiqueta medioambiental

Por su parte, la etiqueta B (turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2000 y de enero de 2006 para los diésel), así como la etiqueta C (turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014), copan el 34,11% y el 27,61% del total de turismos castellanos y leoneses, respectivamente, con 462.412 y 374.161 vehículos en cada caso.

El menor porcentaje de penetración se encuentra en las tecnologías más eficientes y en los coches más jóvenes. Así, los vehículos con la etiqueta Cero (eléctricos e híbridos enchufables) representan solo el 0,36% del parque castellano y leonés, con 4.922, mientras que los etiqueta ECO (híbridos) alcanzan el 2,51%, con 34.096.

Por provincias, la mayor ratio de coches sin etiqueta medioambiental se encuentra en Zamora, con el 40,9% (42.479 vehículos, en términos absolutos), seguida por Ávila con el 29,3% (93.196), León con el 38,4% (102.911), Palencia con el 37,3% (35.559), Segovia con el 36,4% (34.125), Salamanca con el 36% (64.881), Soria con el 34,8% (17.944), Burgos con el 33% (65.080) y Valladolid, con el 29,5% (80.5196).

Por otra parte, Faconauto también ha analizado la evolución de la edad media del parque automovilístico de Castilla y León, el cual, y a lo largo del pasado año, se situó en los 15,7 años de antigüedad, claramente por encima de la media nacional, que está en los 13,9 años. La debilidad del mercado y la consecuente crisis de matriculaciones, arrastrada desde la pandemia por los problemas de stock y un contexto de consumo desfavorable, está ralentizando el cambio de vehículo tanto por particulares y familias como por flotas y empresas, de tal forma que la calidad de parque automovilístico está empeorando.

En un comunicado recogido por Ical, Faconauto considera que un replanteamiento de las medidas fiscales vinculadas a la movilidad de la ciudadanía sería un elemento dinamizador eficaz y con un impacto directo positivo en los objetivos de descarbonización. Al respecto, propone, entre otras medidas, la exención del IRPF de las ayudas públicas; avanzar, aun conociendo la normativa actual, hacia una deducción total del IVA de los vehículos electrificados o establecer, al menos, un porcentaje lo más amplio posible; o la deducción del Impuesto de Sociedades del 10% sobre las inversiones realizadas para la compra de vehículos industriales y comerciales.